Los mitos de la coalición gobernante

Morena y aliados ganaron el 2 de junio con apenas el 38% del total de la ciudadanía que está en condiciones de sufragar.

POR ITZEL GARCÍA MUÑOZ

“Lo más difícil de explicar es aquello evidente que todo mundo ha decidido no ver” . Ayn Rand.

Una persona muy cercana me ha dicho, en reiteradas ocasiones, que a las y los mexicanos nos encantan los mitos y honestamente tiene bastante razón. Tomaré como punto de partida una de las definiciones de la Real Academia Española que establece que un mito es una persona o cosa a la que se le atribuyen cualidades o excelencias que no tiene. En función de ello me atrevo a escribir, porque hoy ir en contra de la narrativa oficialista es un atrevimiento, una transgresión contra el orden establecido, que quienes gobiernan no son, en los hechos, una mayoría aplastante, que ganó legítimamente en las urnas y que ello representa una democracia mayoritaria.

Y en efecto, la coalición gobernante no es una mayoría legislativa apabullante porque durante la jornada electoral del pasado 2 de junio votó un 60% del padrón electoral, el otro 40 % no acudió a las urnas. Por lo tanto, el 54% de los votos que la coalición aludida obtuvo respecto de las pasadas elecciones legislativas representa aproximadamente el 38% del total de la ciudadanía que está en condiciones de sufragar. En ese sentido, el porcentaje citado no constituye ni siquiera una mayoría absoluta del electorado, o sea un cincuenta más uno. En realidad se trata de una mayoría relativa.

El segundo mito, que se deriva del primero consiste en que la coalición oficialista ganó legítimamente la mayoría calificada en las urnas. Aquí cabe aclarar que la coalición citada se hizo de una mayoría calificada artificial, ilegítima e inconstitucional en la Cámara de Diputados gracias a las trampas que astutamente plasmaron en su convenio de coalición; así como a la complicidad de la mayoría del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quienes en vez de velar por la autenticidad y la igualdad del voto ciudadano, regalaron a la coalición oficialista el 17% de los votos que no obtuvieron en las urnas, vaya robo en despoblado al electorado de la oposición.

Al respecto, la mayoría del Tribunal Electoral no se tomó la molestia de admitir y resolver los miles de juicios para la protección de los delitos electorales del ciudadano que promovieron aquellas personas que pensaban que antes que proteger los intereses de la coalición oficialista era deber de las y los magistrados electorales, como jueces constitucionales que se supone que son, salvaguardar el principio de igualdad y autenticidad del voto. Sin embargo, la mayoría de ese tribunal, con la mano en la cintura, deshecho todos los juicios citados. También ignoró los argumentos vertidos en los escritos de Amicus Curie que son una serie de opiniones técnicas que aportaron terceros interesados en el recurso de inconformidad mediante el cual varios partidos políticos de la oposición impugnaron el acuerdo de asignación de los escaños de representación proporcional en la Cámara de Diputados.

El tercer mito  es que todo lo anterior representa una democracia mayoritaria. El problema estriba en que esa mayoría ha dejado de ser democrática a partir del momento en que impuso su agenda de gobierno sin escuchar a la oposición y a otros actores de la sociedad mexicana que deberían ser tomados en cuenta porque actualmente la democracia debe ser inclusiva.

Un ejemplo reciente de la tiranía de la mayoría que está en gestación fue el proceso legislativo que en días pasados se llevó a cabo en un recinto alterno al del Palacio Legislativo de San Lázaro donde se aprobó una reforma al Poder Judicial de la Federación sin que la mayoría oficialista permitiera aportaciones de la oposición, de quienes integran ese poder, del profesorado y alumnado de las facultades y escuelas de Derecho, de organizaciones de la sociedad civil vinculadas al tema de justicia, trayendo como consecuencia que quienes se han visto afectados por esa mayoría artificial e ilegítima tomen las calles.

Hago votos para que, en primera instancia, quepa la mesura en quienes detentan el poder porque lo que mal empieza, mal acaba. Estamos al principio de una crisis constitucional que debe parar ya que el desmantelamiento del poder judicial que contiene la reforma constitucional aprobada mayoritariamente no resolverá en nada los problemas estructurales de la justicia y en cambio traerá altos costos de largo plazo para la sociedad méxicana.

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