Refugio Franciscano: pagan mil perros y gatos por pleito legal
Mascotas abandonadas. Su hábitat, en disputa. Foto: especial.
El desalojo del santuario canino tras un largo litigio por la propiedad del terreno en el que habitaban un refugio más de mil animalitos en Santa Fe.
Crónica de un desalojo anunciado: del litigio civil por un predio de alta plusvalía a la intervención penal que hoy mantiene bajo resguardo oficial a casi mil ejemplares.
STAFF/LIBRE EN EL SUR
El conflicto legal del Refugio Franciscano A.C. alcanzó su punto más crítico tras años de disputas jurídicas por la posesión de un predio de más de 10 mil metros cuadrados ubicado en la zona de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa.
El origen del problema radica en un juicio civil interpuesto por los propietarios legales del terreno, quienes demandaron la restitución del inmueble. A pesar de que la organización civil argumentó durante mucho tiempo tener derechos de posesión y realizó una labor social y ambiental invaluable al rescatar y mantener a más de mil perros en situación de abandono, los tribunales determinaron que la ocupación carecía de un título de propiedad legítimo que pudiera oponerse a los dueños originales.
La crisis escaló debido a la magnitud de la población canina que albergaba el lugar. Durante más de cuarenta años, el refugio se convirtió en un referente del bienestar animal en la capital, operando principalmente gracias a donativos y al esfuerzo de voluntarios.
Sin embargo, la falta de una regulación de uso de suelo adecuada y el crecimiento de la plusvalía en la zona de Santa Fe generaron una presión constante sobre el espacio.
El litigio, que se prolongó por casi una década, llegó a su fin cuando se agotaron los recursos de amparo, permitiendo que un juez ordenara el desalojo definitivo para devolver el predio a sus propietarios.
El estado actual del conflicto es de una reubicación forzada y compleja. Tras la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Brigada de Vigilancia Animal para dar cumplimiento a la orden judicial, se inició un proceso de traslado de los ejemplares.
La principal preocupación de los activistas y de la opinión pública ha sido el destino de los animales, ya que la organización no contaba con un espacio alternativo con la infraestructura necesaria para recibir a tal cantidad de perros de manera inmediata. Esto ha generado una movilización ciudadana y presiones hacia el Gobierno de la Ciudad de México y el Congreso local para que garanticen que los perros no terminen en centros de control canino donde podrían ser sacrificados.
Actualmente, el Refugio Franciscano busca desesperadamente fondos y apoyo logístico para completar la mudanza a un nuevo terreno, mientras que diversas asociaciones protectoras de animales han denunciado que el operativo de desalojo puso en riesgo la integridad de los ejemplares más viejos o enfermos.
La autoridad capitalina ha manifestado que supervisará el bienestar de los animales, pero el trasfondo jurídico es inamovible: la asociación debe abandonar el predio de Santa Fe.
El caso se mantiene como un emblema de la vulnerabilidad de las organizaciones de la sociedad civil que operan en terrenos privados o irregulares, y pone en evidencia la falta de políticas públicas integrales para el manejo de santuarios de gran escala en la zona urbana. Las manifestaciones frente a recintos legislativos continúan, buscando una ley que proteja este tipo de recintos ante disputas inmobiliarias futuras.
El desenlace de esta crisis marcará un precedente sobre la responsabilidad del Estado y los particulares en la gestión de refugios, en una ciudad donde el bienestar animal choca con el valor del suelo, que se ajusta en función de intereses bien diferentes de los que tienen por supuesto quienes se preocupan por la vida animal en nuestra capital.
