Tras crímenes de alto impacto regularán -al fin- el uso de motocicletas en Ciudad de México

El gobierno local, encabezado por Clara Brugada, enviará una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad.

Casos emblemáticos como el atentado contra Ciro Gómez Leyva y el reciente asesinato de funcionarios capitalinos, empujan la medida.

Según cifras oficiales, los delitos cometidos mediante motocicleta han aumentado un 38% en 3 años; el número de motos en circulación se ha triplicado en una década.

La invasión de motos de cadenas de fast food, cuyos repartidores, muchas veces subcontratados, no tienen derechos laborales claros ni protocolos de tránsito efectivos.

STAFF / LIBRE EN EL SUR

La capital está al límite. La motocicleta, ese vehículo ágil, barato y escurridizo, se ha convertido en una herramienta común del crimen organizado y de agresores urbanos. Tras la ejecución de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos a la jefa de Gobierno Clara Brugada, el gobierno capitalino presentó una iniciativa legislativa para reformar la Ley de Movilidad de la Ciudad de México y establecer mecanismos efectivos de regulación.

El doble homicidio ocurrió en la colonia Moderna. Los agresores huyeron en una motocicleta sin placas, luego de realizar vigilancia previa con vehículos robados. Fue un crimen con manual. La ciudad reaccionó —esta vez sí— con una propuesta concreta: registrar a los motociclistas, endurecer las condiciones de circulación y definir responsabilidades legales.

La consejera jurídica del gobierno, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, declaró: explicó que se trata de “una reforma integral que responde a la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y responsabilidad en el uso de vehículos automotores, particularmente las motocicletas, que han sido vinculadas a ciertos delitos de alto impacto”.

La iniciativa propone modificaciones a los artículos 9, 12 y 64 de la Ley de Movilidad e introduce el concepto de movilidad responsable, con criterios más estrictos para el registro y operación de motos. El Congreso local será el encargado de discutir y aprobar la reforma, que incluye la creación de un registro obligatorio de motociclistas.

Caos urbano, comida rápida y derechos lentos

Pero no son solo los criminales quienes han convertido la motocicleta en una amenaza itinerante. En la otra cara de la anarquía, miles de repartidores de plataformas digitales —de comida, paquetería, farmacia o supermercado— circulan a toda hora en un desorden cada vez más evidente. Presionados por algoritmos invisibles, por tiempos de entrega imposibles y por comisiones precarias, los motociclistas de aplicaciones conducen con una urgencia que convierte cada cruce en una ruleta rusa.

A esto se suma la invasión de motos de cadenas de fast food, cuyos repartidores, muchas veces subcontratados, no tienen derechos laborales claros ni protocolos de tránsito efectivos. Manejan sin casco, se suben a banquetas, ignoran semáforos, y en ocasiones protagonizan agresiones verbales y físicas. No es solo un problema de tránsito: es una bomba social en movimiento.

La falta de regulación sobre estas plataformas —que se deslindan de responsabilidades al considerarse “intermediarias”— ha fomentado un ecosistema donde el trabajador es desechable, el usuario es impaciente, y el Estado apenas observa desde el retrovisor.

Entre los crímenes más notorios que involucran motocicletas están:

Asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz (20 de mayo de 2025): Dos colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, fueron asesinados en la colonia Moderna por sujetos que huyeron en motocicleta. El ataque fue ejecutado por sicarios profesionales en hora pico sobre la calzada de Tlalpan, sugiriendo una operación cuidadosa y planeada. La hipótesis más fuerte apunta a una venganza del crimen organizado, en respuesta a recientes detenciones de líderes criminales.

Atentado contra Ciro Gómez Leyva (15 de diciembre de 2022): El periodista fue atacado por un sujeto armado a bordo de una motocicleta mientras circulaba por Coyoacán. Gracias al blindaje de su vehículo sobrevivió. El caso mostró el grado de planeación que puede implicar un ataque de este tipo.

Atentado contra Diana Sánchez Barrios (octubre de 2024): La diputada suplente del PRI fue atacada a balazos en el Centro Histórico de Ciudad de México. El agresor huyó en motocicleta. El ataque dejó una persona muerta y dos heridas, incluyendo a la legisladora.

Asaltos a ciudadanos comunes: En redes sociales circulan numerosos videos que muestran asaltos cometidos por individuos a bordo de motocicletas. Por ejemplo, en la colonia Argentina Antigua, alcaldía Miguel Hidalgo, una pareja fue asaltada mientras se encontraba en su motocicleta; el hombre resultó herido.

Otro caso se registró en la Calzada de Tlalpan, donde un motociclista fue perseguido por sujetos en otra motocicleta con la intención de robarle su vehículo.

Además, en la colonia Coapa, un hombre frustró un intento de robo de motocicleta al enfrentar a los ladrones, quienes huyeron del lugar.

Según cifras oficiales, los delitos cometidos mediante motocicleta han aumentado un 38% en tres años, mientras que el número de motos en circulación se ha triplicado en una década. La pandemia aceleró este crecimiento, sin que la infraestructura legal o de seguridad acompañara el fenómeno.

La iniciativa busca establecer la responsabilidad del conductor, promover la trazabilidad de las motocicletas y evitar que estos vehículos sigan siendo “fantasmas legales”. Aunque no se trata de una reforma federal —como se especuló en algunos medios—, sí se reconoce la posibilidad de futuras armonizaciones legislativas a escala nacional.

Regular el uso de la motocicleta no será sencillo: implica confrontar al crimen, pero también al capitalismo salvaje de las plataformas tecnológicas y a la negligencia institucional que convirtió a la moto en emblema del desorden urbano.

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