La reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo es inviable y retrógrada, por contaminante, aún antes de discutir lo relativo a las tarifas y la oferta y demanda de energía.
POR FRANCISCO ORTIZ PARDO
Cualquiera que se precie de ser un ambientalista estará en contra de una reforma eléctrica que promueva que la luz vuelva al control de una empresa estatal que no auspicia las energías limpias. El alegato puede parecer simplista pero no hay más claridad de lo que no se debe hacer frente al calentamiento global y cuando nuestro país aparece en la vergonzosa lista de los más contaminantes del mundo.
En la tristemente recordada elección presidencial de 1988, donde se dieron las más clásicas prácticas fraudulentas con las que el PRI se hacía del poder, los comicios estuvieron bajo el control de un hombre, Manuel Bartlett Díaz, a través de un artificio de la Secretaría de Gobernación llamada Comisión Federal Electoral (CFE, curiosamente por sus siglas).
Hoy lo que se pretende es poner en manos del mismo hombre la decisión de los que pueden jugar en el mercado de energía eléctrica –juez y parte, pues, una de sus especialidades–, y en la propuesta del Ejecutivo no tienen mano las empresas que generan la luz a través de medios no renovables y baratos. Más allá de lo que podría impactar en el bolsillo de los usuarios, está claro que entre lo que se pretende con la dichosa reforma no está cuidar el ambiente, pues la CFE, que podría producir y despachar hasta el 56% del mercado, se basa en energías sucias.
Manuel Bartlett no representa el país que debe ser México, con todo y que los políticos de todos los partidos hayan decepcionado y quedado a deber. A menudo se asocia su nombre con el de la corrupción y el autoritarismo, así como de un falso nacionalismo que al cerrar la puerta a los particulares lo que hace es negar el futuro en un mundo en que los abusos se han cobrado hasta con una pandemia.
Al buscar calmar el nerviosismo provocado por una redacción confusa en la iniciativa, donde se entiende que la reforma avasallaría incluso las celdas solares que ya utilizan empresas e individuos para ahorra energía, la secretaria Rocío Nahle confesó que efectivamente la CFE será mandamás y que, lejos de instalar una nueva comisión reguladora autónoma, se volverá al esquema donde la propia paraestatal decide quién entra y sale del mercado, siempre ella primero, aunque la electricidad que produce no sea ni eólica ni solar.
Y aquí el debate no es simple, sino absurdo: La reforma propuesta por el Ejecutivo es inviable y retrógrada, por contaminante, aún antes de discutir lo relativo a las tarifas y la oferta y demanda de energía, incluso su probable inconstitucionalidad e ilegal retroactividad que pudiese afectar a las empresas, de lo que ya los expertos, a través del parlamento abierto, foros y páginas editoriales, se ocuparán.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador falla en la más elemental de las prioridades, que es defender el lugar donde vivimos los seres humanos. Y postula palabras, no hechos de transformación. Es de suponerse que una buena cantidad de mexicanos que votaron por él se sienten decepcionados (el tema ambiental es comúnmente bandera de sectores de clase media, académicos y oenegeneros hoy tan vilipendiados). El destino de sus hijos y sus nietos ha quedado trazado por mentalidades apartadas de la realidad.
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