Denuncian en pleno corte de agua que desarrollo inmobiliario lleva tres años tirándola en Coyoacán
POR ADRIANA RODRÍGUEZ
Un desarrollo inmobiliario ubicado en Coyoacán a cargo la empresa Quiero Casa lleva tres años desperdiciando 65 litros por segundo de agua, lo que equivale a 5.5 millones por día, denuncian organizaciones civiles y vecinos.
Gustavo López, vecino de la alcaldía, precisó en conferencia de prensa que las cifras anteriores fueron otorgadas por Marco Antonio Reyes Zermeño, director de Proyectos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, durante una mesa de trabajo.
Y dijo que “no hay una sola pipa que destinen a la comunidad. Es más, la obra ha ahorrado una cantidad importante de dinero porque no compran agua tratada para su construcción, usan la propia agua del acuífero”.
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, la Coordinadora de Pueblos, Barrios y Colonias contra la Corrupción Inmobiliaria, así como Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, indican que en el predio –ubicado en Aztecas 215, colonia Pueblo de los Reyes– ya hay habitantes sin que se cuente con manifestación de término de obra.
“Al estar en una zona lacustre es común que las excavaciones que llegan a realizar las constructoras lleguen a encontrar agua, la cual sin ningún pudor, la tiran al drenaje durante casi tres años. Ante las denuncias ciudadanas, el argumento de los funcionarios es que eso pasa en todas las obras”, agregó López.
Foto: Especial
En el lugar –acusaron– ya hay compradores viviendo en el primer edificio y para que no se den cuenta de los afloramientos, sus automóviles los están estacionando en el primer nivel.
“Es decir, que los propios compradores no saben de la situación del predio porque han sido engañados por la inmobiliaria en complicidad con el gobierno… Al ser prioridad de que las constructoras avancen en sus negocios, no existe la mínima voluntad de revisar que se realicen los estudios de mecánica de suelos”.
Un estudio de la UNAM que fue retomado por la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial (PAOT) para su resolución administrativa emitida el 23 de septiembre de 2016 –del cual Libre en el Sur tiene copia- evidenció que dicha agua pertenece al acuífero somero y por lo tanto no se puede tirar al drenaje.
Sin embargo, el desperdicio del agua no ha sido sancionado hasta el momento.
“A lo que nos hemos enfrentado es a una serie de instituciones del Gobierno de la Ciudad de México sea la Asamblea Legislativa cambiando usos de suelo, sea la Seduvi dando a diestra y siniestra permisos con claros visos de corrupción y funcionando como una institución patrimonio-familiar de los funcionarios que la comandan”, dice Sergio González, integrante de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán
“Hemos visto a la PAOT trabajar más o menos bien pero sin garras ni dientes entonces dictámenes que emiten que no colaboran ni ayudan en nada más que simplemente documentar, lo cual reconocemos como algo positivo Invea sí tiene garras y sí tiene dientes, pero coopera en total complicidad con el desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México”, agrega.
Antonio Lara, abogado y director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, expuso que la Comisión Nacional del Agua ha hecho público que la cuenca de México tiene una sobreexplotación que va del 800 por ciento de la subcuenca de Texcoco y hasta 350 por ciento de sobreexplotación en la cuenca de la Ciudad de México.
Los vecinos exigen que se cuide el acuífero, que se conserve y que se sancione a los responsables.
El próximo 5 de noviembre se realizará la entrega de la carpeta con videos y denuncias a la próxima jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
Mientras tanto, este miércoles inició el megacorte de agua en 480 colonias de la Ciudad de México resultando afectadas 3.8 millones de personas por cuatro días.
Un 40 por ciento del agua potable de la ciudad se pierde en fugas, lo que para las organizaciones refleja el poco interés de las autoridades, especialmente si se toma en cuenta que pasa hasta un mes para atender un reporte ciudadano al respecto.
