Dan cárcel inconmutable a franeleros
Franeleros en acción. "Ver para creer", dicen vecinos ante sanciones. Foto: Libre en el Sur.
Aprueba Congreso reforma a Ley de Cultura Cívica que endurece sanciones: apartar lugares y cobrar por estacionamiento ahora es causa de arresto obligado.
Vecinos de la Benito Juárez celebran la medida, aunque persiste el escepticismo por la corrupción policial, como ocurre con franeleros que se apoderan de la calle Manzanas, en Tlacoquemécatl; “ver para creer”, dicen.
STAFF/LIBRE EN EL SUR
A partir de ahora, quienes aparten lugares en la vía pública o exijan un pago por estacionar un vehículo podrán enfrentar de 24 a 36 horas de arresto inconmutable, lo que significa que no podrán evitar la sanción con el pago de una multa.
El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad una reforma a la Ley de Cultura Cívica que endurece las sanciones para los “franeleros” o “viene-viene”, una iniciativa impulsada por la Jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina.
Esta medida representa un cambio drástico en la manera de abordar un problema que ha crecido más del 80 por ciento en los últimos años. Según datos presentados por el diputado Pedro Haces Lago (MORENA), las remisiones por estas conductas se han disparado entre 2019 y 2024.
La reforma adiciona la fracción XXXIX al artículo 3 y el artículo 28 Bis a la Ley de Cultura Cívica, estableciendo infracciones especiales contra la seguridad ciudadana. Se considerarán faltas a la ley el hecho de apartar u obstaculizar con cualquier objeto lugares de estacionamiento, así como exigir a una persona, de cualquier manera, un pago por vigilar, estacionar o cuidar vehículos.
La noticia ha sido recibida con alivio por los residentes de la alcaldía Benito Juárez, quienes por años han sufrido la apropiación de las calles, en colonias como Dl Valle, Tacoquemécatl, Narvarte, Nápoles y Nochebuena.
En Tlacoquemécatl, el problema se ha vuelto insostenible. “Aquí en la calle de Manzanas se han adueñado de hasta tres cuadras”, comenta un vecino que prefiere el anonimato por temor a represalias. “Te obligan a pagar una cuota de hasta 80 pesos para poder estacionarte, y si te niegas, tu coche puede aparecer rayado o con una llanta ponchada”.
A pesar de la aprobación unánime de la medida, un sector de la ciudadanía y algunos legisladores, como Royfid Torres González (MC), han expresado su escepticismo ante la eficacia de la reforma. El principal temor radica en la corrupción policial, que podría impedir la correcta aplicación de la ley. “La ley es un buen primer paso, pero veremos si realmente se aplica”, señala un habitante de Tlacoquemécatl. “Ya estamos hartos de que nos extorsionen en nuestras propias calles. Ojalá las autoridades pongan mano dura y no se quede solo en el papel”.
El congresista Jesús Sesma Suárez (PVEM) manifestó su apoyo al dictamen, ya que con su aprobación se da “un paso decisivo para poder recuperar el espacio público para todas y todos los que habitamos esta ciudad”, al atender la necesidad de poner fin a la apropiación indebida de las calles, problema que ha crecido y no se debe tolerar, ya que se violan los derechos humanos al libre tránsito, el uso del espacio público y la movilidad segura.
Para abordar la situación de las personas que dependen de esta actividad, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo trabajará en conjunto con las personas franeleras y sus organizaciones para “construir empleos dignos”. La diputada Xóchitl Bravo Espinosa (MORENA) expuso que el dictamen tiene como finalidad regular el uso del espacio público para que no sea sujeto de algún tipo de violencia o uso indebido, y que se impulsarán políticas públicas para las familias que dependen de esta actividad, con la creación de alternativas de empleo y de autoempleo.
La congresista Nora Arias Contreras (PRD) señaló que esta reforma es una respuesta a prácticas de riesgo directo para la ciudadanía, como la obstrucción de pasos peatonales, bloqueo de accesos de emergencia, invasión de áreas destinadas al tránsito seguro y uso indebido del espacio. Finalmente, el diputado Alberto Martínez Urincho (MORENA) dijo que las constituciones federal y local garantizan el derecho colectivo al espacio público para la convivencia pacífica, libertades políticas y sociales; además de establecer que las autoridades deberán crear, ampliar, cuidar, mejorar, usar, gozar, recuperar, mantener y defender los espacios públicos.
