Líderes del movimiento claman por transparencia en dictámenes y permisos de Sedema

Acusan silencio de la diputada Laura Ballesteros frente a esa devastación.

STAFF / LIBRE EN EL SUR

El movimiento #SalvemosALaureano denunció la grave situación que rodea al predio de Miguel Laurent 48, donde fueron talados árboles sanos pese a que los dictámenes oficiales reconocían su existencia, con la complacencia de autoridades ambientales y políticas, mientras se pretende imponer un desarrollo inmobiliario de lujo a costa de la comunidad.

Itzel García Muñoz, vocera del movimiento, recordó que la petición de un parque del bolsillo en el predio no es un capricho, sino una exigencia ciudadana respaldada moralmente y por especialistas. En un contexto de cambio climático y crisis hídrica, subrayó que la Ciudad de México necesita más áreas arboladas de calidad, con planeación seria, pozos de absorción y proyectos que ayuden a combatir las islas de calor, infiltrar agua y prevenir inundaciones.

“En los dictámenes de la propia Sedema consta que había cuatro árboles dentro del predio, de los cuales tres estaban en buen estado. Hoy esos árboles ya no existen. Exigimos que las autoridades transparenten toda la información: ¿Sedema autorizó el derribo? Si no lo hizo, ¿por qué no lo impidió? Y si lo hizo, ¿por qué avaló la eliminación de árboles sanos en contra de la normatividad?”, cuestionó.

La vocera agregó que este caso debe sentar un precedente en la ciudad: los proyectos inmobiliarios deben adaptarse a los árboles, no los árboles a los proyectos. Además exigió que Movimiento Ciudadano y la diputada Laura Ballesteros den la cara, pues en lugar de apoyar la exigencia central de los vecinos —la creación del parque—, se dedicó a dividir, boicotear y centrar el debate en una declaratoria que en la práctica no protege ni a Laureano ni a los demás ejemplares. “Si se dice defensora ambiental, debe explicar por qué guardó silencio ante una posible comisión de delito ambiental y por qué no defendió a los árboles que ya fueron talados”, dijo.

Por su parte, Diana Sansores, también vocera de #SalvemosALaureano, expresó que el movimiento se sorprendió al obtener más información sobre el caso —resultado de insistir una y otra vez y no de la voluntad de las autoridades— y confirmar que existían tres árboles más dentro del predio que la inmobiliaria taló.

“Ante el solapamiento de autoridades de la alcaldía y del gobierno central, este hecho es alarmante, pues confirma lo que ya es práctica común de los grandes desarrolladores: arrasar con la naturaleza de los predios que logran acaparar para imponer sus construcciones. Esto es un botón de muestra de la falta de planeación urbana y de la ausencia de una legislación que se haga valer para proteger los árboles. También refleja la indiferencia de las autoridades frente al crecimiento depredador, inmobiliario y gentrificador que destruye barrios, arbolado y tejido comunitario”, sostuvo.

Diana Sansores urgió a la alcaldía, al gobierno central y al Congreso de la Ciudad de México a tomar medidas para escuchar y respetar la voz ciudadana. “Este movimiento no se trata solo de un manzano, unas palmas, un laurel y un colorín: se trata de la ciudad que queremos y de la que no queremos. No más concreto, no más departamentos de lujo para unos cuantos a costa del arbolado y la comunidad. Sí a los árboles, sí a su protección, sí al huerto sobre las raíces de Laureano, sí a la comunidad”, remató.

Libre en el Sur publicó el sábado 6 de septiembre que un documento del expediente de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, titulado “Programa de poda y mantenimiento de arbolado Proyecto Miguel Laurent 48”, confirma que dentro del predio existieron cuatro árboles más además de Laureano y Colorina. Tres de esos ejemplares fueron diagnosticados en buen estado, con expectativa de vida de hasta 40 años, pero hoy ya no están.

El dictamen, fechado el 28 de octubre de 2024, describe en detalle a los seis ejemplares vinculados al predio: una palma washingtonia, un manzano, dos palmas canarias, el laurel monumental de la India y un colorín. Los primeros cuatro estaban dentro del terreno y desaparecieron en silencio, sin que se informara a los vecinos. El reportaje advierte que Laureano y Colorina figuran en el expediente porque sus ramas y raíces penetran en el predio, lo que significa que también siguen en riesgo frente al proyecto de diez departamentos de lujo.

El asesor legal del movimiento, José Luis Matabuena, advirtió que desde el punto de vista jurídico el caso es particularmente grave. Señaló que los dictámenes oficiales de Sedema reconocen la existencia de cuatro árboles, tres de ellos en buen estado, y que el hecho de que hoy ya no existan implica una tala ilegal o, en caso de haberse autorizado, una autorización irregular que contradice la normatividad ambiental de la Ciudad de México y la legislación federal.

Recordó que cualquier intervención sobre un árbol está regulada por la norma ambiental NADF-001-RNAT-2015, que establece requisitos para poda, derribo, trasplante y restitución. Esa norma indica con claridad que toda intervención requiere autorización oficial de Sedema o la alcaldía, acompañada de dictamen técnico y fotográfico. Antes de autorizar un derribo, la autoridad debe analizar opciones de rescate del árbol y adecuación de diseños constructivos, de forma que el proyecto se adapte a los árboles y no al revés.

En ese sentido, planteó las preguntas que la autoridad debe responder: dónde está el dictamen técnico que autorizó la tala, qué criterios se usaron para justificar la eliminación de ejemplares en buen estado y por qué no se obligó a la inmobiliaria a adecuar su diseño para conservarlos.

El abogado recordó que el Código Penal de la Ciudad de México, en su artículo 345 Bis, establece sanciones severas para quien derribe o tale árboles de forma ilegal o con dolo: de dos a diez años de prisión y multas de mil a cinco mil UMA; penas que se duplican cuando hay ánimo de lucro. Además, cuando la conducta es realizada en beneficio de una persona moral, los propietarios, socios y representantes legales pueden recibir sanciones adicionales, como la prohibición de realizar negocios relacionados con la industria maderera hasta por cinco años, y multas de 30 mil a 50 mil UMA.

“De lo anterior se desprende que en el caso de Miguel Laurent 48 debe existir un dictamen oficial de Sedema y/o de la alcaldía Benito Juárez que justifique el retiro y tala de los cuatro árboles reportados. Si dicho documento no existe o no cumple con la norma NADF-001-RNAT-2015, entonces estamos frente a un delito ambiental sancionable penalmente. Por ello exigimos a Sedema y a la alcaldía entregar públicamente esos dictámenes y aclarar en qué condiciones se autorizó o se toleró la desaparición de tres árboles sanos dentro del predio”, subrayó Matabuena.

El movimiento vecinal concluyó que el caso de Miguel Laurent 48 no es un simple asunto barrial, sino un emblema de la lucha ciudadana contra la depredación urbana. La exigencia de un parque del bolsillo sobre ese predio representa la defensa de los árboles, del agua, del derecho a un ambiente sano y de la vida comunitaria.

“Este caso debe convertirse en un ejemplo de resistencia ciudadana frente al poder inmobiliario. Nuestra lucha seguirá adelante sin dar marcha atrás, porque defender a Laureano, al colorín y a cada árbol del predio significa defender la vida, el agua y el futuro de nuestra ciudad”, sentenció Itzel García Muñoz.

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