POR RICARDO JOEL JIMÉNEZ
Colectivo Cimtra
El combate contra la corrupción es un tema central para ciudadanos que habitamos la capital. En este mes de septiembre en la capital se instaurará un sistema local anticorrupción. Los capitalinos debemos aprender de las experiencias fallidas en la construcción de los diversos sistemas estatales anticorrupción (SEA), tanto en la integración de sus Comités de Participación Ciudadana (CPC) como en su funcionamiento y vinculación con la sociedad. La ventaja que tenemos en la capital es que siendo casi la última entidad en el país en construir su sistema anticorrupción no deberíamos cometer los errores de otras entidades. ¿Qué tipo de Sistema Anticorrupción deseamos los capitalinos?
Los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA) en varias entidades son instancias poco conocidas por la ciudadanía, son instituciones que no funcionan en tanto que no están “atrapando” corruptos, y en consecuencia, en un contexto de lucha contra la corrupción desde el Gobierno Federal, se les ve como un “gasto innecesario” que bien podría omitirse. Parte de los retos precisamente es fortalecerlos institucionalmente y situarlos en la opinión pública como una instancia relevante para salir de esta crisis de corrupción en la que estamos estancados como sociedad.
Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro
Una de las grandes limitantes que tienen los SEA es muchas veces no cuentan programas de trabajo concretos y viables; no tienen una clara priorización de sus acciones y éstas quedan en meros actos protocolarios, para tomarse la foto y firmar convenios con diversas instituciones, en particular, con organismos empresariales e instituciones educativas, pero sin que exista en el fondo un trabajo concreto, aterrizado y focalizado a favor de la prevención de la corrupción.
En otros casos, los CPC se han convertido en una suma de actores individuales donde cada uno de sus integrantes tienen sus agendas y sus apuestas individuales. En esta lógica, los CPC muchas veces no establecen mecanismos de colaboración con diversos actores de la sociedad, en particular, con sectores de la población en situación de vulnerabilidad. También los SEA, y en especial, los CPC, se han convertido en instancias cerradas, poco transparentes, que no rinden cuentas y ofrecen poca información sobre su trabajo.
Estos elementos deberán ser previstos en el diseño y operación del Sistema Anticorrupción de la CDMX. En especial pensar en que su CPC debe ser una instancia abierta, participativa e innovador en sus acciones. Se trata de dar sentido a estas nuevas instituciones para que no arrastren los mismos vicios de siempre.
Otro reto que se observa en los SEA es la ausencia de una estrategia de coordinación con los gobiernos municipales, ¿qué tipo de coordinación entre las 16 alcaldías y el sistema anticorrupción se requiere en la capital?
En la ley del Sistema Anticorrupción de la CDMX en su artículo 10 (sobre los integrantes del Comité Coordinador) se señala que “Las personas Titulares de las Alcaldías serán invitados permanentes, participarán en las sesiones del Comité Coordinador, sólo con derecho a voz”. Fuera de esta alusión no hay nada que hable de la coordinación entre las alcaldías y el futuro Sistema Anticorrupción de la CDMX.
Anclarse en la escala local permitiría que las acciones anticorrupción adquieran un sentido de operatividad, máxime si se emprenden con actores sociales que viven una condición de mayor vulnerabilidad. Por ende, es el espacio adecuado para promover acciones de prevención, detección y sanción de actos de corrupción, ya sea desde la esfera ciudadana como gubernamental.
Respondo a la pregunta inicial: ¿qué tipo de SEA queremos los capitalinos? Sería estupendo que la política anticorrupción que promueva el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de la CDMX y el CPC se establezca la obligatoriedad (pacto) con las 16 alcaldías de la CDMX para instaurar mecanismos de combate a la corrupción (política anticorrupción); crear Sistemas Anticorrupción en las Alcaldías, pero esos sistemas no acaben por dar “cargos” a los amigos, sino articular acciones con la ciudadanía, sobre la base de constituirlos con lo que se tiene dentro de la administración pública; con un carácter abierto a la participación ciudadana, instancias que rindan cuentas a la ciudadanía, que hagan uso de nuevas tecnologías, que sus integrantes coordinen acciones y que cumplan un papel de control sobre posibles actos de corrupción y que trabajen en coordinación con las Unidades de Transparencia de las alcaldías, con parámetros de Gobierno Abierto. Para ello los niveles de transparencia (obligaciones) y de transparencia proactiva deben ser elevados en tanto que son una condición imprescindible en la prevención de la corrupción. Estas instancias deben presentar a los alcaldes un diagnóstico de la situación que prevalece en la demarcación territorial en materia de corrupción, pero también ubicando los nichos proclives a la corrupción dentro de la administración de la alcaldía; con base a ello emprender acciones específicas con el objetivo de reducir los márgenes en aquellos servicios públicos en los que se puedan presentar abuso de autoridad, opacidad y discrecionalidad por parte de autoridades y servidores públicos de las alcaldías.
Estos planteamientos encajan perfectamente con lo planteado en la Constitución Política de la Ciudad de México, en particular con el artículo 53 sobre las responsabilidades de las Alcaldías, el artículo 60 sobre el Buen Gobierno y la Buena Administración pública; el artículo 61 sobre el combate a la corrupción y el artículo 63 sobre el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. Vale la pena.
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