¿Quién se la pela a quién?
Por María Luisa Rubio González
La semana pasada, en la ciudad de México, fuimos testigos la agresión que sufrieron el City Manager de Miguel Hidalgo, y el Supercívico Arturo Hernández, cuando intentaron poner un poco de orden en esta caótica ciudad. El funcionario Arne, a manos de los guardaespaldas de un empresario de la comunicación; Arturo, el ciudadano, a manos de otro ciudadano que se tomó muy mal la evidencia pública de su falta de civilidad.
El lunes 22 por la mañana, ayer, recibimos en ViveBJ la llamada de una vecina que denunciaba la tala de árboles en un predio particular, ubicado a media cuadra de la Coordinación Territorial BJ5 de la Secretaría de Seguridad Pública. Cuando acudió a solicitar el apoyo de los policías de la Coordinación Territorial, la respuesta fue desesperanzadora: primero se negaron, y cuando la vecina insistió, la maltrataron.
Presionados por las llamadas de varios vecinos y denuncias de la situación en redes sociales, los policías acudieron al predio, y “constataron” que la tala tenía permiso de ¡la Secretaría de Medio Ambiente!, cuando los permisos de tala los expide la Delegación. Entonces: los permisos son apócrifos, y la autoridad no hizo nada, ya sea por falta de conocimiento de la normatividad, por indolencia o por contubernio. ¿O en realidad no había permisos?
Se inició una queja en la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), para que investiguen si realmente existe autorización para el derribo de los árboles, aunque sabemos que, a lo sumo, se obligará al constructor a pagar alguna multa y compensar con árboles que irán a morir, sin mantenimiento y sin ser plantados, al Parque de los Venados. Y sin embargo, hay que denunciar.
¿Será que de verdad no entendemos el círculo vicioso de la impunidad? Es un árbol, señora, dice el policía en un tono que no deja lugar a dudas. No es el árbol, oficial (aunque también). Es el hecho de que realizar un acto ilegal a media cuadra de la policía no tenga consecuencias. ¿Qué tiene de extraño que en esa misma manzana haya un “centro de reuniones”, sin uso de suelo y sin permiso de funcionamiento, que escandaliza hasta altas horas de la madrugada?.
¿Qué tienen en común el empresario de las frases elegantes, el ciudadano que apedrea al ciudadano y todos los involucrados en el derribo de árboles, autoridades incluidas? ¿Qué tienen en común el funcionario Arne, y los ciudadanos Hernández y la vecina que reporta un hecho presuntamente ilegal?
No es, y quiero ser muy clara en esto, una batalla entre buenos y malos. En todas estas historias hay personas que alimentan con sus acciones un tipo de sociedad determinado.
¿Queremos una sociedad donde prive la legalidad, es decir, la certeza de que todo acto que lesione el interés colectivo será inhibido mediante una sanción correspondiente? Pues cumplamos y hagamos cumplir la ley.
El aparato legal con que cuenta la ciudad de México, incluidas sus instituciones, dista mucho de ser perfecto; sin embargo, además de que nos cuesta mucho dinero, establece mínimos indispensables para que los derechos de todos estén salvaguardados. ¿Qué hace falta, entonces? ¿Dónde, quién, cómo, romper el círculo vicioso de la impunidad?
En la otra alternativa, donde priva la ley del más fuerte, el gandallismo es ampliamente recompensado, y la autoridad no figura en absoluto, nos la pelamos todos. Si no me creen revisen un poco el proceso que siguieron otras regiones del país, en Ciudad Juárez, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, el Estado de México. En esos lugares, estimado lector, estimada lectora, ¿quién se la pela a quién?.
