POR DULCE CORONA
La corrupción es considerada uno de los principales problemas en México porque afecta de manera directa la calidad de vida de las personas y su desarrollo, así como el crecimiento económico y social del país.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la sociedad mexicana concibe a la corrupción como una práctica dada en los espacios de acción gubernamental.
Tan sólo en 2017, nueve de cada 10 adultos residentes de áreas urbanas adoptan a la corrupción como una práctica frecuente entre los empleados del gobierno estatal quienes buscan obtener beneficios personales como dinero, regalos o favores por la provisión de algún bien o servicio.
Aunado a lo anterior, las cifras arrojan que, en México, 5.2 millones de personas han sido víctimas de al menos un acto de corrupción por parte de un servidor público de los cuales el 82 por ciento no denuncian los actos de corrupción por desconocer a quién dirigirse para hacerlo.
Foto: Cuartoscuro
En este sentido, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿Qué relación tiene la corrupción con los Derechos Humanos? La corrupción no solo son prácticas deshonestas dadas en los espacios gubernamentales, también son actos que vulneran y violentan los Derechos Humanos. Ante esto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) asocia los actos de corrupción bajo cuatro relaciones que vulneran los derechos humanos:
1) Solicitud de sobornos como condición para acceder a los derechos, por ejemplo, el acceso a la justicia, servicios públicos, servicios de salud, entre otros.
2) Pago de sobornos para realizar acciones que están prohibidas y que son abiertamente violatorias a los derechos, por ejemplo, las licitaciones otorgadas para desarrollar proyectos en áreas de conservación y/o que pone en riesgo a grupos vulnerables.
3) A consecuencia de actos de corrupción se presenta la disminución de recursos públicos, derivado del desvío o mal uso de los recursos públicos, lo que conlleva a tener menos bienes y servicios deficientes, lo que conlleva a la transgresión de las obligaciones del Estado para otorgar a la sociedad: protección, garantía y promoción de Derechos Humanos.
4) La cuarta relación sucede cuando los procesos de diseño de las políticas públicas son modificados, generando la privatización de lo público y, por ende, se cae en incumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado en materia de Derechos Humanos.
Por lo anterior, la magnitud e importancia que se le ha dado al fenómeno de la corrupción se ha elevado a un rango de política pública con la creación de diversos instrumentos para erradicar de forma gradual el problema.
Uno de esos instrumentos es el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), creado en 2015 a partir de una reforma Constitucional, la cual tiene que ver con el combate a la corrupción y la búsqueda de una coordinación entre instituciones y una mayor participación ciudadana.
Asimismo, en la Constitución Política de México se encuentra integrado el SNA en el artículo 113, el cual lo caracteriza como la coordinación de autoridades que correspondan a los tres ámbitos de gobierno -Federal, Estatal y Municipal- en materia de prevención y sanción de responsabilidades administrativas y/o hechos de corrupción, así como la fiscalización de los recursos públicos, su buen funcionamiento dependerá de la colaboración ciudadana y la apertura de políticas anticorrupción.
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