POR JORGE CARBAJAL*/ARKEMETRÍA
No cabe duda que la Constitución Política de la Ciudad de México es un instrumento innovador. Basta con leer la carta de derechos humanos reconocida en dicho texto normativo: derecho a la autodeterminación personal, a la integridad, a la identidad y a la seguridad jurídica, de la familia, sexuales, reproductivos, a defender derechos, acceso a la justicia, libertad de creencias, pública, de reunión y asociación, de expresión, a la información, a la privacidad y a la protección de datos personales, a la educación, a la ciencia y a la innovación tecnológica, a la cultura, al deporte, a la vida digna, al cuidado, a la alimentación y a la nutrición, a la salud, a la vivienda, al agua y a su saneamiento, al desarrollo sustentable, al trabajo, a la ciudad, a un medio ambiente sano, a la vía pública, al espacio público, a la movilidad, al tiempo libre, a la seguridad urbana y a la protección civil, a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y el delito, a la participación ciudadana, a la buena administración, y a un gobierno democrático y a la participación política paritaria.
La lista amplia no es ociosa. Pretende poner al lector en contexto y acercarlo a un instrumento jurídico que tiene mayor fuerza de cumplimiento en la medida en que las y los habitantes de la Ciudad lo conozcamos y lo hagamos valer. Sin embargo, en esta ocasión quiero reparar en un derecho que considero clave para entender la forma de gobierno de la Ciudad de México: el derecho a la participación ciudadana. En sus disposiciones generales, el texto constitucional local establece que en la Ciudad de México el ejercicio del poder público se organiza conforme a las figuras de democracia directa, representativa y participativa. ¿Qué significa esto para el funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México y para la actuación de las y los diputados locales?
Foto: Cuartoscuro
Para empezar, es posible que el lector esté familiarizado con las figuras de democracia directa en el ámbito legislativo ya que, si bien se han utilizado poco en la Ciudad de México y en el país en general, tienen varios años de haberse incorporado en la mayoría de los textos constitucionales tanto en el orden federal como local. Me refiero a la iniciativa ciudadana, al referéndum y a la consulta popular. Sin lugar a duda, estas figuras contribuyen a ampliar las condiciones para la garantía del derecho a la participación ciudadana en el ámbito del poder legislativo de la Ciudad de México. No obstante, aunque tienen gran potencial para influir en las leyes (por su carácter vinculante), resultan poco operativas considerando el número de ciudadanos electores requeridos para su activación, así como la agenda legislativa tan dinámica en la capital.
De manera complementaria, las figuras de democracia participativa amplían las oportunidades para garantizar el derecho de las personas a incidir, individual o colectivamente, en las decisiones públicas y en el control del ejercicio de la función legislativa. Al respecto, la Constitución local establece que los poderes públicos están obligados a informar, consultar, realizar audiencias públicas deliberativas y rendir cuentas ante las personas y sus comunidades. De manera específica, el texto señala que el Congreso debe regirse por los principios de parlamento abierto, y considera una serie de medidas tales como: mecanismos de audiencia y rendición de cuentas que garanticen la responsabilidad de las diputadas y diputados frente al electorado; el derecho de las personas para proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se presenten al Congreso; y la publicidad de todas las sesiones del pleno, de las comisiones y de los comités del Congreso.
Con un ánimo propositivo diré que, para que estas innovaciones normativas fortalezcan la democracia en la realidad de la Ciudad de México, deben modificar tanto las relaciones entre representantes y representados, como las propias prácticas legislativas. Desde esta perspectiva, se requiere construir una vinculación fuerte y estrecha entre legisladores y ciudadanía que trascienda relaciones clientelares e intereses particulares. Eso implica el parlamento abierto: información, participación ciudadana y rendición de cuentas en la función legislativa. Visto así, el parlamento abierto no significa solamente una “buena práctica” legislativa, significa una reconceptualización de la democracia en donde el ejercicio del poder público no se acota a las figuras representativas. Por lo tanto, es una obligación del Congreso de la Ciudad de México y de todos y cada una de las y los legisladores llevarlo a la práctica y es un derecho exigible de las personas que habitamos en la capital.
Para avanzar en este sentido, es medular plantearnos las siguientes preguntas: ¿el Congreso pone a disposición del público de manera completa, oportuna, accesible y en datos abiertos información parlamentaria, presupuestal, administrativa, sobre los legisladores y servidores públicos que laboran en dicho órgano? ¿las y los diputados realizan consultas libres, previas e informadas a los diversos grupos de la población en sus distritos (o a la ciudadanía en general) sobre las iniciativas de leyes que van a votar? ¿las y los diputados informan y explican las razones del sentido de sus votaciones a la ciudadanía que representan? ¿existen mecanismos para identificar y sancionar conflictos de interés por parte de los legisladores?
Es de señalarse que, a diez meses de instalarse la primera legislatura, el Congreso de la Ciudad de México no ha cumplido con todas las obligaciones de transparencia que establece la ley en la materia. Es por ello, que el pasado 2 de julio se llevó a cabo una mesa de diálogo entre el Dip. Carlos Castillo Pérez, presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de México, el instituto de transparencia local y un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de elaborar una ruta para que el Congreso cumpla con sus obligaciones de transparencia y, a partir de ello, construir una estrategia de implementación del Parlamento Abierto, como lo mandata la Constitución local.
*Integrante de Arkemetria Social A.C.
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