MARÍA LUISA RUBIO GONZÁLEZ
Decía Winston Churchill que la democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás que se han inventado. Y es que encontrar el equilibrio entre el bienestar colectivo y las libertades individuales no es tarea fácil.
Winston Churchill. Foto: Especial
En ese arreglo todos tenemos alguna responsabilidad. En el ámbito gubernamental en específico, las personas dedicadas al servicio público tienen un papel fundamental. En las redes sociales abundan las exigencias para que sea obligatorio tener un título universitario o someterse a pruebas de consumo de drogas y de polígrafo.
Pero hay otras dimensiones que no se mencionan: la calidad ética (no moral) de las personas en el servicio público, que implica también su sentido de propósito al aspirar a un cargo público y su compromiso con el marco legal en que desempeñan o desempeñarán su labor.
¿Conocen la constitución las personas en el gobierno, más allá de las nociones de la primera enseñanza? ¿Lo conocen en el sentido profundo de conocer, que es no solamente identificar, sino asumir e incorporar en su ejercicio del gobierno los valores consagrados en la ley?.
En su libro Ética y derecho a la información: los valores del servicio público, Jesús Rodríguez Zepeda hace una revisión de “los valores de ética pública que se pueden encontrar en la Constitución”, y que, afirma, “pueden ser considerados como los valores primarios o fundamentales de la ética pública, de los que no puede prescindirse en ningún proyecto de formación ética para quienes participan en el ejercicio de la autoridad”:
La igualdad de derechos humanos de todas las personas; la prioridad de esos mismos derechos respecto de cualesquiera otros valores públicos; la libertad y autonomía individuales; la tolerancia; el respeto a la diversidad humana; el multiculturalismo; la educación científica y el rechazo de la superstición en la escuela; la laicidad tanto en la escuela como en todas las instituciones del Estado; el aprecio por el pluralismo ideológico y religioso; la igualdad entre hombres y mujeres; el derecho moral de todos a bienes como el agua, el aire o el territorio; los límites al poder público establecido por los derechos; la solución pacífica de los conflictos; el orden social; la seguridad pública; la legalidad y el Estado de derecho; la rendición de cuentas de los gobernantes, la objetividad y la honradez de los servidores públicos; el rechazo a la corrupción; la publicidad; la transparencia de la información pública; la protección de la privacidad y de la confidencialidad informativa; la voluntad de la mayoría; la superioridad del interés público (y, en particular, la primacía del interés público cuando colisiona con el interés privado); el reparto equitativo de la riqueza; la rectoría estatal en materia económica; la soberanía nacional; la división de poderes y la distribución territorial del poder político; la justicia distributiva; el equilibrio de las relaciones en el mundo del trabajo; la autoridad pública de origen democrático como protagonista y ordenadora de las relaciones sociales; la democracia representativa; y la limitación de la propiedad privada, entre otros. [i]
Podemos estar o no de acuerdo con todos o alguno de estos valores, y discutirlos o aspirar a reformarlos está garantizado en nuestros derechos, pero hoy por hoy son el referente de ética pública al que estamos sujetas todas las personas, pero particularmente quienes se desempeñan en el servicio público, pues en su desempeño descansa en buena medida que esos valores se articulen en la búsqueda del bienestar colectivo, en equilibrio con las libertades individuales, es decir, la consecución de un sistema democrático real y funcional.
Que no todo es responsabilidad del gobierno. Es cierto. Nos toca conocer esos valores, asumirlos, controvertirlos o pedir su modificación. Y también nos toca, sobre todo, hacerlos valer, porque poco cambia si separo la basura, pero me corrompo, o si yo no me corrompo pero quien gobierna sí, por ejemplo.
Como en la fábula de los dos lobos, la democracia gana si la ali
[i] Jesús Rodríguez Zepeda, Ética y derecho a la información: los valores del servicio público, Colección “Ensayos para la Transparencia de la Ciudad de México”, número 26, Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (InfoDF), México, 2016, p. 62.
comentarios