Si la mandataria busca en verdad la pacificación del país, las condiciones para avanzar en esa dirección son favorables en esta coyuntura.
POR GUILLERMO FABELA QUIÑONES
Luego de la contundente victoria contra el cártel más peligroso del mundo, suponer que con la muerte de su líder se ganó la guerra contra un enemigo aún con vida, sería un error costosísimo. La presidenta Sheinbaum hizo una afirmación contundente que se presta a bajar la guardia, conforme a la necesidad imperiosa de la ciudadanía de vivir con serenidad, sin temores ni sobresaltos, tal como ha sucedido hasta ahora. Dijo: “El pueblo de México debe sentirse muy orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas y del Gabinete de Seguridad que tenemos. Pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país”.
A su vez, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, después de informar sobre los pormenores del operativo que culminó con la muerte del capo más buscado del mundo, se preguntó: “¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano, de eso no hay duda”. En efecto, la fortaleza del Estado mexicano es indudable, incluso después de seis años de políticas públicas tendientes a erosionarlo, de lo que abundan evidencias.
Es oportuno señalar, para poner las cosas en su justa dimensión, que esto es consecuencia de todo lo positivo que hizo el sistema político durante seis décadas, a fin de asegurar la estabilidad social y económica de la nación, con altibajos comprensibles por esa misma necesidad imperiosa. La fortaleza del Estado estaba por encima de intereses partidistas, de grupos oligárquicos y de influencias doctrinarias adversas a los fundamentos de la Revolución Mexicana. Las políticas básicas del Estado eran inatacables, se heredaban de una administración a otra. Sin embargo, esto quedó atrás a partir del año 2019, cuando asume el mando de las instituciones un dirigente que prometió transformaciones progresistas, pero sin voluntad de llevarlas a cabo.
La principal de dichas promesas fue la democratización del sistema, ahora totalmente olvidada al evidenciarse el usufructo del poder en manos del Ejecutivo. Durante su mandato, la lucha contra el principal flagelo, el narcotráfico, se recrudeció a extremos inadmisibles, cuyo efecto agravó la descomposición del tejido social a niveles jamás vistos. La impunidad se volvió no sólo estrategia en la guerra contra los cárteles, sino una política de Estado que los capos aprovecharon ampliamente para apuntalar su poder económico y traducirlo en poder político.
La fortaleza del Estado mexicano quedó en entredicho en la práctica, no porque no la tuviera, sino por su absoluta falta de voluntad para demostrarla. La famosa frase paradigmática sexenal, “abrazos, no balazos”, pasará a la historia como la manifestación del incumplimiento gubernamental de garantizar la seguridad del pueblo de México. De ahí el beneplácito de la sociedad en su conjunto por el exitoso operativo que acabó con la vida del principal capo del país. Fue costosa, sin duda, pero mucho más costosos fueron los años de impunidad que favorecieron el crecimiento exponencial del narcotráfico con sus trágicas consecuencias, que también repercutieron en la nación vecina del Norte, el principal mercado de estupefacientes.
Este factor fue el que cambió radicalmente las prioridades en la relación bilateral con Estados Unidos. Y Desde luego el hecho de que llegó a la Casa Blanca un mandatario decidido a acabar con la demagogia que sus antecesores aceptaban, pues les significaba dividendos políticos importantes; el principal, mantenerse en el poder con el voto de los consumidores, en ascenso año tras año. Para Trump, tal circunstancia no cuenta, pues sus conceptos básicos de la vida son los de un empresario, que opera conforme a datos contables de costo-beneficio, para sus empresas o negocios. De ahí sus crecientes enemistades en su propio partido, quienes lo ven en esta dimensión, la cual, se quiera o no, lo podría llevar a una derrota irreparable para el Partido Republicano en las elecciones de noviembre.
Ni qué decir tiene que la decisión de Trump es la que influyó para que el gobierno pasara a la ofensiva en la lucha contra el principal cártel del mundo, que alcanzó tal posición gracias a la impunidad decretada por López Obrador. El aspecto de la soberanía nacional es un asunto intrascendente dentro del marco de la hegemonía sobre el Estado que llegó tener la economía ligada al narcotráfico, incuantificable pero de un rango que requiere de rigurosos estudios para conocer a fondo sus alcances en el PIB de un país, más aún en una economía como la mexicana, con décadas de haber sido infiltrada por los cárteles, aunque bajo control del gobierno en turno, hasta que López Obrador alcanzó la Presidencia.
