Propone una amplia reforma constitucional en favor del oficio periodístico
Se compromete a impulsar desde el Congreso figura del ombudsperson para la defensa de los periodistas, así como llevar al fuero federal los delitos contra informadores.
Alerta candidato del PAN a la diputación federal de BJ que se ha estigmatizado a los periodistas desde la posición de más poder: la Presidencia. “Prensa alquilada”, “hampa del periodismo”, “chayoteros”, “prensa fifí”, “maiceados”, “mercenarios”, son algunos ejemplos del uso faccioso del poder por parte de López Obrador, recuerda.
STAFF / LIBRE EN EL SUR
México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. En lo que va del sexenio de López Obrador, han sido asesinados cuarenta y cuatro periodistas por motivos relacionados con su actividad profesional, de los cuales ocho estaban inscritos en el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas; así que la reacción gubernamental ha sido claramente ineficaz, pues las acciones implementadas no han frenado la violencia contra el gremio, que es originada tanto por el crimen organizado, como por funcionarios corruptos cuya impunidad sienten amenazada por los trabajos de investigación periodística.
Pero además, en este sexenio, el acoso, la estigmatización, la descalificación en contra de los periodistas que critican al poder, ha iniciado desde la posición más poderosa en el sistema político mexicano, el presidente de la República. En efecto, utilizando la máxima investidura del Poder Ejecutivo, en cientos –quizá miles– de ocasiones, desde su conferencia mañanera, ha llenado de adjetivos a muchos periodistas que se atreven a cuestionar al gobierno: “prensa alquilada”, “hampa del periodismo”, “chayoteros”, “prensa fifí”, “maiceados”, “mercenarios”, son solo algunos ejemplos del uso faccioso del poder, por parte de López Obrador, en contra de periodistas que se atreven a cuestionar a su gobierno. Infortunadamente, a estos periodistas nunca se le otorgará derecho de réplica para aclarar las acusaciones presidenciales, porque las mañaneras del presidente no son diálogos con los comunicadores, sino monólogos.
Es el diagnóstico del panista Federico Döring Casar, sobre la situación del trabajo periodístico en México y la consiguiente libertad de prensa. Ante ello, el candidato a la diputación federal por el distrito 15 de la alcaldía Benito Juárez se ha comprometido a proponer en el siguiente Congreso la creación de la figura de ombudsperson para la defensa de las y los periodistas y de la labor periodística.
La propuesta consiste en reformar el artículo 7º. Constitucional –el relativo a la libertad de expresión– para que en éste se reconozca la libertad y los derechos de los periodistas, y se sancione toda forma de agresión, hostilización, intimidación o violencia, directa o indirecta, que se ejerza sobre su persona, patrimonio o actividad.
Para tal efecto, se crearía un organismo dotado de autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyas principales funciones serían:
- Conocer de las denuncias interpuestas por ciudadanos y realizar investigaciones ante posibles violaciones a los derechos y libertades de los periodistas;
- emitir medidas cautelares de naturaleza administrativa;
- garantizar los derechos laborales o contractuales de las personas que de dediquen al ejercicio del periodismo;
- solicitar a la Fiscalía General de la Republica que ejerza la facultad de atracción para conocer de delitos contra periodistas;
- elaborar y mantener actualizado un padrón de personas violentadoras de los derechos y libertades de los periodistas.
Las resoluciones que emitiría el organismo serían vinculantes. Además, su titular sería electo por el Senado, en votación calificada de dos terceras partes de los miembros presentes, de entre una terna enviada por el Presidente, previa convocatoria ciudadana para la presentación de propuestas. La duración del cargo sería de cinco años.
El titular de este nuevo organismo tendría que ser una persona apartidista, y contar con experiencia de al menos diez años en actividades relacionadas con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión o de protección de los derechos humanos. El organismo contaría con un Consejo Ciudadano cuyos integrantes serían electos por la otra cámara, la de Diputados.
La iniciativa también propondría la suspensión de derechos político–electorales de todas aquellas personas violentadoras de los derechos y libertades de la función periodística, como ya lo establece la Constitución respecto de los deudores alimentarios morosos. Sin duda, sería ésta una acción eficaz para evitar que los políticos, en el ejercicio de un cargo público, violenten a periodistas sin que sean sancionados por sus agresiones. Creemos que sería una medida eficaz, pues ningún político estaría dispuesto a sacrificar una candidatura, o incluso su carrera política, por la agresión de un periodista.
“La libertad en el ejercicio de la función periodística, es un buen indicador de la calidad de la democracia en una nación”, dice Döring. “Hoy México está muy lejos de poder presumir que un periodista pueda criticar al crimen organizado, o al grupo en el poder, sin que se sienta amenazado. Esta iniciativa pretende contribuir a mejorar las condiciones de los periodistas para que puedan ejercer libremente su importante labor”.
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