No es por nada, pero crispa que de repente se manifieste tanto dolor por la palmera muerta cuando en tres años de gestión morenista poco parece haberse hecho por el medio ambiente, incluida la salvaguarda de las 500 palmeras que serán derribadas.
Mientras estábamos concentrados en la defensa de nuestros seres queridos ante la amenaza letal de la pandemia, el Congreso local aprobó el 29 de octubre del 2020, vía remota, la abrogación instruida desde el despacho de Claudia Sheinbaum Pardo de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico, que protegía determinadas especies arbóreas consideradas parte del patrimonio de los capitalinos. Entre dichas especies se encontraban el ahuehuete, el fresno, el cedro, el sauce y el ahuejote.
Aquel día, en que los fallecimientos oficiales a causa del coronavirus ascendían ya a 90,773, sin considerar el exceso de mortalidad, los diputados locales aprobaron otra ley, más bien procedimental sobre declaratorias de patrimonio cultural y ambiental, sin precisar qué lo integra, de no ser por la afortunada enunciación por su nombre de jardines, parques, panteones, plazas y otros “espacios abiertos monumentales” de la vieja legislación.
En la “consulta” abierta por el gobierno capitalino a la ciudadanía para que determine qué tipo de árbol habrá de sustituir a La Palma de Reforma, retirada la madrugada de este lunes 25, se incluyeron tres de aquellas especies (fresno, cedro y ahuehuete), otrora reconocidas como “monumentos urbanísticos” de la ciudad en la ley abrogada.
No se entiende. Porque cuando Claudia Sheinbaum fue secretaria de Medio Ambiente durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, avaló el derribo de unos ocho centenares de árboles para construir la primera línea del Metrobús sobre la Avenida de los Insurgentes, entre los que había decenas de fresnos, supuestamente protegidos, que formaban un “túnel” natural integrado a la historia de la propia avenida.
En su momento, nuestro periódico Libre en el Sur, que ahora está por cumplir 19 años, documentó profusamente tales derribos. Como también consignó las protestas de vecinos de la entonces delegación Benito Juárez contra el Distribuidor de San Antonio y el consiguiente incentivo al uso del automóvil, una obra elocuentemente defendida por la hoy Jefa de Gobierno, que obtuvo el grado de doctor en Ingeniería Ambiental en 1995.
Y no es por nada, pero crispa que de repente se manifieste tanto dolor por la palmera muerta cuando en tres años de gestión morenista poco parece haberse hecho por el medio ambiente, incluida la salvaguarda de las 500 palmeras que serán derribadas. De acuerdo con el propio gobierno que hoy encabeza quien desde la Secretaría de Medio Ambiente apoyaba el retiro de árboles y la construcción de obras viales hace más de 20 años, el 30% de los árboles y palmeras de la ciudad tienen plagas u hongos.
La verdad es que la dichosa Ley de Salvaguarda era letra muerta. Obligaba a que un “Consejo de Salvaguarda” –integrado por expertos ambientalistas y en bienes culturales, miembros de Antropología y de Bellas Artes y también por representantes de la sociedad civil— sesionara para aprobar cualquier remoción de algún patrimonio, fuese por obra pública o privada, cuando no se tratara de que ponía en riesgo la vida humana. Pero ese Consejo nunca se instaló. Y tal parece que los legisladores prefieren sustituir la letra muerta por ambigüedades que no obliguen a las autoridades a defender el patrimonio de los capitalinos. Y sí que quede a contentillo de ellas la distorsión histórica a base de una supuesta democracia participativa.
Si en la votación que se realiza en una plataforma electrónica sin confiabilidad, donde un individuo puede votar más de una vez si usa dos o más dispositivos, resulta que gana la colocación de un ahuehuete, especie que lleva la delantera, el nombre que la tradición oral acostumbró a lo largo de un siglo será reemplazado por el decretazo por capricho: La Glorieta del Ahuehuete.
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