Después de que Jorge Romero Herrera fue señalado por la activista Rosi Orozco como ‘cómplice’ de la trata de personas en la demarcación juarense, la propia Delegación que encabeza reconoció –de manera oficial y por escrito— que no ha cerrado ningún lugar vinculado a ese ilícito. Vaya, ni siquiera ha iniciado procedimiento alguno, mientras la Procuraduría General de Justicia (PGJDF) ya realizó diversos operativos con detenidos.
A pesar de que Teresa Ulloa, directora de la Coalición Regional Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, confirmó desde el 29 de agosto que Benito Juárez se encuentra entre las cuatro delegaciones capitalinas con más casos concretos de trata, en el oficio DGJG/DJ/SJ/UDRJRSC/ 16263 /2013, firmado el 3 de octubre por Horacio Martínez Becerril, jefe de la Unidad Departamental de Registros de la DBJ, se asevera que “no se detectó procedimiento o antecedente alguno relacionado con establecimientos en los cuales se haya identificado trata de personas”.
La inacción de la autoridad delegacional resulta más escandalosa después de que hace más de ocho meses la PGJDF rescató a tres mujeres que eran obligadas a ejercer sexoservicio en una supuesta “casa de masajes” de la colonia Álamos, en la DBJ, y emprendió acción penal contra dos probables responsables de trata de personas. La misma dependencia llevó a cabo, apenas el jueves 24 pasado, un operativo “antitrata” en un supuesto spa de la colonia Insurgentes Mixcoac durante el cual fueron rescatadas 14 mujeres, tres de ellas venezolanas, que eran explotadas sexualmente.
En entrevista con Libre en el Sur, publicada el 8 de julio, la dirigente del movimiento Unidos contra la Trata, Rosi Orozco, acusó a Romero de ser “cómplice” de la trata en la demarcación que gobierna. La exdiputada federal por el PAN aludió al artículo 13 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas para sustentar su afirmación:
“Artículo 13. Será sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión y de un mil a 30 mil días multa, al que se beneficie de la explotación de una o más personas a través de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad sexual remunerada”. Orozco subrayó: “Este es precisamente el caso de los llamados table dance”. Y advirtió, además, que conforme al artículo 42 inciso X-(e) de la propia Ley, Romero Herrera podría hacerse acreedor a una mitad más de la pena estipulada, debido a que es funcionario público.
Rosi Orozco acusó al delegado panista de simulador. “Él me invitó a su campaña para respaldar el tema de la trata. Y delante de mí prometió varias veces que iba a acabar con la trata de personas en Benito Juárez. Jorge ha actuado justo al revés: al permitir el funcionamiento de esos giros negros, auspicia la trata. Cosa sumamente grave, porque eso impacta y afecta a toda la población, ya que la trata está ligada a la prostitución, a la drogadicción, al tráfico de drogas, a la delincuencia, al secuestro, a la extorsión. Romero debe saber que al permitir esa lacra en la demarcación a su cargo, es corresponsable de lo que le ocurra a las víctimas
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