FRANCISCO ORTIZ PINCHETTI
Presumen las autoridades delegacionales de Benito Juárez que es la única demarcación de la Ciudad de México que cuenta con videocámaras de vigilancia en todos sus parques. Me parece magnífico. Sólo les pregunto para qué sirven.
Nuestros parques juarenses, que en su mayoría han sido remozados recientemente (no en todos los casos de manera acertada, por cierto), padecen todavía muchas insuficiencias que debieran atenderse, a partir de ser considerados espacios públicos para el disfrute de los habitantes y visitantes de la delegación.
Hasta ahora, sin embargo, lo que vemos con frecuencia es todo lo contrario. La mayoría de nuestros jardines están invadidos por comercio informal, a menudo con la anuencia (o complicidad) de las autoridades. Es frecuente que en parque como el de Los Venados, por ejemplo, se instalen supuestas “ferias artesanales” que en realidad son negocio particular de alguna lideresa que comanda a un grupo de comerciantes y que se “arregla” con la autoridad para ocupar un espacio púbico durante dos, tres semanas o más.
Pareciera que no se entiende el sentido cabal de lo que es el espacio público y su uso adecuado. Me temo que no es así: claro que se entiende, pero primero está el negocio.
Un caso singular es el del parque de San Lorenzo, en Tlacoquemécatl del Valle. Se trata de uno de los parques juarenses que están protegidos por la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico de la capital, por lo que no podrían ser intervenidos. Además, el que nos ocupa posee un tesoro artístico y cultural catalogado por el INHA: la capilla franciscana de San Lorenzo Mártir, construida en el siglo XVI.
Gracias a la vigilancia y a la presión vecinales se ha logrado mantenerlo prácticamente limpio de ambulantaje, a pesar de ser un espacio muy codiciado comercialmente por su cercanía con avenidas como Insurgentes Sur y el eje de Félix Cuevas, lo que implica una clientela cautiva de consumidores de alimentos.
Pues bien, resulta que hay un par de entrenadoras de perros que se han apropiado de un espacio público, el corral para mascotas (absurdamente instalado por cierto a sólo 50 metros de la capilla mencionada), para un negocio particular: su propia “escuela” para perros.
Tres veces a la semana, cuando menos, ocupan durante dos o tres horas esa área con hasta 30 animales, a los que sueltan para que correteen a sus anchas, con lo que impiden que los vecinos lleven ahí a sus canes. Con ello, además de violar un reglamento que expresamente lo prohíbe, provocan una grave contaminación, pues los animalitos levantan una polvareda infestada de sus propias heces y orines que cubre gran parte del parque, donde niños, deportistas y adultos mayores son los principales afectados.
¿Y las videocámaras? De nada han servido. Tampoco las reiteradas quejas ciudadanas contra la actividad de esas entrenadoras, que además son reincidentes: hace un par de años fueron remitidas por la policía ante el juez por apropiarse de la cancha de básquet que ahí existe para la misma actividad. Entonces se comprometieron por escrito a no hacerlo más…
Es obvio que esas personas tienen un arreglo monetario con la autoridad, acusada este mismo miércoles –¡otra vez!–de extorsionar a empresarios establecidos y vendedores ambulantes (Reforma, 30 de mayo de 2018), o de manera “informal” con los inspectores, para violar leyes y reglamentos a su antojo y usufructuar un espacio público para negocios particulares… O para la promoción política partidista. Ni si quiera la contienda electoral los detiene. Válgame.
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