“Pensar que, en cualquier momento, el lugar que habitamos y que hemos construido con años de esfuerzo puede quedar en manos de delincuentes resulta aterrador…”
POR NANCY CASTRO
MADRID. En México se registran casi 83 denuncias diarias por delitos relacionados con el despojo y la invasión de viviendas. Esta crisis afecta a miles de familias y se concentra especialmente en el Estado de México y la CDMX en un contexto marcado por la especulación inmobiliaria, el aumento desmedido de las rentas y las redes de corrupción.
Hace un par de años —o quizá más— comenzó a popularizarse una expresión para nombrar una modalidad particularmente grave de apropiación ilícita de inmuebles: el «cártel inmobiliario».
Detrás de este término, hoy instalado en el debate público, se han documentado redes de corrupción que involucran a funcionarios y exfuncionarios públicos, así como a empresarios del sector inmobiliario, particularmente en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Las investigaciones y procesos judiciales han alcanzado a diversos exservidores públicos vinculados políticamente al Partido Acción Nacional (PAN), entre ellos Christian von Roehrich y otros funcionarios locales investigados o procesados por distintos delitos.
La vivienda debería ser el espacio más básico de seguridad, el lugar al que regresamos para sentirnos a salvo...”
El nombre de Jorge Romero, actual dirigente nacional del PAN, ha aparecido de manera recurrente en el debate político y en señalamientos sobre la estructura de poder vinculada al llamado «cártel inmobiliario». Sin embargo, conviene distinguir entre los señalamientos políticos y las responsabilidades penales formalmente acreditadas por las autoridades competentes.
Doña Carlota, la mujer que en abril de 2025 mató a dos personas durante un enfrentamiento relacionado con la ocupación de una propiedad, se convirtió, para muchos, en un símbolo de las nuevas víctimas del despojo en el Valle de México.
Aquel 1 de abril de 2025, Carlota, que entonces tenía 74 años, llegó al domicilio de su hija Mariana, en la colonia Ex Hacienda de Guadalupe, en el municipio de Chalco, Estado de México. Mariana y su hermano Eduardo llevaban días intentando recuperar la vivienda, que, según su versión y la documentación presentada ante las autoridades, había sido ocupada por otras personas.
La familia había acudido al Ministerio Público para denunciar los hechos. El 28 de marzo, peritos y agentes de investigación del Estado de México se presentaron en el inmueble y constataron que la vivienda se encontraba cerrada con cadenas y candados distintos de los utilizados por sus propietarios. Sin embargo, aquella diligencia no derivó en el desalojo de quienes permanecían en la casa.
Tres días después, la historia tomó un rumbo irreversible.
Carlota y sus hijos regresaron a su casa y encontraron a los invasores, que se negaron a salirse. Tras una discusión acalorada, Carlota y Eduardo sacaron sus armas, y exigieron que se salieran; finalmente, Carlota disparó; mató a un hombre de 51 años y a su hijo de 19, e hirió a un menor de edad. Pareciera que lo más eficiente es hacer justicia por cuenta propia, aunque después la justicia no esté del lado de las víctimas.
Ante este contexto, la seguridad de una propiedad no depende únicamente de medidas físicas. Mantener la documentación en orden y actualizada —con especial atención a la escritura pública y al registro vigente— es uno de los principales elementos para garantizar la certeza jurídica, explica la especialista Diana Sandoval, directora general de Kallify. (Plataforma digital mexicana de tipo proptech y legaltech que ayuda a comprar o vender inmuebles de forma segura)
Para proteger una propiedad frente al despojo o una ocupación irregular, Sandoval recomienda conservar un expediente completo y actualizado del inmueble. Esto permite acreditar de manera fehaciente quién es el propietario ante las autoridades y facilita la actuación jurídica en caso de que surja alguna irregularidad.
1. Regularización documental y registral
Es fundamental comprobar que la escritura, los datos catastrales y la información inscrita en el Registro Público correspondiente estén actualizados y coincidan entre sí. Cualquier inconsistencia debe corregirse cuanto antes.
2. Herramientas de monitoreo y alertas inmobiliarias
Algunos registros públicos de las entidades ofrecen sistemas de alertas que permiten conocer movimientos o consultas relacionados con el folio de una propiedad. Estas notificaciones pueden recibirse por correo electrónico o mensaje de texto y permiten detectar en tiempo real cualquier actividad inusual.
3. Resguardo de la información y control de gestores
La documentación del inmueble debe mantenerse bajo resguardo. También es importante conocer y supervisar a las personas a quienes se otorgan poderes o facultades para realizar trámites relacionados con la propiedad.
4. Supervisión y formalidad en el uso del inmueble
Conviene mantener una supervisión periódica de la vivienda, especialmente cuando permanece desocupada. Asimismo, cualquier cesión, arrendamiento o préstamo debe formalizarse mediante documentos que establezcan con claridad quién puede ocupar el inmueble y en qué condiciones.
5. Actuar ante la primera señal de irregularidad
Si detectas cambios registrales desconocidos, recibes oficios o notificaciones extrañas, o encuentras a personas ajenas ostentándose como propietarias del inmueble, es importante buscar asesoría especializada de inmediato.
Actuar con rapidez puede ser determinante. Sin embargo, se recomienda evitar las confrontaciones directas y recurrir a las autoridades y a los mecanismos legales correspondientes.
Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer que entre enero y junio de 2025 se iniciaron 1,941 carpetas de investigación por ocupación ilegítima de inmuebles en la capital.
El problema no termina con la denuncia. Recuperar legalmente una vivienda ocupada de manera irregular puede convertirse en un proceso largo y costoso: se estima que el procedimiento puede extenderse hasta cuatro años y representar un gasto cercano al 20 % del valor del inmueble.
Ante este escenario, el Gobierno capitalino presentó una iniciativa para endurecer las sanciones por despojo, con penas de hasta 11 años de prisión y multas superiores a 450 mil pesos cuando se presenten circunstancias agravantes.
Esto sucede en las grandes ciudades, donde pareciera que no fuera suficiente todo aquello que debemos proteger y de lo que tenemos que cuidarnos para aspirar, simplemente, a una vida tranquila.
Porque entonces surge una pregunta inevitable: ¿qué seguridad tenemos al salir de casa? No solo al ir a la esquina, al trabajo o a hacer las compras. Incluso al salir de vacaciones queda esa inquietud: ¿qué pasará con la casa mientras estamos fuera?
Pensar que, en cualquier momento, el lugar que habitamos y que hemos construido con años de esfuerzo puede quedar en manos de delincuentes resulta aterrador. La vivienda debería ser el espacio más básico de seguridad, el lugar al que regresamos para sentirnos a salvo. Sin embargo, el despojo convierte incluso ese refugio en algo vulnerable.
Como si vivir en México no fuera ya, por sí mismo, un desafío cotidiano, ahora también hay que preguntarse cómo proteger aquello que debería protegernos a nosotros.
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