RICARDO JOEL JIMÉNEZ GONZÁLEZ/ Colectivo CIMTRA
¿Cómo pueden construirse gobiernos locales transparentes y democráticos en el marco de los sistemas locales de transparencia y anticorrupción? Esta es la pregunta central que se señaló durante la Segunda Reunión de Invierno del Seminario Permanente de la Comunidad PIRC denominada, “Un nuevo diseño municipal para la Rendición de Cuentas y el Combate a la Corrupción”, celebrado en el municipio de Mocorito, Sinaloa, el pasado 1 y 2 de marzo del 2018. El evento fue realizado por el Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el H. Ayuntamiento de Mocorito, con el objetivo de reflexionar sobre el papel de los municipios dentro de los sistemas locales de transparencia y anticorrupción.
Foto: Cuartoscuro
Al respecto se exponen algunas de las ideas centrales. Primero que el diseño institucional municipal en México favorece más la opacidad y el presidencialismo que la transparencia y la deliberación colectiva entre autoridades y ciudadanía. Es un hecho que la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la transparencia son tres elementos ausentes dentro del Artículo 115 Constitucional.
Un elemento que resulta destacado es que dentro de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su Décimo Transitorio señala que los municipios menores de 70 mil habitantes cumplirán con sus obligaciones de transparencia de conformidad con sus posibilidades presupuestarias, esto significa que se exime a la mayoría de municipios del país de responsabilidades de transparencia, es decir, que la mayoría de ciudadanos no podremos saber ni conocer sobre sus acciones, decisiones, funcionamientos, obligaciones y ejercicio de gasto.
Dentro del Seminario se dibujaron tres líneas centrales desde las cuales se puede incidir a favor de ámbitos locales transparentes, que combatan la corrupción y fortalezcan la vida democrática. Primero, la necesidad de una reforma política municipal que coloqué a los ciudadanos en el centro de las acciones gubernamentales a favor de la transparencia, es decir, ser los promotores y los beneficiados de las acciones de apertura gubernamental. Esto implica reformar las leyes que desde un inicio no favorecen la apertura gubernamental y que además mantienen un sesgo centralista. Significa además la reformulación de los mecanismos y espacios de control en la conformación del Cabildo, en especial en la figura de los síndicos y los regidores, así como de los controles sociales en los que la ciudadanía debe intervenir para la toma de decisiones y las sanciones para aquellas autoridades y servidores públicos que no cumplan con sus responsabilidades y cometan acciones de corrupción.
Por otro lado, impulsar acciones -desde diversos frentes y colectivos- que promuevan que los procesos de construcción de los sistemas locales de transparencia cumplan con los estándares de apertura hacia la sociedad así como de selección de aquellas personas que realmente tengan el perfil adecuado para formar parte de los Comités de Participación Ciudadana de los sistemas locales anticorrupción.
Es un hecho que estos espacios están siendo constituidos por personajes cercanos a las élites partidistas locales y a los gobernadores. Aquí la vigilancia de la ciudadanía resulta vital para que estos procesos estén desde su diseño y operación bajo criterios de transparencia y bajo una perspectiva de gobierno abierto. Estos procesos, incluso, deben ser del conocimiento de todas las ciudadanías locales.
La tercera vía es que -desde la práctica- se generen experiencias que coadyuven a la construcción de una nueva cultura a favor de la apertura gubernamental, esto es, a la ejecución de políticas públicas de apertura gubernamental que integre a los actores sociales y gubernamentales, así como a expertos, organizaciones civiles, empresarios, universidades y todos aquellos actores interesados en los asuntos públicos.
En ese sentido, como Colectivo CIMTRA se señalaron una serie de acciones estratégicas que permite -desde la co-creación y la colaboración entre autoridades y ciudadanía- la construcción de gobiernos abiertos, transparentes y democráticos: Primero, la voluntad política de las autoridades que debe expresarse en el interés de reconfigurar su forma de operar internamente y de vincularse con la ciudadanía, es decir pasar de un modelo tradicional de gestión hacia un modelo de innovación y colaboración.
Segundo, ir creando, o en su caso reformulando, un marco reglamentario y normativo, que permitan abonar a la institucionalización de la transparencia proactiva. Tercero, el fortalecimiento de una ciudadanía propositiva, con autonomía, y con la capacidad de generar propuestas y activar acciones que eleven el marco de deliberación, discusión y solución de los asuntos públicos.
Cuarto, la profesionalización de los equipos de gobierno, y en especial, los equipos encargados de la transparencia a fin de darle continuidad a las acciones y mantener un estándar que permitan no sólo atender las obligaciones de transparencia, sino apostar a un esquema de gobierno abierto. Y quinto, el acompañamiento hacia los actores locales por parte de organizaciones y actores externos que les permitan fortalecer sus acciones, su incidencia y visibilidad a favor de la transparencia gubernamental a la par de generar iniciativas proactivas que fortalezcan la vida pública democrática local.
Por supuesto, todas estas iniciativas van de la mano con las otras dos líneas de acción arriba señaladas. Las apuestas están en la escena nacional y local, toca a los actores interesados tomar cartas en el asunto.
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