El gobierno se encontró con un pequeño Waterloo en Tlacoquemécatl del Valle. Desvalida la ciudadanía de las garantías que debe proveer el estado de derecho, serán estas batallas comunitarias –lo más próximo a la vida real— un muro de contención.
POR FRANCISCO ORTIZ PARDO
Es natural sentirse triste, dolido y hasta ofendido por el triunfo arrollador de Donald Trump en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Apabullado, consternado, impotente, de ver cómo los republicanos se harán del control de las dos cámaras prácticamente enterrando cualquier posibilidad de impulsar una legislación más benévola con los migrantes y que, en cambio, se autoricen presupuestos para contener el flujo de extranjeros hacia ese país que para muchos significa la mayor posibilidad de prosperidad en su vida entera. Sentirse un poco así como cuando el pasado 2 de junio “arrasó” Claudia Sheinbaum y luego el partido oficial y sus aliados se hicieron, a la mala, de escaños y curules que no ganaron en las urnas.
Pero también produce un poco de gracia ver retorcerse a los que votaron por Morena, y también a algunos que no, porque en Estados Unidos volverá a gobernar un mentiroso, nacionalista, proteccionista. Debieran saber que no somos iguales, no, porque allá ni Trump se ha podido librar –con todo su poder político y su poder económico—, de los alcances de la justicia. Y de la misma forma en que en todo el siglo 20 y en lo que va del siglo 21 ningún presidente había sido reelecto con una intermitencia de cuatro años, Trump podría ser el primer presidente del país más poderoso del mundo que aparezca en una foto tras las rejas, aún gobernando y teniendo mano en la renovación de los integrantes de la Corte. Pero si ello no ocurre (existe una controversia al respecto porque la Constitución de 1787 no hace referencia a la situación legal de manadatarios), ya sabemos que fue condenado y muy probablemente no quedará impune después de que deje la Presidencia, en 2028. Sí: los estadounidenses eligieron a un convicto, es la verdad, y aquí ni con una flor son tocados los funcionarios del gobierno anterior –ni sus familiares– que no han podido explicar el origen de sus riquezas. No habrá siquiera una consignación histórica acerca de su culpabilidad.
Qué curioso: Nos indignamos de que allá gane un populista y acá ni cuenta nos damos de lo que vino a destruir una Presidenta impuesta –con todo y su “a”– por el Tlatoani antirreeleccionista. Claudia Sheinbaum ganó efectivamente por un contundente margen de votos pero eso no la vuelve invencible. La legitimidad de las urnas no le será suficiente para enfrentar al monstruo de las mil cabezas, una vez que ella va cumpliendo su fiel misión de destruir las instituciones democráticas. Qué paradoja que sus acciones serán a la vez su kriptonita. Y no estará AMLO para defenderla.
En la arrogancia de los que hoy nos gobiernan junto con Claudia no está el cálculo de que no se pierde lo que no se tiene y que, por más que se burlen de los vencidos, como lo hacían los más primitivos priístas, y pretendan desaparecer a los opositores, ellos serán responsables de lo que ocurra, acaso eso mismo que los coloque finalmente en el basurero de la historia. Es imposible saber por ahora las repercusiones que tendrá el gobierno encabezado por el magnate estadounidense en la vida de los mexicanos. Pero nos tendremos que espabilar cuando aparezcan las primeras amenazas. No: El cambio de régimen en México no será un día de campo con Donald Trump en el poder. Es como si los gringos nos hubieran dado una de nuestro propio chocolate.
La propia fortaleza de las instituciones democráticas y de justicia en Estados Unidos es, a la vez, un arma para Trump, que no suele actuar contra sí mismo. En cambio nuestra representante populista sabrá lo que es gobernar en la tierra a la que Andrés Manuel López Obrador le puso el abono de la decadencia. No es que le importe demasiado a Trump el nuevo autoritarismo en México y la consiguiente merma en la defensa de los derechos humanos; pero no pasará por alto nada que afecte los intereses de su país: El narco, la falta de garantías para los inversionistas, una reforma judicial que implícitamente viola los acuerdos comerciales. En suma es la geopolítica con lo que se topará la falsa mayoría calificada en el Congreso mexicano. El contrapeso que ya no existe dentro, estará afuera: El muro de contención externo.
Claudia Sheinbaum será incapaz de hablarle a Donald Trump con la misma petulancia que lo hace con los opositores de su propio país. Y estará obligada –ahora sí– a enfrentar al narco y dar la cara por los migrantes mexicanos o pagar el costo político de ello, probablemente una crisis humanitaria sin precedentes que pondrá al descubierto todo el desmantelamiento institucional. Más le habría convenido que la Suprema Corte hubiera declarado inconstitucional la locura obradorista.
