Agresión contra Alessandra Rojo de la Vega: cuando el ambulantaje se convierte en poder de choque
San Cosme: del operativo al cerco
Lesiones, denuncia penal y la red de poder detrás
STAFF / LIBRE EN EL SUR
No fue un malentendido. No fue un intercambio de gritos. No fue un roce accidental.
El 13 de febrero de 2026, durante un operativo de reordenamiento del comercio en vía pública en Ribera de San Cosme, la alcaldesa de la Alcaldía Cuauhtémoc fue rodeada, empujada y golpeada. Hay videos. Hay lesiones visibles. Hay denuncia formal ante la Fiscalía. Y hay acusaciones políticas directas.
La alcaldía sostiene que el operativo tenía como objetivo retirar puestos semifijos instalados sin autorización. Según su versión, en ese punto el número de comerciantes había pasado de cinco a más de veinte, sin que se acreditaran permisos vigentes. La administración afirma que su equipo acudió a verificar documentación y abrir diálogo, y que incluso esperó más de una hora la llegada de autoridades del Gobierno central para concertación.
Lo que ocurrió después, según la denuncia pública, fue la irrupción de un grupo numeroso de personas que comenzó a increpar y posteriormente a agredir físicamente al personal.
Los videos difundidos muestran empujones, jaloneos, funcionarios cayendo al suelo. La propia alcaldesa declaró que fue derribada de la motocicleta en la que se trasladaba durante la supervisión. Horas después exhibió raspones y golpes en rostro, hombros, brazos y espalda. Integrantes de su equipo también reportaron contusiones.
No es una interpretación. Son hechos que constan en material audiovisual y en una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para certificación médica y deslinde de responsabilidades.
Pero la dimensión del episodio no termina en las lesiones.
Rojo de la Vega responsabilizó públicamente a personas vinculadas con la diputada local Diana Sánchez Barrios, histórica representante de organizaciones de comerciantes, de haber movilizado gente para confrontar el operativo. La legisladora negó tajantemente las acusaciones y, en sentido contrario, sostuvo que la alcaldesa actuó con prepotencia y sin respetar acuerdos previos.
Las versiones están encontradas. Lo que no está en disputa es que hubo agresiones físicas contra una autoridad en funciones.
Y ahí radica el núcleo de la denuncia.
El comercio informal en el centro de la capital no es un fenómeno espontáneo. Es estructura organizada. Tiene liderazgos, control territorial, capacidad de movilización inmediata. Durante años, distintos gobiernos toleraron su expansión bajo esquemas de negociación política. Esa permisividad generó derechos de facto. Y cuando alguien intenta modificar el equilibrio, la respuesta puede ser territorial.
Lo ocurrido en San Cosme revela un patrón preocupante: la conversión del ambulantaje en instrumento de presión física. Cuando más de un centenar de personas —según la denuncia de la alcaldesa— rodean a una comitiva oficial y la confrontación escala a golpes, la línea entre protesta legítima y poder de choque se rompe.
El derecho a manifestarse es incuestionable. La agresión no lo es.
También es legítimo preguntar si el operativo estuvo debidamente planeado, si contó con protocolos de seguridad suficientes, si hubo coordinación efectiva con el Gobierno central. Una política pública mal ejecutada puede detonar conflicto. Pero nada justifica la violencia como mecanismo de negociación.
Si los permisos eran válidos, debe probarse.
Si existían acuerdos incumplidos, deben transparentarse.
Si hubo abuso de autoridad, debe investigarse.
Pero si grupos organizados respondieron con agresiones para impedir la aplicación de una medida administrativa, el mensaje es aún más grave: el espacio público como territorio blindado por intimidación.
La Ciudad de México no puede normalizar que una alcaldesa termine con lesiones visibles tras ejercer su función. Tampoco puede permitir que el comercio informal opere como veto físico a decisiones institucionales.
San Cosme no es una anécdota viral. Es un síntoma de fragilidad en la gobernabilidad.
Y cuando la presión sustituye al diálogo y los golpes sustituyen a los argumentos, la ciudad retrocede.
