Quienes se dedican a trabajos domésticos representan casi el 5% de la población ocupada en México. 95% son mujeres.
STAFF / LIBRE EN EL SUR
En nuestro país, las trabajadoras del hogar quienes son remuneradas y asisten a las familias tienen derechos laborales que deben cumplirse, mediante la vigilancia legal de su trabajo y sanciones para los empleadores que incumplan obligaciones como su inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pago de aguinaldo y respeto a las horas de trabajo, considera Fiorella Mancini, doctora en sociología e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM.
Debido a que son un sector desprotegido, en 2018 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán del amparo directo 9/2018, determinando que es inconstitucional que los patrones no estén obligados a inscribir a las empleadas domésticas ante el IMSS.
A partir de esa decisión, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante la Unidad de Trabajo Digno, vigila que se cumpla la normatividad y se les asegure la incorporación a la seguridad social, con el fin de proteger sus derechos humanos laborales para lograr un impacto en su bienestar, de sus familias y comunidad.
Sin embargo, se requiere que, además de la supervisión que en diversas ocasiones no es efectiva, haya sanciones para los empleadores (generalmente otras mujeres) quienes no cumplan con estas obligaciones, como sucede en Argentina, Uruguay y Costa Rica, donde este sector cuenta con derechos protegidos y un trabajo más digno, considera la especialista.
Asimismo, reconoce que el porcentaje de empleadas del hogar remuneradas es alto: “entre un cinco y un diez por ciento de las mujeres que trabajan en México se dedican a hacer trabajo de hogar”.
En nuestro país hay aproximadamente dos millones y medio de ellas; más de 95 por ciento carece de acceso a servicios de salud; 80 por ciento no tiene prestaciones laborales; 46 por ciento (casi la mitad) no recibe aguinaldo, vacaciones ni horario fijo; obtienen salarios bajos, tienen jornadas largas y sus condiciones laborales son profundamente precarias e informales.
A lo anterior se suma que aún padecen discriminación, clasismo y marginación social, reconoce la socióloga, quien considera que para este sector se requieren mejores políticas públicas donde la regulación se cumpla.
Necesitamos que haya incentivos para que las patronas las inscriban en la seguridad social y sanciones en caso de que no lo hagan; también pensión para que puedan jubilarse y acceso al INFONAVIT, a fin de que tengan vivienda, refiere.
Con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2.4 millones de personas son trabajador/as en el hogar de manera remunerada, prácticamente cinco por ciento de la población ocupada hoy en México; 95 por ciento son mujeres.
De ellas, 85.8 por ciento realizan tareas de limpieza en casas particulares, 8.2 son cuidadoras de personas y 5.0 por ciento lavanderas y/o planchadoras en particulares. Un tercio empezaron a laborar siendo niñas.
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