Mientras esperamos a saber cómo será este país con una elección de ministros, magistrados y jueces, que se antoja imposible por falta de presupuestos, logísticas y tiempos, nos podemos dar una asomada a las calles de nuestra ciudad para ver la realidad que ya imperaba antes de los azoros: una virtual anarquía a partir de la ocurrencia, por cierto del gobierno de Claudia Sheinbaum en Ciudad de México, de otorgar permisos para que los restauranteros expandieran sus negocios a las banquetas e incluso hasta las vialidades. Y otra vez: Con qué facilidad podemos criticar el capitalismo “salvaje” de los gringos pero taparnos los ojos ante estos abusos, donde unos ganan a expensas de otros sin el menor escrúpulo.
Cuando para el gobierno morenista la justificación de esos permisos –que nunca han sido transparentados ni justificados ante la gente— fue la reactivación económica tras la pandemia, hoy surgen por todos lados nuevos negocios de venta de bebidas y comida que de igual forma se agandallan las calles sin la menor pena. La reforma judicial no pasa, ni en la teoría, por hacer que los empresarios y los funcionarios de gobierno respeten las leyes, que los ministerios públicos formulen expedientes para presentarlos adecuadamente a los jueces y que las policías sirvan al menos para disuadir en favor de la ciudadanía. ¿Pero cómo va a ocurrir eso si es la propia ciudadanía la que estimula el negocio de esos restaurantes para vivir en esa atmósfera de fantasías que da el consumismo, que nos evade de esta realidad a la que nos ha llevado nuestro propio populismo?
En el caso de la colonia Del Valle, en grupos vecinales de las redes sociales ya cunde la alarma acerca de esta calamidad. Hace apenas un par de meses, todavía en el gobierno de Martí Batres, la Secretaría de Movilidad intentó imponer el sistema de parquímetros sin explicarle ni jota a los residentes de qué trataba ni mucho menos consultar su opinión al respecto. Les habrá parecido sencillo a los funcionarios llegar nomás así después de que el programa comenzó a operar en la colonia Insurgentes San Borja; pero allá fue por solicitud de los mismos residentes, habitantes sobre todo de grandes casas con estacionamiento propio y en muy pocos casos de departamentos. Así que en Tlacoquemécatl del Valle, donde ya antes se defendieron contra pozos de extracción de agua potable, tala injustificada en beneficio de obras privadas y mil intentos de invasión de los parques por parte de comerciantes ambulantes y food trucks, el gobierno se encontró con un pequeño Waterloo. Desvalida la ciudadanía de las garantías que debe proveer el estado de derecho, serán estas batallas comunitarias –lo más próximo a la vida real— el segundo muro de contención, el interno.
Los representantes de Semovi arguyeron en defensa de los parquímetros un tema de ordenamiento del espacio público ante la presencia de franeleros y valet parking de los restaurantes, lo que en realidad no era otra cosa que una confesión sobre su incompetencia para hacer cumplir las leyes y reglamentos vigentes. Y plantearon como solución la transferencia de renta del espacio público, en la que una empresa privada –a la que se otorgaría la concesión por asignación directa— se quedaría con el 55% de lo recolectado en las alcancías y el resto lo administraría el gobierno capitalino: solo el 30% sería aplicado en beneficio de las colonias explotadas y el resto manejado a discreción por un fideicomiso en el que participan Semovi y la Secretaría de Finanzas. Nunca explicaron la forma en que se fiscalizarían esos recursos. Casi al tiempo de la movilización vecinal contra los parquímetros, aparecieron denuncias en la revista Proceso sobre extorsiones contra automovilistas en Insurgentes San Borja a manos de empleados de la empresa de parquímetros coludidos con policías de tránsito. La lucha contra los parquímetros es hoy más popular que nunca y ha logrado articularse entre vecinos de diferentes colonias de la zona centro y sur poniente de la alcaldía Benito Juárez.
Más preocupados de lo que ocurre en Estados Unidos, o incluso en España, cambiamos la mirada cuando aparece el lastre de los microbuseros que de igual forma invaden las calles circundantes al mercado y la estación del Metro Mixcoac, lo que ya es una pesadilla para vecinos. Cada vez más habituada la clase media a mostrar sus músculos en manifestaciones públicas, como ocurrió ante la ignominia de la autoridad con el agua contaminada en BJ, los residentes de la zona se preparan para acciones tan contundentes como el bloqueo de calles, impotentes de que las autoridades capitalinas ni siquiera parecen haber leído las quejas que les han sido entregadas.
Y es que en en este caos en que vivimos tal vez solo podemos aprender… a trumpadas.
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