Espionaje médico
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El espionaje médico se utiliza para obtener historiales médicos, información genética y registros de enfermedades, que pueden ser vendidos a compañías farmacéuticas, aseguradoras o empleadores.
POR NADIA MENÉNDEZ DI PARDO
De acuerdo con diferentes fuentes, el espionaje médico es definido como la obtención de información y utilización de la misma sin la autorización –ya sea de individuos o principalmente de instituciones— con fines que van más allá de la atención médica, como pueden ser el control político, intereses económicos o de dominación social. Esta práctica puede involucrar la intervención en comunicaciones privadas, el acceso sin consentimiento a registros médicos o a la recopilación de datos de salud.
En México, el tema del espionaje médico no ha sido ampliamente documentado. De acuerdo con Nájera (2020) el acceso no autorizado a bases de datos del sistema de salud mexicano ha sido reportado como un problema creciente. La Ley General de Protección de Datos Personales establece lineamientos sobre el uso ético de dichos datos, incluidos los datos de salud (INAI, 2017). Como lo analiza Martínez (2020), que ha señalado que los datos de salud de pacientes en hospitales públicos son susceptibles a ser compartidos o vendidos, lo que puede beneficiar a terceros sin el conocimiento de los pacientes, o de la propia institución.
Estas prácticas pueden ocurrir en hospitales de alta densidad de derechohabientes, como el IMSS o el ISSSTE, donde el control sobre los datos a veces es insuficiente. Durante el periodo conocido como la Guerra Sucia hubo un monitoreo sistemático de la salud de disidentes políticos a través de servicios médicos militares. Este tipo de espionaje se llevó a cabo aprovechando el acceso exclusivo a historiales clínicos en hospitales públicos. (Aguayo, 2010).
En el contexto hospitalario, los principales informantes en casos de espionaje médico suelen ser miembros del personal de salud, como médicos, enfermeras y administrativos, debido a su acceso a información confidencial de los pacientes, o de información del propio hospital. La Declaración de Helsinki y el Código de Núremberg establecen principios fundamentales para la investigación y el tratamiento médico, incluyendo el respeto por la autonomía y la privacidad del paciente (World Medical Association, 2013).
En México, la legislación protege explícitamente el derecho a la privacidad en materia de salud; por ejemplo, en ciertos casos, estudios científicos pueden ser un pretexto para obtener información sensible de poblaciones vulnerables (Jones, 1993). En ocasiones, hospitales públicos realizan monitoreos epidemiológicos que recopilan información médica para rastrear brotes de enfermedades, pero sin considerar el consentimiento adecuado de los pacientes.
Esto puede interpretarse como una forma de espionaje médico si los datos se usan para fines no declarados, como la discriminación de grupos vulnerables, algo que se documentó en el manejo de información durante la pandemia de VIH/sida en los años 80 (Bayer, 1989).
A su vez los hospitales públicos a veces colaboran con empresas farmacéuticas para ensayos clínicos, en los cuales se seleccionan pacientes a partir de los registros existentes. Sin embargo, ocurre en ocasiones que estas prácticas no se realizan con transparencia y podrían clasificarse como espionaje médico si los datos son obtenidos o utilizados sin el consentimiento informado (Rothstein, 2015).
El espionaje médico se utiliza para obtener datos delicados, como historiales médicos, información genética y registros de enfermedades, que pueden ser vendidos a compañías farmacéuticas, aseguradoras o empleadores. Estos datos permiten diseñar productos específicos o ajustar estrategias de mercado sin costos de investigación éticamente realizados (Rothstein, 2015). Algunos datos son utilizados en investigaciones biomédicas sin consentimiento informado, lo que puede derivar en estudios que beneficien a empresas privadas pero violen principios éticos fundamentales (Jones, 1993). El espionaje viola derechos fundamentales al exponer información personal y en algunos casos delicada.
Las aseguradoras o empleadores podrían usar esta información para denegar seguros o empleos basándose en condiciones médicas preexistentes (Cortez, 2016). Las personas con enfermedades crónicas o infecciosas pueden enfrentarse a prejuicios sociales si su condición se hace pública (Bayer, 1989).
La exposición de casos de espionaje médico puede desgastar la confianza en las instituciones de salud. Esta prácticatambién ocurre en clínicas privadas, las cuales recopilan información biométrica o genética que pueden comercializar con farmacéuticas; a su vez información obtenida de los pacientes puede ser utilizada para campañas dirigidas, violando principios de confidencialidad (Cortez, 2016). Es importante destacar que también existe el llamado espionaje industrial, que es común en la industria farmacéutica: Desde el robo de secretos comerciales hasta la contratación de espías para infiltrarse en la competencia, el espionaje industrial farmacéutico es una realidad que afecta a todas las empresas del sector.
De acuerdo con diferentes fuentes (Mc Coy et al, 2017) el espionaje en la industria farmacéutica es un “problema serio y costoso” que implica la obtención no autorizada de información confidencial, sobre productos farmacéuticos, investigación y desarrollo, estrategias de mercado, y otros aspectos importantes. Entre los laboratorios farmacéuticos se han documentado casos de espionaje industrial, donde empresas buscan obtener información confidencial de sus competidores para obtener ventajas comerciales. Estas prácticas incluyen el robo de secretos comerciales, infiltración de empleados.
La detección de espionaje médico implica la implementación de medidas de seguridad y auditoría en los sistemas de información hospitalaria. Esto incluye el monitoreo de accesos a los registros médicos, la identificación de patrones inusuales de consulta de datos y la realización de auditorías periódicas para asegurar que solo el personal autorizado acceda a la información.
En México, el espionaje médico puede ser sancionado bajo diversas figuras legales, el Código Penal Federal establece penas de prisión de cinco a veinte años y multas para quienes revelen información confidencial que perjudique a la nación. La intervención en comunicaciones privadas sin autorización judicial es un delito que se sanciona con hasta doce años de prisión y multas. Los profesionales de la salud que incurran en prácticas indebidas pueden enfrentar sanciones civiles y penales, incluyendo la suspensión o revocación de licencias profesionales.
Es fundamental que las instituciones de salud implementen políticas estrictas de protección de datos y realicen auditorías periódicas para prevenir y detectar posibles casos de espionaje médico, garantizando así la confidencialidad, protección y seguridad de la información de los pacientes.