De ahí que sea improcedente bajar la guardia, al suponer equivocadamente, que el cártel de las cuatro letras (CJNG, no se piense en otro) se va a quedar con los brazos cruzados, que muerto su fundador no estaría listo su sucesor. De hecho, puede afirmarse que la guerra apenas comienza; así lo registran antecedentes similares, aunque no con el dramatismo del operativo en el municipio de Tapalpa, Jalisco. Son muchos y de grandes dimensiones los intereses afectados con la muerte de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”; tantos que es impensable puedan ser anulados en corto plazo. Mucho menos si se actúa con la convicción de haber logrado una victoria definitiva.
El principal interés afectado, objetivamente, es el del grupo obradorista que se benefició durante el sexenio con su protección al cártel. Sin tener un plan para reducir su influencia y su peso específico, obviamente será muy difícil tener avances en la ofensiva contra sus remanentes; aunque por una táctica también esperada, se mantengan en bajo perfil, probablemente hasta que pase el campeonato mundial de futbol en junio. De aquí a entonces, lo sensato es mantener una táctica razonable después de una batalla que llevó meses de preparación. Esto lo tiene muy claro el gobierno estadunidense, el cual sin duda se mantendrá alerta para que su contraparte en México no pierda el rumbo a seguir.
En este contexto, será inevitable que los aliados del cártel dentro del gobierno hagan uso de la demagogia sobre la pérdida de soberanía nacional. Pero cabe preguntar: ¿acaso tiene soberanía un país que es controlado por el crimen organizado, por muy guadalupano que sea? Es preciso insistir que la soberanía, en un mundo globalizado, se gana con el fortalecimiento de la gobernabilidad interna, la cual a su vez se logra con un firme desarrollo social que se alimenta con crecimiento real que redunde en verdadero bienestar para las clases mayoritarias, sin necesidad de demagogia sino con avances significativos en el nivel de vida.
Todo esto no existe en México en el marco de una entelequia llamada Cuarta Transformación, cuyos resultados, luego de siete años, son la demostración plena de que, así como vamos, lo único por lograr es un retroceso lastimoso que sólo podrá parar la sociedad, pero en condiciones adversas movidas por la desesperación, la hambruna, el miedo a morir absurdamente. De ahí el imperativo de que la presidenta Sheinbaum se decida a ejercer sus responsabilidades constitucionales sin contemplación alguna, no sólo como la primera mujer que llega a la Presidencia de la República, sino como la que cumplió su mandato para poner los cimientos de un país capaz de enfrentar los retos del cambio de paradigmas del siglo XXI.
Dos días después del descabezamiento del cártel más peligroso del mundo, la presidenta Sheinbaum afirmó: “Nuestra búsqueda es la paz, no es la guerra; esa es la principal diferencia”. Cabría puntualizar que, para encontrar la paz anhelada por la sociedad mexicana, se deben dar pasos congruentes que permitan condiciones que la garanticen. Hasta el momento no se advierten; buen ejemplo de ello es la terquedad en seguir rutas trazadas por López Obrador, como la reforma electoral que culminaría la estrategia golpista para instaurar un régimen autoritario, la antesala de la dictadura.
En este contexto, la mandataria sólo tiene dos opciones: decidirse a sentar las bases para ejercer el poder sin la sombra de su mentor político; o continuar bajo su férula, con las consecuencias funestas durante el resto de su mandato, cuyo final sería muy diferente al escenario al que llegó al relevar al tabasqueño, con la esperanza del pueblo en que cumpliría los objetivos aún pendientes del proyecto obradorista, el inefable segundo piso de la Cuarta Transformación.
Si la mandataria busca en verdad la pacificación del país, las condiciones para avanzar en esa dirección son favorables en esta coyuntura. El obradorato como grupo político está perdiendo fuerza en los terrenos donde más la ha tenido, gracias a su audacia, carisma y falta de escúpulos. La cúpula oligárquica ya no confía en él, al perder su fuerza y quedar en evidencia su verdadero objetivo: instaurar un régimen dictatorial, en el que los empresarios estarían obligados a aceptar los dictados del “Jefe Máximo”. En el plano externo las perspectivas son aún mejores, por la confianza que se ha ganado con su actitud seria, respetuosa, firme ante el enemigo principal del pueblo: el crimen organizado. Lo que aún queda por hacer, como extirpar el cáncer de la impunidad, vendría por añadidura.
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