Clara Brugada propone arresto inconmutable para franeleros que se apropien del espacio público
Foto:Victoria Valtierra / Cuartoscuro
Fracasa control de la policía e intentos por imponer parquímetros rechazados por vecinos de colonias como Tlacoquemécatl y las Del Valle.
Gobierno capitalino busca reformar Ley de Cultura Cívica con sanciones severas y atención social a franeleros.
STAFF / LIBRE EN EL SUR
Incapaz la policía de resolver el problema que aqueja en toda la ciudad pero particularmente en las alcaldías centrales como Benito Juárez, el Gobierno capitalino ha optado por intentar contener —por la vía legislativa— una de las prácticas más extendidas y toleradas: la ocupación ilegal de la vía pública por parte de franeleros que condicionan el estacionamiento a cambio de una cuota obligada.
Este martes, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Cultura Cívica, que propone sancionar con hasta 36 horas de arresto inconmutable a quienes exijan, intimiden o coaccionen a cualquier persona para obtener un pago por vigilar vehículos. La medida contempla también el apartado de espacios con objetos, una práctica ampliamente normalizada que contribuye a la privatización del espacio común.
“El espacio público es un derecho, no una mercancía ni un privilegio”, sostuvo la mandataria desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. “Cuando alguien se apropia de las calles y condiciona su uso, rompe el principio básico de equidad en esta ciudad”, dijo.
La iniciativa, que será enviada al Congreso de la Ciudad de México, busca dotar de herramientas legales a las autoridades para sancionar una práctica que se ha perpetuado al amparo de la omisión institucional. Hasta ahora, ni la policía capitalina ni las alcaldías han mostrado capacidad real para intervenir ante este fenómeno que, además de representar una usurpación del espacio público, se ha convertido en semillero de extorsiones, amenazas, robo y violencia.
Ejemplo del caos en que han convertido los franeleros las calles son colonias del poniente de la alcaldía Benito Juárez como Del Valle Centro, Del Valle Sur, Actipan, Tlacoquemécatl del Valle y las colonias de Mixcoac, particularmente Nonoalco, donde la autoridad capitalina ha resultado incapaz de poner orden en el CETRAM Mixcoac y rutas de microbuses irregulares invaden calles interiores para estacionar sus vehículos.
La Secretaría de Movilidad, con el acuerdo de grupos minoritarios representados por COPACOS que lo impulsan —como en Tlacoquemécatl— ha intentado colocar el sistema concesionado de parquímetros. Pero el manejo poco transparente de los ingresos y la injusta proporción económica que reciben en retribución las colonias ha provocado un rechazo multiplicado.
La reforma se acompaña de una campaña de concientización ciudadana con el lema “El espacio público es de todas y todos”, y de una política pública de atención social, en la que participará la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. Se ofrecerán alternativas laborales y de emprendimiento a quienes viven de la informalidad en la vía pública, en un intento por atender no sólo las consecuencias, sino también las causas.
Por su parte, la consejera Jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, explicó que se plantean modificaciones específicas a varios artículos de la Ley de Cultura Cívica, entre ellos el artículo 28 bis, donde se tipifican infracciones como apartar lugares, obstaculizar el uso común y exigir pagos indebidos por estacionamiento. Además, el artículo 31 establece que esta conducta se considerará una falta tipo F, con arresto forzoso sin posibilidad de sustitución por multa o trabajo comunitario.
La reforma también enlaza estas infracciones con delitos tipificados en el Código Penal capitalino: extorsión (artículo 148), amenazas (209), robo (224) y lesiones (130). A través de esta conexión jurídica, el Gobierno pretende cerrar el paso a quienes se escudan en la ambigüedad entre informalidad y criminalidad.
De acuerdo con la iniciativa, la intervención policial será oficiosa cuando haya flagrancia, sin necesidad de denuncia previa. El argumento: garantizar la movilidad y la paz pública.
La medida apunta a saldar una deuda histórica con la ciudadanía: garantizar el uso libre, equitativo y seguro del espacio público. Pero su eficacia dependerá, inevitablemente, de que las propias autoridades —y en particular la policía— dejen de mirar hacia otro lado cuando las calles se convierten en territorios privatizados por la costumbre y la desidia.
Incapaz la policía de resolver el problema que aqueja en toda la ciudad pero particularmente en las alcaldías centrales como Benito Juárez, el Gobierno capitalino ha optado por intentar contener —por la vía legislativa— una de las prácticas más extendidas y toleradas: la ocupación ilegal de la vía pública por parte de franeleros que condicionan el estacionamiento a cambio de una cuota obligada.
Este lunes, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Cultura Cívica, que propone sancionar con hasta 36 horas de arresto inconmutable a quienes exijan, intimiden o coaccionen a cualquier persona para obtener un pago por vigilar vehículos. La medida contempla también el apartado de espacios con objetos, una práctica ampliamente normalizada que contribuye a la privatización del espacio común.
“El espacio público es un derecho, no una mercancía ni un privilegio”, sostuvo la mandataria desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. “Cuando alguien se apropia de las calles y condiciona su uso, rompe el principio básico de equidad en esta ciudad”, dijo.
La iniciativa, que será enviada al Congreso de la Ciudad de México, busca dotar de herramientas legales a las autoridades para sancionar una práctica que se ha perpetuado al amparo de la omisión institucional. Hasta ahora, ni la policía capitalina ni las alcaldías han mostrado capacidad real para intervenir ante este fenómeno que, además de representar una usurpación del espacio público, se ha convertido en semillero de extorsiones, amenazas, robo y violencia.
Ejemplo del caos en que han convertido los franeleros las calles son colonias del poniente de la alcaldía Benito Juárez como Del Valle Centro, Del Valle Sur, Actipan, Tlacoquemécatl del Valle y las colonias de Mixcoac, particularmente Nonoalco, donde la autoridad capitalina ha resultado incapaz de poner orden en el CETRAM Mixcoac y rutas de microbuses irregulares invaden calles interiores para estacionar sus vehículos.
La Secretaría de Movilidad, con el acuerdo de grupos minoritarios representados por COPACOS que lo impulsan —como en Tlacoquemécatl— ha intentado colocar el sistema concesionado de parquímetros. Pero el manejo poco transparente de los ingresos y la injusta proporción económica que reciben en retribución las colonias ha provocado un rechazo multiplicado.
La reforma se acompaña de una campaña de concientización ciudadana con el lema “El espacio público es de todas y todos”, y de una política pública de atención social, en la que participará la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. Se ofrecerán alternativas laborales y de emprendimiento a quienes viven de la informalidad en la vía pública, en un intento por atender no sólo las consecuencias, sino también las causas.
Por su parte, la consejera Jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, explicó que se plantean modificaciones específicas a varios artículos de la Ley de Cultura Cívica, entre ellos el artículo 28 bis, donde se tipifican infracciones como apartar lugares, obstaculizar el uso común y exigir pagos indebidos por estacionamiento. Además, el artículo 31 establece que esta conducta se considerará una falta tipo F, con arresto forzoso sin posibilidad de sustitución por multa o trabajo comunitario.
La reforma también enlaza estas infracciones con delitos tipificados en el Código Penal capitalino: extorsión (artículo 148), amenazas (209), robo (224) y lesiones (130). A través de esta conexión jurídica, el Gobierno pretende cerrar el paso a quienes se escudan en la ambigüedad entre informalidad y criminalidad.
De acuerdo con la iniciativa, la intervención policial será oficiosa cuando haya flagrancia, sin necesidad de denuncia previa. El argumento: garantizar la movilidad y la paz pública.
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