POR RICARDO JOEL JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Colectivo CIMTRA
En una anterior entrega hablamos sobre los bajos niveles de transparencia proactiva que presentan las 31 capitales-municipios en nuestro país, a partir de una evaluación realizada a inicios de año por parte del Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA).
En términos generales el promedio de las capitales se sitúa en los 30 puntos sobre 100, es decir, no cumplen ni siquiera con sus obligaciones marcadas por las leyes locales de transparencia. Esto pone en entredicho la eficiencia de todo el entramando institucional a escala local que ha sido diseñado para favorecer el ejercicio y defensa del derecho ciudadano a conocer sobre las acciones y decisiones de sus autoridades, sobre todo, a la luz de la reciente conformación de los sistemas anticorrupción.
Resulta necesario para toda acción contra la corrupción contar con un diagnóstico preciso de los nichos y redes de corrupción, de los espacios de interacción proclives a que se cometan actos contra el interés público. Pero, ¿qué aspectos hacen que los municipios sean (los más) proclives a la corrupción?
Como ya lo señalamos la existencia y reforzamiento de nichos y campos de opacidad en el ámbito administrativo y de gobierno, por ejemplo, respecto a la aplicación de los recursos públicos y la toma de decisiones, digamos información sobre las sesiones y resoluciones de los cabildos, sobre la prestación de servicios públicos, todo lo que respecta a la obra pública, sobre los asuntos y decisiones adoptadas en los comités de participación ciudadana, cambios de uso de suelo, permisos de construcción de grandes proyectos, etcétera. A esto se suma al hecho de que existe una cultura patrimonialista de la información gubernamental que hace que los servidores públicos hagan todo lo posible por resguardarla, o mejor dicho, ocultarla.
La asignación de los cargos públicos locales sin mecanismos transparentes, sin criterios, ni méritos fomentan una cultura de amiguismos, compadrazgos y complicidades en grupo o en red y con ello se permite que las cosas se resguarden y se decidan entre unos pocos.
Foto: Especial
Los municipios se han corrompido (y se han dejado corromper) debido a la presión o complicidad con los poderes fácticos (el crimen organizado metido en las policías municipales, por ejemplo) o bien las grandes empresas constructoras que someten y “convencen” a las autoridades para la prestación de favores en un esquema de indefensión y complicidad de las autoridades estatales y federales, incluso de los Congreso locales y los legisladores. Es hecho que el municipio se ha convertido en un negocio redondo para unos cuantos, ya sea por medios formales o informales.
Existen pocos mecanismos de rendición de cuentas, más allá del informe anual de gobierno, los cuales son informes a “toro pasado”, no se tienen mecanismos que abarquen desde la toma de las decisiones, por ejemplo, desde el diseño, la toma de decisión y ejecución de ciertas obras públicas. Si se llega a rendir cuentas de las obras públicas son sin dar mayores explicaciones y sin abrir un diálogo con la ciudadanía.
La ausencia de contrapesos reales, tanto a escala local y estatal (el contralor municipal, sin autonomía, ni facultades de sanción), así como de figuras ciudadanas (contralores ciudadanos) sin capacidad de incidencia, sin decisiones vinculatorias y sin dientes para enfrentar los vicios y las inercias de las estructuras burocráticas, grupales y de partido. A ello se suma la falta de sanciones a servidores y autoridades que los imposibiliten a continuar en el servicio público local. Esto permite que no haya castigo, sino por el contrario, se premia a aquellos servidores públicos que “saben cómo hacerlo” sin que los “cachen”.
También el diseño y ejecución de algunas políticas públicas que aterrizan en los municipios, las asistencialistas por ejemplo, permiten engrosas la cultura de compra de conciencias, el uso de los programas sociales para fines partidistas, grupales, el desvío de recursos para fines grupales, que además redunda en una falta de transparencia sobre los supuestos padrones de beneficiarios. Esto reduce la facultad de gobernar por parte de las autoridades municipales al simple hecho de administrar (asignar) “despensas y apoyos” con amplios márgenes de discrecionalidad.
Ante esta situación cabe preguntarse qué estrategias implementarán, si así lo desean y se comprometen, tanto el próximo gobierno federal, como los gobiernos estatales y los ayuntamientos, así como las alcaldías de la CDMX, para enfrentar a la corrupción.
comentarios