En las últimas semanas las relaciones entre el Gobierno de AMLO y la Suprema Corte se han tensado luego de que los ministros invalidaron en abril una reforma que transfería al Ejército el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, lo que representó un duro revés para López Obrador.
SINEMBARGO
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tumbó la primer parte del llamado “Plan B” electoral, en este caso sobre propaganda gubernamental, impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena, con mayoría en ambas Cámaras del Congreso.
Los ministros votaron 9-2 a favor –los necesarios para poder frenar la reforma– del proyecto de sentencia, que difundieron la semana pasada algunos medios locales, donde se plantea la invalidación de la reforma de las leyes de Comunicación Social y Responsabilidades Administrativas que aprobó en diciembre la mayoría oficialista del Congreso como parte de un paquete de leyes.
Los ministros que votaron a favor del proyecto –con votos concurrentes en algunos casos– que tumba la primera parte del “Plan B” fueron: Ana Margarita Ríos Farjat. Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Arturo Zaldívar, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar Morales y la Ministra presidenta del pleno, Norma Piña Hernández.
En contra, votaron las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, ambas propuestas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Ministra presidenta Piña argumentó en favor del proyecto para tumbar el “Plan B”: “Esta situación de desconocimiento de lo que se votaría, al igual que el trámite urgente, son causas invalidantes del procedimiento legislativo, porque vulneran la equidad en la deliberación parlamentaria al grado tal que ni siquiera se cumple con las condiciones mínimas de una deliberación democrática, pues el trámite precipitado provoca que no se conozca el contenido de la iniciativa”.
“Todo lo anterior, a mi juicio, es contrario a la configuración representativa republicana y democrática que prevé nuestro texto constitucional. Reitero que existen condiciones suficientes para declarar la invalidez del proceso legislativo en cuestión y consecuentemente de las normas que derivaron del mismo”, subrayó.
El Ministro Arturo Zaldívar, expresidente de la Corte, también opinó en contra de la primera parte del Plan B, ya que, argumentó, no hubo ni igualdad ni libertad para que los diputados pudieran discutir y menos aprobar la reforma en el tiempo entre que fue publicada y que se votó. “La iniciativa presentada por Morena fue presentada y sometida a votación prácticamente el mismo día y hora de la sesión correspondiente”, dijo, “no hay constancia de la publicación previa, como marca la ley, y tampoco tenemos constancia de que los diputados y diputadas hayan conocido su contenido y poderse posicionar y discutirlo”.
“Este solo hecho es suficiente para considerar que existieron violaciones graves al procedimiento. Se privó a todos los diputados y todas las diputadas, pero principalmente a los que pertenecen a grupos minoritarios, de participar de un debate en condiciones de igualdad y libertad, no se puede discutir ni alegar sobre la propuesta legislativa que no se conoció con antelación adecuada, prácticamente es imposible que toda esta información fuera procesada, analizarla, tener posicionamiento”, explicó Zaldívar.
“Todo tenía que ver con la premura de los trámites, no se podían posicionar sobre el fondo sobre del fondo porque no lo conocía. Esto es suficiente para que yo vote por la invalidez de este decreto, aunque no comparto la totalidad de los argumentos”, dijo, al anunciar su voto concurrente.
Antes del inicio de la discusión a fondo del proyecto, los ministros rechazaron por unanimidad la solicitud de la Consejería Jurídica de Presidencia de impedir que el Ministro Alberto Pérez Dayán votara en este tema, argumentando falta de imparcialidad, algo fue rechazado por el pleno en su totalidad.
FRICCIONES ENTRE PODERES Y EL CAMINO LEGAL DEL “PLAN B”
A pocas horas de la sesión, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal había exhortado en un comunicado a los ministros a actuar con responsabilidad y afirmó que, de invalidarse parte de la reforma, estarían sustituyendo la facultad del Congreso de elaborar leyes y “violarían la división de poderes”, pronunciamiento que fue considerado por analistas como una acción de presión hacia la Corte.
En las últimas semanas las relaciones entre el Gobierno y la Suprema Corte se han tensado luego de que los ministros invalidaron en abril una reforma que transfería al Ejército el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, lo que representó un duro revés para López Obrador quien ha sustentado su política de seguridad en el uso de los militares para hacer frente a las poderosas organizaciones criminales que controlan vastas regiones del país.
Tras el rechazo de la reforma militar el gobernante criticó duramente a los ministros y anunció que en 2024, último año de su sexenio, promovería una nueva iniciativa de reforma para consumar el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
A fines del año pasado López Obrador promovió la reforma de seis leyes, conocida como el “Plan B”, luego de que no logró los votos suficientes en el Congreso para una reforma constitucional que implicaba cambios más profundos en materia electoral.
Dos de las seis leyes se aprobaron en diciembre y las cuatro restantes, que redujeron la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) y le restaron facultades de supervisión y sanción a los partidos, se aprobaron dos meses después y están pendientes de evaluación por parte de la Corte.
El INE y los partidos opositores presentaron acciones contra el paquete de leyes en la Suprema Corte alegando que los cambios violaron la constitución, mermaron la autonomía de la institución, desequilibraron el modelo de comunicación social y perjudicaron la equidad en la contienda electoral.
López Obrador ha negado que el paquete de reformas pueda poner en riesgo la realización de comicios en México, como aseguraron las autoridades electorales, y planteó que la iniciativa buscaba recortar el oneroso presupuesto del INE y terminar con sus privilegios.
El mandatario señaló al expresidente del INE, Lorenzo Córdova, que salió el mes pasado el cargo luego de nueve años de gestión, de actuar más como opositor al gobierno que como árbitro neutral de los comicios. Córdova fue reemplazado en abril por Guadalupe Taddei, quien fue electa por la Cámara de Diputados, de mayoría oficialista.
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