STAFF / LIBRE EN EL SUR
La diputada Paula Soto Maldonado solicitó al titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, investigar y sancionar hechos que pudieran constituir responsabilidad administrativa por parte del alcalde Santiago Taboada y diversos servidores públicos de su administración.
La legisladora de Morena resaltó que en Benito Juárez se ha hecho común que los procesos de asignación de contratos se den bajo esquemas de dudosa legalidad, sin mecanismos transparentes, fomentando los compadrazgos y complicidades en grupo.
Soto Maldonado dijo que en la Alcaldía de Benito Juárez es evidente la opacidad en la que se aplican los recursos públicos, sobre las autorizaciones y permisos otorgados, contratación de proveedores, inversión en obra pública, asuntos y decisiones adoptadas con los comités de participación ciudadana, entre otros.
Resaltó que a través de diversas proposiciones aprobadas por el Pleno del Congreso, se le ha exhortado en al menos nueve ocasiones al alcalde de Benito Juárez para que realice diversas acciones en favor de las vecinas y vecinos de la demarcación.
“Es por ello que el día de ayer solicité a la Junta de Coordinación Política emita el acuerdo correspondiente para citar a comparecer ante este órgano representativo a Santiago Taboada Cortina”, puntualizó.
La diputada Paula Soto, durante la sesión. Foto: Especial
La diputada juarense detalló que los procesos de asignación de contratos se dan bajo esquemas de dudosa legalidad, citó como ejemplo el contrato de adjudicación directa con la empresa Fermetex, S.A. de C.V. de fecha 15 de noviembre de 2018, mediante el cual la se adquirió, a precio unitario de 171 mil 982 pesos, unos tótems publicitarios que fueron colocados en los límites de la alcaldía, ejerciendo un gasto total de 2 millones 579 mil 730 pesos.
Otro caso es el contrato número DGA/R-017-A03/2018 de fecha 15 de noviembre de 2018 por medio del cual la alcaldía adquirió, a finales del año pasado, una flotilla de vehículos, destinados a la operación de diversas áreas, derivado de la Licitación Pública número 30001017-002-2018 con la empresa Grupo Empresarial Jerome de México, S.A. de C.V.
En esta adquisición, fundamentó, todos los vehículos se pagaron con sobreprecios y en el caso de 20 motocicletas adquiridas, no se justifica el cambio de modelo de la marca Yamaha, señaladas en los anexos del contrato, por motos marca BMW.
“Por estos hechos es que pido la valiosa intervención de la Secretaría de la Contraloría de la ciudad de México, pero también no quiero dejar de hacer referencia a la nota periodística que emitió el diario El Financiero, en donde señala que Diego Vergara Ordoñez, Jefe de la Unidad Departamental de Verificación de Obras y Armando Ramírez Solórzano, Director de Verificaciones en la Alcaldía de Benito Juárez roban sellos de clausura de la demarcación Benito Juárez y se utilizan para extorsionar a los propietarios de establecimientos mercantiles y obras en construcción”.
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