Van 66 mil desaparecidos en nueve años

Y sólo 373 condenas contra responsables…

Del total de 471 sentencias por desaparecidos en los estados, entre 2017 y enero de este año, 359 fueron condenatorias y 90 absolutorias.

OMAR OJEDA ROMERO / ANIMAL POLÍTICO

En México sólo se han dictado 373 condenas por desaparición forzada y cometida por particulares entre 2017 y enero de 2025, de acuerdo con información de los poderes judiciales estatales y federal, entregada vía Transparencia.

En tanto, con cifras revisadas al 21 de marzo de 2025, el Registro de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RPDNL) sumó en ese lapso los casos de 66 mil 389 personas desaparecidas. La cantidad de sentencias equivale al 0.56 por ciento de ese total.

Cifras que, a decir de especialistas y organizaciones, muestran cómo prevalece la impunidad ante la crisis de desapariciones y hechos como el del presunto campo de adiestramiento de asesinatos en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, con fiscalías que hacen investigaciones deficientes, corrupción de autoridades y falta de apoyo a las familias buscadoras.

El Consejo de la Judicatura Federal contabilizó 14 condenas de jueces federales por casos de desaparición en los últimos 9 años, aunque también dio datos de años previos, registrando en total desde 2006 sólo 40 condenas y 62 absoluciones, sin especificar cuántos casos fueron por desaparición forzada, es decir, con la intervención de autoridades, y cuántos cometidos por particulares.

Del total de 471 sentencias en los estados, entre 2017 y enero de este año, 359 fueron condenatorias y 90 absolutorias, mientras que en 22 sentencias no se especificó el sentido de las mismas.

Fueron 68 sentencias por desaparición forzada, donde estuvieron involucradas autoridades; 201 por desapariciones cometidas por particulares, y en 202 casos no se especificó el delito.

Guanajuato encabezó el conteo estatal, con 90 sentencias; seguido de Sonora, con 52, y Jalisco con 42, algunos de los estados más afectados por la crisis de violencia y desapariciones.

Para entender mejor: Buscadoras reclaman a Alfaro inacción para buscar a desaparecidos en Jalisco; cifras se triplicaron en su sexenio

Por otro lado, los estados que reportaron menos sentencias por desaparición de personas fueron Aguascalientes, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, con una sentencia cada uno.

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas se aprobó en noviembre de 2017 y, posteriormente, diversos estados homologaron los tipos penales con la ley general.

“No había una homologación respecto a qué entender, qué significa o cómo se considera cuáles son los elementos del delito de desaparición forzada, y de la desaparición cometida por particulares. En la mayoría de los casos que se han litigado a nivel región, tienen este componente de que es realizado por agentes del estado, fuerzas de seguridad en su mayoría, militares, y casos que cuentan con la permisividad de las autoridades”, explicó Claudia Morales, coordinadora de Proyectos de Impunidad Cero.

Los años de 2022, 2023 y 2024, en el periodo analizado, son los que registraron la cifra más alta de sentencias.

Para la especialistas de Impunidad Cero, en esto interviene que los estados y sus jueces han contado con más herramientas metodológicas y jurídicas, para encarar los casos, aunque como ya mencionamos, ante la cantidad de desapariciones la cantidad de sentencias muestra que aún prevalece la impunidad.

Guanajuato, por ejemplo, fue el estado que contabilizó más condenas contra culpables, con 62 entre 2017 y enero de 2025, pero en el mismo periodo se sumaron al registro 2 mil 439 casos de personas desaparecidas.

En Jalisco se reportaron 8 mil 890 personas desaparecidas y las condenas por delitos de desaparición fueron 27, equivalentes al 0.30% de los casos.

Tamaulipas contabilizó 4 mil 628 personas desaparecidas, mientras que las sentencias condenatorias por los delitos de desaparición de personas sólo sumaron 6.

Por su parte, Quintana Roo no reportó ninguna sentencia y contó con 1 mil 133 reportes de personas desaparecidas.

“No todas las fiscalías cuentan con análisis de contexto. La responsabilidad de la fiscalía es mucho mayor a la del poder judicial. El poder judicial tiene que tomar decisiones a partir de ciertas reglas que ellos tienen, respetar la legalidad, la constitucionalidad y la convencionalidad de lo que le están presentando”, mencionó Morales, de Impunidad Cero.

“Si le presentan una investigación deficiente, carente de muchas cosas, pues es obvio que no van a poder resolver de la forma en la que podríamos llegar a obtener reparaciones, sanciones a responsables, verdad y justicia”, agregó.

Los datos entregados por el Consejo de la Judicatura Federal muestran que el tiempo de solución de un expediente, entre la apertura y la sentencia, oscila entre 2 y 8 años.

Por ejemplo, el expediente 257/2012 en el Juzgado Quinto de Distrito en Chihuahua tuvo una sentencia absolutoria hasta 2015. Y el expediente 88/2014 en Chihuahua finalizó con sentencia condenatoria hasta 2021.

Según el folio FGR/UETAG/003381/2024, entre 2015 y 2023 se abrieron 2 mil 019 carpetas de investigación por desaparición de personas por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que en el mismo periodo se reportaron 80 sentencias, de las cuales 30 fueron condenatorias.

“La baja cantidad de sentencias condenatorias, en relación con el gran número de casos de desaparición registrados, llevan a niveles de impunidad casi absolutos”, señaló al respecto la organización Cero Impunidad.

Otra organización, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro destacó en el contexto del caso Teuchitlán, Jalisco, la falta de eficacia de las fiscalías, para buscar que se haga justicia en los casos de desaparecidos. 

“La Crisis de Desapariciones de México necesita otra justicia. Aunque se nos distraiga con la errónea reforma judicial, la justicia no mejorará con estas decadentes fiscalías”, señaló.

“La impunidad y la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades han convertido esta crisis en una tragedia humanitaria que necesita de acciones urgentes. El hallazgo del Rancho Izaguirre es sólo un reflejo de las distintas fallas estructurales en el país que posibilitan estas atrocidades” refirió en tanto México Unido contra la Delincuencia (MUCD).

“En los hechos, la inacción de las autoridades encargadas de la seguridad y la justicia, como las fiscalías y otros actores gubernamentales, propicia que los grupos criminales lleven a cabo un sin fin de actividades ilícitas”, agregaron.

(Publicado con autorización de Animal Político)

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