POR OSMAR ALEJANDRO FARÍAS GARDUÑO / ARKEMETRIA
Estamos por entrar en la tercera década del siglo XXI, y a la fecha, se pueden reconocer numerosas manifestaciones planetarias del deterioro en el acceso a la justicia, de un menoscabo de la credibilidad ciudadana en las instituciones y del lugar que ocupa lo público en el imaginario del ciudadano. Las características distintivas que tienen estos procesos de deterioro se pueden deber al carácter omiso de las instituciones en el desempeño de sus funciones y obligaciones frente a la ciudadanía.
Estos comportamientos derivan en una vastedad de manifestaciones que podríamos resumir en tres fundamentales: violación de derechos, elevados índices de corrupción y políticas de la impunidad, que en el caso particular de México, han aumentado notablemente desde la segunda mitad del siglo XX. Basta con recordar el actuar permisivo de los gobiernos en el acaparamiento de recursos públicos por parte de funcionarios, instituciones o líderes sindicales.
Foto: Archivo Cuartoscuro
Si bien, la permisibilidad de las prácticas de corrupción en las instituciones y organismos gubernamentales mexicanos son un reflejo de la falta de aplicación de un Estado de Derecho, la frecuencia con la que éstas se presentan, también se debe a la ausencia de controles institucionales efectivos (Buscaglia: 2013).
Aunado a ello, la frecuencia de las prácticas en las que se colocan intereses individuales o grupales frente a los de carácter público, persiste por la falta de controles sociales efectivos y por los altos niveles de desconfianza en las instituciones, pero particularmente, por el deficiente involucramiento de la población para la creación de mecanismos de prevención y monitoreo social.
Por lo tanto, un elemento fundamental para combatir eficazmente el fenómeno de la corrupción, desde la perspectiva de la sociedad civil, tendría que involucrar a la participación activa de actores sociales locales, con mecanismos institucionales abiertos y participativos, donde se discutan las problemáticas que se presentan en determinado territorio y se logren generar propuestas de acción específicas. Se trata de procesos de largo aliento, pero lo suficientemente robustos para permitir un involucramiento serio de las y los ciudadanos en la materia.
Resulta importante poner énfasis en la corrupción a nivel local porque las tareas que les corresponden a las autoridades estatales y, de manera particular, a las municipales, son las mismas donde se reflejan los actos de corrupción más frecuentes. Tal es el caso de la realización de trámites ante el Ministerio Público, en el contacto con autoridades de seguridad pública, en los permisos relacionados con la propiedad y en la realización trámites en general (ENCIG: 2017).
Ante este panorama, cualquier individuo es potencialmente vulnerable a presenciar prácticas como el abuso de poder o abiertos actos de corrupción, pero existen determinados grupos donde la probabilidad de padecerlos es más alta, por ejemplo, donde existen altos grados de marginación y falta de vínculos de comunicación efectivos entre ciudadanos y autoridades. Si aunado a ello, la población no tiene acceso a la información sobre el modo en que operan las instancias locales, ni conocen la forma en que se gastan los recursos destinados a los servicios que ofrecen, entonces es claro que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
Es por ello que en los últimos años se han abierto espacios de debate para discutir las formas en las que se puede enfrentar el problema, se han generado investigaciones académicas, iniciativas regionales, se han creado organizaciones, colectivos y redes para evitar la corrupción. Sin embargo, el problema persiste, pues estamos hablando de un fenómeno de carácter estructural.
A pesar de estas dificultades, la lucha no se ha dado por perdida. De manera reciente, se puso en marcha la iniciativa más ambiciosa hasta ahora en México, que involucra tanto a organismos públicos como a la sociedad civil, donde la figura del ciudadano es la más importante: el Sistema Nacional Anticorrupción.
Si bien es cierto que este Sistema, con sus divisiones estatales y, en algunos casos, municipales, no ha logrado consolidar la confianza plena de la población interesada en el tema, sí ha dado pauta a que procesos diversos detonen en iniciativas sin precedentes. Tanto así, que el tema de combate a la corrupción es uno de los más recurrentes en las agendas políticas de los gobiernos y organizaciones civiles en México.
En ese ímpetu y en el marco de la conformación del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, hacemos un llamado a que tú, apreciada lectora, apreciado lector, participes en el Foro “Hacia la construcción de una agenda ciudadana anticorrupción en la Ciudad de México”, que se llevará a cabo el próximo jueves, 22 de agosto.
El objetivo es contribuir en la construcción colectiva de una agenda que visibilice y posicione las perspectivas y propuestas de la sociedad civil respecto a las acciones de combate a la corrupción en la Ciudad. La cita es a las 9:30 hrs. en el Hotel Four Points, Colonia Roma.
https://arkemetria.org.mx/forocdmx/
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