FRANCISCO ORTIZ PINCHETTI
Una premisa histórica y fundamental de Libre en el Sur ha sido pugnar por que se respete en el país, en la capital y particularmente en la delegación Benito Juárez el Estado de Derecho. Por eso me alienta que sea tema de la campaña electoral a través de la propuesta de uno de los candidatos a la diputación local por el Distrito 17 en el próximo Congreso de Ciudad de México.
En entrevista con este medio, René Vivanco Balp, aspirante del PRI a esa diputación local, denunció con razón que en Benito Juárez se dan violaciones sistemáticas y cotidianas a la Ley de Cultura Cívica, desde los franeleros a los que se tolera cuando literalmente usufructúan los lugares de estacionamiento, hasta tiraderos clandestinos y la permisividad con personas que no recogen las heces fecales de sus mascotas. Su no cumplimiento también implica basura tirada en las calles, vendedores ambulantes que se apropian de la vía pública, ruido excesivo fuera de los horarios permitidos y “arrancones” en las calles de la demarcación.
Foto: Cuartoscuro.
Hemos sostenido siempre, como ahora lo hace el candidato priista, que la vigencia del Estado de Derecho empieza precisamente con la observancia de las normas concretas y cotidianas que hacen posible una convivencia civilizada entre los vecinos. El dar su lugar a los adultos mayores, el ceder el paso a los peatones en una esquina, el respetar el ámbito de los niños en los parques, son ejemplos de esa práctica cabal.
Justo lo contrario es el dejar sueltos en calles y parques, sin correa, a nuestras mascotas o permitir que ingresen y destruyan los jardines públicos. También, el tirar en la vía pública envases y envolturas, estacionar nuestro auto sobre la acera, apropiarse de espacios públicos para efectuar negocios privados, desperdiciar el agua o maltratar los árboles y las plantas.
Para fortuna nuestra existe una Ley, si se quiere limitada e imperfecta, para normar nuestra convivencia y procurar el Estado de Derecho en la delegación y en la ciudad capital. Para desgracia nuestra, en la mayoría de los casos esa Ley de Cultura Cívica es letra muerta, pues no sólo los ciudadanos la incumplen, sino también, y eso es lo más grave, las propias autoridades que debieran velar por su aplicación estricta, que incluye por supuesto sanciones para los infractores.
Llevado esto a nivel nacional, nos da la explicación de lo que ocurre todos los días en un país que debiera funcionar realmente como una gran comunidad en la que cada quien cumple su tarea y sus obligaciones. Igual que en el ámbito limitado de una delegación, los mexicanos en general no acatamos las reglas que aseguren nuestra convivencia ni las autoridades cumplen su deber de aplicarla y castigar su violación. Válgame.
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