Familiares de víctimas de homicidio de la Narvarte exigen a Sheinbaum investigar el caso; hay múltiples inconsistencias: CDHDF
ADRIANA RODRÍGUEZ
Familiares de las víctimas del multihomicidio ocurrido en julio de 2015 en la colonia Narvarte de la delegación Benito Juárez, pidieron a la próxima jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, investigar el caso.
En el marco del tercer aniversario del asesinato de Rubén Espinosa Becerril, Yesenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martin, Nadia Dominique Vera Pérez, y Alejandra Negrete Avilés, acusaron que el gobierno de Miguel Ángel Mancera no mostró interés en resolver el resolver el multihomicidio.
A su vez, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hizo un llamado urgente a las autoridades involucradas para dar cumplimiento a cabalidad de la Recomendación 04/2017, emitida el año pasado.
Familiares de víctimas. Denuncia. Foto: Especial.
“Mientras este caso no se resuelva va a permanecer la impunidad y el mensaje es de permisividad. Es importante que este caso, el caso de la Narvarte, sea resuelto y se llegue a la verdad y que se logre una reparación del daño para las víctimas y para la sociedad que se siente agraviada”, dijo Karla Micheel Salas, integrante de Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.
Asimismo la familia acusó que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México incurrió en una serie de inconsistencias en la reconstrucción de los hechos.
Leopoldo Maldonado, abogado e integrante de la organización Artículo 19, lamentó que a tres años de la investigación, no se hayan tomado en cuenta las líneas de investigación que tienen que ver con la persecución política que denunciaron Nadia Vera y Rubén Espinosa en Veracruz a pesar de haber entregado pruebas.
“Lejos de ir avanzando semana con semana, mes con mes hacia la verdad, nos vamos alejando cada vez más debido a la falta de obstaculización y a la falta de interés por parte de la procuración de justicia a través de la Fiscalía de Homicidios para encontrar en este caso el móvil y para dar con los autores materiales, todos, y los autores intelectuales”, dijo en conferencia de prensa.
Por su parte, Karla Micheel Salas, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, expuso su sospecha de la manipulación de los hechos por parte de la autoridad, pues la narrativa utilizada por la PGJCDMX, basada en el testimonio de tres personas: “Esbeidy N.”, “Antonio C.” y el ex policía Abraham Torres, no coincide con los videos revisados y pruebas en materia criminalística.
“De acuerdo con la versión que construyó la Procuraduría (…) hay tres testimonios que van reconstruyendo las primeras horas una vez encontrados los cuerpos de las cinco víctimas (pero) de acuerdo con los videos y lo que consta en la averiguación previa, no corresponde la secuencia, ni los horarios que describieron estas tres personas con lo ocurrió ese día. Las horas, esta crónica de que Rubén había salido horas antes y luego había regresado al departamento… eso no se ve en los videos”, expuso Salas.
“Aquí nos surge un primer cuestionamiento: ¿de dónde se construyó esa historia?, ¿por qué la Procuraduría manipuló de esa forma a las personas que testificaron y con base en qué elementos decidió que narraran de esa forma los hechos?”.
Rubén Espinoza Becerril, foto periodista asesinado. Tres años.
Múltiples inconsistencias… y solo un sentenciado
A tres años del homicidio perpetrado en el departamento 401, del Edificio 1909, de la calle Luz Saviñón, únicamente existe una sentencia condenatoria a un ex policía. José Abraham Torres Tranquilino tiene una sentencia condenatoria de 315 años, mientras que a las otras dos personas detenidas se les otorgó un amparo.
El asesinato de Rubén Espinosa se da en torno a un clima de violencia para el periodismo en el estado de Veracruz, de donde era originario. Organizaciones civiles señalaron que llegó a la Ciudad de México tras recibir amenazas relacionadas con su labor.
Al igual que Rubén, Nadia había denunciado haber recibido amenazas vinculada por su labor, en este caso, relacionadas al activismo, y responsabilizó al entonces gobernador veracruzano, Javier Duarte de Ochoa.
“Responsabilizamos a Javier Duarte sobre cualquier cosa que nos pudiera suceder, a los que estamos organizados. El estado es responsable de nuestra seguridad, que son los que están mandando a reprimirnos” dijo Nadia en una entrevista difundida en internet en agosto de 2015.
Fue por estas amenazas recibidas que familiares y organizaciones civiles pidieron a la Procuraduría General de Justicia que se ampliara la investigación, sin embargo, lejos de ello, las autoridades cometieron una serie de omisiones, de acuerdo con documentos difundidos por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Para la Comisión de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el crimen se han mantenido en la impunidad y asegura que se trata de “una verdad fabricada con contradicciones; no se ha investigado a posibles autores intelectuales ni a otras personas responsables directas con probable presencia el día de los hechos”.
“La investigación ha sido omisa y carente de perspectiva de género, vulnera el derecho a la libertad de expresión, a defender los derechos y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, son responsables también de la negación del derecho a la verdad y la justicia.
A través de un comunicado con fecha del 24 de julio, el Frayba aseguró que se trata de un “proceso plagado de negligencia e irregularidades, la falta de avances violenta el derecho de las familias al debido proceso”.
Agrega que en un primer momento las autoridades intentaron mantener oculta la identidad de Rubén Espinosa, no se cuidó la escena del crimen ni la cadena de custodia por lo cual las evidencias se alteraron.
Destaca el hecho de que se filtró información a los medios de comunicación y redes sociales con lo que, dijo, se dañó moralmente la memoria de las víctimas y a sus familias.
Asimismo señala que los peritajes presentan contradicciones, no se han esclarecido las circunstancias de los hechos ni el móvil, ni se han investigado las torturas realizadas a Nadia Vera y Rubén Espinosa.
En junio de 2017, la Comisión de Derechos Humanos capitalina emitió la recomendación 4/2017 en contra de la Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
“A casi dos años de ocurridos los hechos, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México continúa agotando las investigaciones; no obstante, la deficiente conducción de las mismas, la omisión de aplicar los protocolos para cada tipo de delito, la demora prolongada en la investigación, la negligencia e irregularidades en la recolección y realización de pruebas, así como la falta de exhaustividad en el seguimiento de líneas de investigación, constituyen violaciones al derecho al debido proceso y debida diligencia.
Entre las principales inconsistencias, la Comisión señaló la contaminación de la escena del crimen. Entre las huellas digitales recabadas en el departamento aparecen las del comandante de la Policía de Investigación Gustavo González Ángeles, quien acudió a la verificación inicial del asesinato.
Según declaraciones, también hubo el ingreso al departamento de dos comandantes de la Secretaría de Seguridad Pública sin que se diera alguna explicación.
Además, señala la Comisión de Derechos Humanos, el departamento no fue analizado por completo, pues falto el balcón, para lo cual las autoridades asistieron un día después.
Asimismo, la Comisión logró documentar y constatar diversas omisiones relativas a investigar con la debida diligencia y perspectiva de género los feminicidios y el homicidio.
