La dichosa gentrificación
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La palabra gentrificación ha estado en boca de todos en los recientes meses, aunque se trata de un fenómeno que no es reciente, sino que se ha estado dando desde hace décadas, horadando poco a poco, como un enemigo invisible el derecho a la vivienda.
POR NANCY CASTRO
MADRID. La gentrificación, término que se le designa al proceso de renovación de una zona urbana en teoría deteriorada, la cual implica el desplazamiento de su población de una manera forzosa, ha detonado problemas devastadores en el mundo entero.
La palabra gentrificación ha estado en boca de todos en los recientes meses, aunque se trata de un fenómeno no es reciente, sino que se ha estado dando desde hace décadas, horadando poco a poco, como un enemigo invisible el derecho a la vivienda. Este término se acuña en Londres en la década de los 60 por la socióloga Ruth Glass para describir la transformación de barrios obreros.
En México, se intensifica en la década de los noventa, sobre todo en ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, debido a la infraestructura turística y creación de espacios culturales. Posteriormente con la inversión de grandes empresas extranjeras especuladoras, que se apropiaron de zonas con alto potencial comercial, siempre con la complicidad del gobierno competente haciendo cambio de uso de suelo para el beneficio de estas empresas. Bajo el propósito de beneficiar a unos pocos. Es así que empieza a darse el fenómeno con mayor impulso.
El gobierno puede legislar, regular o prometer medidas, pero sin la presión de la ciudadanía los intereses inmobiliarios siempre encuentran grietas…”
A raíz de las transformaciones que sugirió la pandemia del COVID-19, los nómadas digitales resultaron ser el factor que detonó y convulsionó las ciudades; transformando tanto el aspecto laboral, como su manera de viajar y desplazarse es que han puesto en riesgo la oferta de la vivienda y como no es asequible el coste de los alquileres para el grueso de la población, familias enteras se han tenido que desplazar de la zonas centrales, en su mayoría optan por la periferia, porque no da para más.
Así es que no, la dichosa gentrificación no es de hoy, vino desde ayer, cuando se toleró que el suelo se vendiera al mejor postor, sin importar la gente que lo habitaba. Vino desde ayer, cuando los terremotos del 85 dejaron huecos que luego fueron rellenados por inmobiliarias.
No empezó con los cafés de especialidad ni con los murales “instagrameables”. Se gestó desde los primeros desalojos silenciosos, desde los edificios como el Tonalá ocurrido este 26 de agosto, cuando llegaron elementos de la Policía y Guardia Nacional, invadieron el inmueble y desalojaron a 22 familias, sin notificación previa ni orden judicial visible. La disputa se dio por la posesión del inmueble a través de sus nuevos propietarios. Los vecinos sospechan que el verdadero fin es reconvertir el inmueble en departamentos turísticos. En la colonia Roma desde 2018, plataformas como Airbnb, representan un departamento turístico por cada 10.
Ante las críticas, el Gobierno de la Ciudad anunció que ofrecerá apoyos de renta a las familias afectadas, analiza “comprar” y rehabilitar los inmuebles y “devolverlos” a sus habitantes.
¿Qué está haciendo el gobierno para regular la vivienda en CdMx?
En julio de este año, Clara Brugada lanzó el plan “Bando 1: Por una Ciudad Habitable y Asequible”: planteando 14 medidas para contener la gentrificación y mejorar la vivienda, entre las que se encuentran Índice de precios de alquiler razonable, y definición de “Tensión Inmobiliaria “, regulación de alquileres turísticos y plataformas como Airbnb, establecimiento de una Defensoría de Derechos Inquilnarios, para brindar apoyo legal, mediación y sanción de abusos. Se plantea limitar estancias en plataformas de renta turística a un máximo de 180 noches al año.
Incluso con estas reformas, la efectiva protección depende de que las personas conozcan y utilicen los mecanismos que existen. Algunas acciones clave son:
Utilizar la Defensoría de Derechos Inquilanarios en caso de subidas de renta o desalojos.
Exigir el cumplimiento del límite de aumento de renta y apoyarse en el índice de alquiler razonable.
Con la consigna “No pago renta, estoy en huelga” miles de manifestantes en 1922 se unió al movimiento inquilinario que se extendió por el país, organizado por las juventudes comunistas y el Sindicato Revolucionario de Inquilinos que buscaba protestar contra los altos precios de los alquileres, la huelga que comenzó en la Ciudad de México se extendió a otras ciudades como Veracruz, Minatitlán, Mérida y Zacatecas.
Con estos antecedentes e informándose y teniendo en cuenta que la vivienda es un derecho universal, no un privilegio condicionado al mercado, lo que queda es organizarnos. El gobierno puede legislar, regular o prometer medidas, pero sin la presión de la ciudadanía los intereses inmobiliarios siempre encuentran grietas. Ya en 1922, los inquilinos hicieron temblar al poder con su huelga, hoy toca pensar en un movimiento que defienda el hogar como un espacio común y no como una mercancía. No se trata sólo de evitar un desalojo o de frenar un alza injusta en la renta; se trata de recuperar la ciudad para quienes la habitan, de poner la vida por encima del lucro. Porque si la dichosa gentrificación vino desde ayer la respuesta debe construirse desde hoy.
