FRANCISCO ORTIZ PINCHETTI
El asesinato del señor Manuel Domínguez Torres, que no otra cosa fue su muerte hace dos semanas en la avenida Coyoacán de nuestra alcaldía Benito Juárez, pone foco en un abuso frecuente de los desarrollos inmobiliarios y en la tolerancia –si no franca complicidad- de las autoridades locales. Lo vemos todos los días, en todas las calles de la demarcación. Y es algo adicional a las flagrantes violaciones a los reglamentos de construcción y al Uso del Suelo, como la edificación de más pisos que los permitidos, que son el pan nuestro de cada día en las colonias juarenses.
Pese a estar prohibido, es práctica común de las constructoras el apoderarse de las banquetas para depositar en ellas grava, tabiques, varillas y otros materiales que deberían guardar en el interior de la obra. Esto obliga a los transeúntes a bajar al arroyo y exponer su vida, como ahora desgraciadamente constatamos, para librar el obstáculo. Inaudito: los negociantes impiden el paso a los vecinos impunemente y los exponen al tráfico de vehículos. Tampoco se cumple con las normas de protección civil, que debieran asegurar los señalamientos correspondientes y claros y los pasillos protegidos para el tránsito de los peatones. Y todo ello adicional a las flagrantes violaciones a los reglamentos de construcción y al Uso del Suelo, como la edificación de más pisos que los permitidos, que son el pan nuestro de cada día en las colonias juarenses.
Ese fue precisamente el caso del señor Domínguez Torres, un hombre de 72 años de edad vecino de la colonia Del Valle. Al regresar del mercado a su casa luego de realizar algunas compras, se encontró que la acera por la que caminaba, en la avenida Coyoacán 636, justo frente a una obra en construcción, estaba bloqueada por un tapial, materiales y cuatro trabajadores que animadamente platicaban sin importarles obstaculizar el paso. De manera prácticamente automática, don Manuel con sus bolsas de mandado bajó de la acera y caminó por el arroyo vehicular, en una arteria de intenso tráfico que es un Eje Vial, y para librar un camión revolvedor de cemento que se encontraba, indebidamente también, estacionado en el carril izquierdo, rodeó el vehículo y siguió en el límite de ambos carriles.
En ese momento, el chofer de la revolvedora, propiedad de la empresa Grupo Kinkle, subió al vehículo y arrancó, aparentemente sin percatarse de la presencia del peatón y al ver que el camión se ponía en marcha trató de correr para evitar ser atropellado, limitado como estaba por el tráfico del segundo carril. Como se aprecia en los videos divulgados, la camión revolvedora, manejado por Margarito Alejandro Hernández, lo arrolló y pasó sobre él, causándoles una muerte instantánea.
Imagen de video.
Aunque había trabajadores presentes, no hubo quién dirigiera a los peatones; tampoco hubo abanderados y guías, o conos, señalamientos y tambores como obliga la Ley, aseguró la hija de la víctima, Esther. Además, contó que el MP DE Benito Juárez le dijo que el camión de la cementera no estaba asegurado y que el conductor de la unidad no tenía licencia o identificación al momento de ser detenido por la policía local. Sin embargo, fue liberado al no existir en primara instancia una evidencia de su culpabilidad. El colmo. Tuvieron los familiares, no la policía, que conseguir videos entre los vecinos para presentarlos como prueba y obtener que el caso fuera reabierto., aunque hasta ahora sin resultados.
Nos dicen que de comprobarse que hubo negligencia y falta de aplicación de los protocolos de protección civil, el asunto amerita sanciones como suspensión total de la obra, multas hasta de 60 mil pesos e inclusive la cancelación de la licencia del Director Responsable de Obra (DRO), en este caso el arquitecto Adolfo Carlos Alavez Szymanski.
¿Y quién va a pagar por el asesinado de don Manuel Domínguez Torres y por el dolor de su familia? ¿La empresa constructora? ¿Los dueños de la revolvedora? ¿El irresponsable chofer? ¿El DRO? ¿La autoridad que no vigiló la aplicación de la Norma por negligencia o por complicidad? ¿Quién?
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