Una vivienda digna

Pareciera que rentar una casa con el salario mínimo no solo en España, en el mundo entero, no fuera un derecho, sino una fantasía propia de juegos de niños.

POR NANCY CASTRO

MADRID. Un grupo de niños en el parque juega a la casita. Un par de ellos entra a una casa de plástico, de esas que te conducen a un tobogán, al tiempo que el pequeño con gestos vocales y corporales de adulto le dice a su compañera de juego: “debemos lavar la ropa por la noche, porque se paga menos luz”.

La preocupación por los gastos encarecidos en los suministros de la vivienda alcanza a niños y adultos, aunque seguramente lo escuchó en la casa que habita con sus padres porque, efectivamente, el servicio de la luz está dando mucho de que hablar en los últimos días; pero no solo la luz, los servicios básicos rebasan la media del salario mínimo. La renta más barata en la ciudad, en una zona más o menos céntrica, por un departamento de 40 metros cuadrados es de 500 euros (11.877,16 pesos mexicanos). Los precios de alquiler son mortales.

El salario mínimo en toda España es de 965 euros mensuales (23,038 pesos mexicanos). Si tomamos en cuenta que para que una familia de cuatro integrantes (padres e hijos) pueda vivir dignamente en un departamento de 80 metros cuadradis. con tres habitaciones, cocina, baño, sala deberá pagar una renta de entre 950 a 1000 € en un barrio clase media, más servicios básicos de agua, gas, luz, y alimentación. La opción es que ambos trabajen.
Tras la crisis económica que ha dejado la pandemia global, millones de familias han perdido su casa en el mundo, ya sea por falta de solvencia económica o por diferentes causas.
En España durante el estado de alarma, el gobierno se comprometió a ofrecer ayudas económicas, como aplazamientos en los alquileres de vivienda, y por lo tanto también suspensión de desahucios (desalojo, por impago).

El índice de desahucio ascendió el primer trimestre en España hasta alcanzara los 10.961, lo que supone un incremento del 13,4 por ciento respecto al mismo periodo de 2020, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Madrid, con 7.353 (21,3 por ciento del total nacional), fue la comunidad en las que se presentaron más demandas de este tipo. Le siguió Cataluña, con 6.258.

Pablo vive en Madrid con sus cuatro hijos y su actual pareja. Hace dos semanas asistió a un juicio tras una orden de desahucio. La orden de desahucio de alquiler es una situación muy frecuente que se produce cuando el arrendador no cumple las condiciones, inicialmente pactadas. Puede ser por diversas circunstancias, falta de pago, atraso de rentas. El arrendatario intenta en estos casos dialogar con el arrendador, a fin de conocer qué provoca llegar esta situación. Lo conveniente es el amparo en la ley. A Pablo le llegó la orden de desahucio hace un año; su situación familiar como la de muchos españoles se vulneró en este tiempo de pandemia.

“Mi situación económica actual como autónomo es complicada, aunque he aumentado mis ingresos más de un 75 por ciento después de un año sin ingresos. Tengo una pequeña empresa con mi pareja. De alquiler de vivienda pago 800 euros, más suministros viene siendo 100 más. En total pago 900. Debido a mi situación familiar, tras un divorcio y la pandemia, no pude hacer frente a cuatro mensualidades. El pago de la renta no lo hago directamente a la propietaria del inmueble, con la que tengo una buena relación, sino a una agencia inmobiliaria que a su vez tiene contratada una aseguradora, que es la que denunció los impagos, sin tener en cuenta ninguna situación personal. Las aseguradoras funcionan de forma fulminante ante cualquier impago. Todo esto provocó que en octubre de 2020 me llegara una orden de desahucio, sin previo contacto.

El impago de los dos meses de confinamiento no eran motivo de desahucio, pero es verdad que ya venía arrastrando dos impagos de tiempo atrás.

El estado de alarma empezó en marzo 2020 hasta el nueve de mayo de 2021. El gobierno, emitió un comunicado que en este tipo de caso, el arrendador negociará directamente con el arrendatario. Desde ese momento a la fecha se intentó demostrar los pagos que había realizado.

La protección por parte del gobierno se vuelve insuficiente debido a la gentrificación, ya que es parte del negocio turístico de la ciudad que permite el uso de viviendas con un fin turístico provocando la pérdida de identidad del centro de la ciudad y aumentando el precio de las zonas limítrofes. Esta situación encarece los precios y expulsa a los ciudadanos de los barrios céntricos de la ciudad.

“Se intentó llegar a un acuerdo con la otra parte, que fue rechazada, platica Pablo. “Al cabo de 2 meses murió la madre de mis hijos y quede al cargo de los cuatro. Se mandó un escrito al juez. El juicio siguió su curso pero se dilató, al no ponernos de acuerdo, la aseguradora que denunciaba quiso aprovechar la situación para meter gastos inexistentes, subiendo la cantidad del impago a cifras irreales. Al no haber acuerdo se puso fecha para el juicio y justo en ese momento se llegó a un acuerdo, pagar 300 euros más cada mes, de esta manera se evitó el levantamiento.

“Este año ha sido tan duro en todos los aspectos, que de alguna manera he desarrollado una especie de fortaleza y coraza, lo único en lo que me centro es en sacar a mi familia adelante. Con tantos trámites y la falta de presencialidad, ha sido agónico cualquier tipo de consulta. Lo que sí quiero recalcar es el poder tan amafiado y desalmado de las aseguradoras, si no hubiese tenido el apoyo de mis abogadas, nos habrían echado a la calle”, concluye Pablo con un destello de esperanza en su mirada.

Pareciera que rentar una casa con el salario mínimo no solo en España, en el mundo entero, no fuera un derecho, sino una fantasía propia de juegos de niños.

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