Con la vela a contracorriente y los ánimos a fragor se cumplió el octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sin una respuesta a los padres sobre su causa.
POR NANCY CASTRO.
Qué banal suena la palabra Justicia cuando lo que menos se busca es ponerla en práctica.
Se ha usado el sistema penal para encubrir tantos crímenes.
Los clamores de la última semana de septiembre han sido en pos de una aspiración de la cual hace mucho tiempo no tenemos noticia, “¡Justicia!”.
“A qué le tiras cuando sueñas mexicano” cantó Chava Flores. Pareciera que nuestro derecho a la Justicia es un sueño inalcanzable y guajiro. Un país que no logra salir de este bucle dantesco, en el que el viejo régimen sigue perpetuando un estado vitalicio a la impunidad.
Los sucesos de los últimos días han ocurrido a buen ritmo, empezando con la cancelación de por lo menos 21 órdenes de aprehensión entre ellas 16 militares. Hay obstrucciones que desde la Fiscalía se están dando.
Simultáneamente se filtra parte del informe sin testar en donde se muestra el hilo de conversaciones entre los grupos delincuenciales. En realidad las partes sustanciales ya eran públicas, la periodista que lo publica hace creer que lo que está revelando es nuevo o exclusivo con la liviandad de un tuit, insinuando que la Comisión de la Verdad había ocultado información cuando no es así, esa información está en el proceso de judicialización. Pretenciosamente la periodista da a entender que esta información era nueva, inédita.
Los clamores de la última semana de septiembre han sido en pos de una aspiración de la cual hace mucho tiempo no tenemos noticia, “Justicia”…
Y al mismo tiempo que se estaban generando todos estos mecanismos de desinformación, propaganda y boicot en contra de la Comisión de la Verdad, la Secretaría de Defensa Nacional abre las puertas de la cárcel del Campo Militar 1.
Ojalá así de rápido hubieran abierto las puertas del 27 batallón de infantería a los padres cuando querían buscar a sus hijos, pero ya se sabe a quién estaban encubriendo; mientras esto ocurría, el periodista incondicional y propagandista de la ‘verdad histórica’ Jorge Fernández entrevista a Jose Hernández el ex comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala, preso en la cárcel del campo militar 1, lo entrevista como si no estuviese preso. Según el subsecretario Alejandro Encinas, José Hernández habría dado, entre otras órdenes, la de asesinar y desaparecer a seis estudiantes de Ayotzinapa que se mantenían con vida en una bodega, cuatro días después del ataque contra los normalistas.
“La institución me está apoyando”, explica el ex comandante. ¡Es cierto!La SEDENA salió con todo a protegerlo. No sólo permitió la entrada de un periodista al Campo Militar 1 para que lo entrevistara a modo, induciendo sus respuestas, sino que, además, junto a la defensoría pública militar, incorporó a su defensa pro bono, a los abogados Alejandro Robledo y César González Hernández, recién salidos de sonoros pleitos legales con el fiscal Alejandro Gertz Manero.
Con la vela a contracorriente y los ánimos a fragor se cumplió el octavo aniversario de la desaparición de los 43, como si no fueran suficiente los acontecimientos de los últimos tiempos, el martes 27 de septiembre se dio a conocer la dimisión del fiscal Omar Gómez Trejo a la Unidad Especializada para Investigar y Litigar el Caso Ayotzinapa presentó su renuncia el pasado 15 de septiembre para ser efectiva el próximo 1 de octubre , aún en funciones, dirigió un oficio al juez Segundo de Distrito, Enrique Beltrán Santes, en el que le reprocha no haberle notificado de la solicitud que le formuló el agente del Ministerio Público adscrito a su juzgado en la FGR para cancelar 21 de 83 órdenes de aprehensión que ya estaban liberadas desde el 19 de agosto.
El papel del Fiscal Gertz Manero está siendo medular en la batalla que se está viviendo entre el poder militar frente a un poder civil representado por Alejandro Encinas. Pero qué se esperaba ante la decisión de la 4T de reciclar personajes del “antiguo régimen” como Alejandro Gertz Manero, gente que viene desde el aparato del PRI, Gertz Manero tiene un oscuro pasado desde que se integra a la entonces Procuraduría General de la Justicia, sus mecanismos de justicia se asocian con la tortura, posibles ejecuciones extrajudiciales, tiene implicaciones en la operación cóndor del 1975 al 1976.
A pesar de que en algunos sexenios ha estado fuera de la administración ha ido acumulando mucho poder, en la actualidad es un emblema de impunidad, tráfico de influencias, maneja la Fiscalía como un medio de venganzas personales. Un fiscal como Gertz Manero en este entramado con agentes del pasado en un tema como la Comisión de la Verdad por el caso Ayotzinapa y La Comisión de la Verdad por crímenes del pasado, es alguien que de ninguna manera va a garantizar el acceso a la justicia. No va a meter a la cárcel a elementos con los que en administraciones anteriores ha replicado los métodos de terror, él es de la misma élite. Información que no se ha dado conocer pero que nos podemos dar una idea por lo poco que emerge a la superficie.
Entonces, cómo llevar el curso de una investigación fundada en una Comisión de la Verdad en un momento donde se está discutiendo la militarización de la Defensa Nacional, cuando los propios militares estuvieron infiltrados en Ayotzinapa y cuando no es clara la transición que se debiese dar en términos de democracia.
La tragedia mexicana es que no transitamos hacia un nuevo régimen democrático, sino a uno de autoritarismo regido por el narco Estado.
Las comisiones de la Verdad han zanjado en América Latina una transición a la democracia después de periodos de dictadura y conflicto armado, actores de la sociedad civil se ponen de acuerdo para hacer una revisión del pasado represivo, la cual consiste en establecer una agenda de memoria, verdad y justicia, puntualizando las garantías de no repetición de crímenes de lesa humanidad. El caso más exitoso del retorno a la democracia fue el de Argentina en los 80, donde sí se procesó a los militares.
México es el último país que establece Comisiones de la Verdad y empezamos mal, con un panorama oscuro. Es claro que quien mueve los hilos obstruye el camino hacia estos decretos. En este escenario SEDENA protege al Ejército mientras la Fiscalía boicotea los procesos. Si se le hubiese puesto atención a las represiones sociales sin dejarlas de lado como un tema marginal, si se hubiera procesado en su tiempo a los militares si se les hubiera puesto límites… pero el hubiera no existe y hoy estamos ante un ejército poderoso y a pesar de que AMLO les da ese grado de importancia e inmunidad pareciera que no es suficiente, Ayotzinapa es el claro ejemplo de los efectos de un estado militar, un ejército que sirve a intereses del crimen organizado.
Cesar Pineda catedrático de la UNAM dice: “El Estado autoritario mexicano se desdobló como Estado criminal. Ayotzinapa muestra cómo el país se nos fue de las manos, conducido por una oligarquía partidaria neoliberal cuya narrativa formalmente democrática creó la ilusión en muchos del advenimiento de un sistema político renovado, cuando en realidad lo que sucedía era su total descomposición. Régimen, sin embargo, que promovía la acumulación y poder del gran capital trasnacional y nacional durante el día y favorecía el enriquecimiento del capital criminal durante las noches. La ficción liberal de que la democracia electoral era el más prometedor signo de un cambio de régimen, ocultó todas las señales del lento y progresivo proceso de putrefacción del sistema político en su conjunto”.
Mientras un ejército que ha cometido tantas violaciones a los derechos humanos durante décadas siga sin ser procesado, sin ser llevado a juicio, siga con toda la impunidad sin rendir cuentas, no sabremos qué significa la justicia.
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