El juicio de amparo protege a las personas de los abusos de poder y, a través de las sentencias amplía el cumplimiento de los derechos a la salud, acceso a la informaciòn pública, al medio ambiente, las infancias…
POR ITZEL GARCÍA MUÑOZ
“No hay que perder de vista que en muchísimas ocasiones lo que ha salvado a las personas de despojos, de expropiaciones, de no tener medicamentos, de no tener insumos en salud, de no tener educación, ha sido precisamente el amparo” .
Ministro Josè Ramón Cossío Dìaz.
A partir de los resultados electorales del pasado 2 de junio, la reforma al Poder Judicial Federal ha estado en el centro del debate. Sin embargo, la mayoría de la población carece de información acerca de las facultades que tiene y la importancia que juega en la salvaguarda de nuestros derechos y libertades.
El Poder Judicial de la Federación, integrado principalmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de distrito protegen nuestros derechos humanos a través del juicio de amparo, que es una gran aportación de nuestro país al mundo.
El juicio de amparo fue creado en 1841 por el jurista Manuel Crescencio Rejón con el objetivo de proteger a las y los gobernados de los actos de autoridad que transgredieran las llamadas garantías individuales. Hoy en día, el juicio de amparo es un procedimiento judicial de carácter extraordinario que tiene como finalidad principal que se cumpla la Constitución, en particular, que se respete el catálogo de derechos humanos reconocidos en nuestro favor en los primeros 29 artículos; así como aquellos derechos consignados en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que han sido firmados y ratificados por el Estado Mexicano.
El juicio de amparo, regulado en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal ha sufrido grandes reformas, y uno de los cambios más importantes se dio con la expedición de una nueva Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.
Todos los días infinidad de autoridades violentan nuestros derechos humanos: policías, agentes del ministerio público, jueces y juezas que pertenecen a la justicia local, autoridades administrativas y fiscales, etc. A manera de ejemplo, por medio del juicio de amparo se reparan violaciones tan graves como la privación ilegal de la libertad que se presenta como resultado de la aplicación de la prisión preventiva oficiosa. También, a través del juicio de amparo han quedado sin efectos múltiples actuaciones de los ministerios públicos que por ineficiencia o por corrupción, realizan mal la investigación y clasificación de los delitos lo que puede acarrear que una persona inocente pase años en una cárcel, sin proceso penal alguno.
El juicio de amparo protege a las personas de los abusos de poder y, a través de las sentencias que emiten las y los ministros, las y los magistrados de circuito y las y los jueces de distrito, se ha ampliado la protección de nuestros derechos humanos como el derecho a la salud, el derecho de acceso a la informaciòn pública, el derecho al medio ambiente, el interés superior de las infancias, el derecho a la paternidad de las y los menores y un largo etc.
El juicio de amparo es a la vez un derecho y una garantía para la protección de nuestros derechos que ha permitido, en innumerables casos, reconstruir el tejido social deteriorado por los abusos de poder y las desigualdades. Al ser un procedimiento en contra de actos de autoridades, es importante que los jueces de amparo sean independientes y que cuenten con la capacidad técnica para emitir sus resoluciones ya que el juicio de amparo requiere de un amplio conocimiento del sistema jurídico mexicano y del sistema internacional de protección de los derechos humanos.
Por otra parte, no puedo dejar de mencionar la propuesta de reforma judicial del Presidente López Obrador que tiene como punto central la designaciòn a través del voto popular de los principales operadores de la justicia federal como si las elecciones hicieran imposible que los servidores públicos electos, esto es presidentes, gobernadores, presidentes municipales, integrantes de los ayuntamientos y legisladores fueran impolutos e incapaces de cometer actos de corrupción, ejemplos sobran. En cambio, la reforma aludida sí pone en riesgo las garantías judiciales de independencia e inamovilidad de los jueces que son fundamentales para que la justicia se imparta de manera imparcial.
El sistema de justicia en México requiere de una reforma integral que resuelva los problemas estructurales de la justicia ordinaria; y de la justicia federal que abarca a los jueces de amparo. Además, dicha reforma debe atajar los problemas normativos modificando los códigos y las leyes que regulan procedimientos judiciales a fin de eliminar los formalismos excesivos y limitar las instancias impugnativas para que los juicios no se alarguen de manera innecesaria. Ambas cuestiones fundamentales para que tengamos acceso a una justicia pronta, profesional e imparcial no son resueltas en la reforma que propone el Poder Ejecutivo y que forma parte del llamado plan C.
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