México, en el núcleo global del crimen organizado
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La ficción estadística de la “baja” frente a un poder criminal intacto
El diagnóstico técnico del Índice Global de Crimen Organizado 2025.
STAFF / LIBRE EN EL SUR
México se ubica entre los tres países con mayor nivel de criminalidad organizada del mundo, de acuerdo con el Índice Global de Crimen Organizado 2025, elaborado por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), un organismo internacional especializado en el análisis de redes criminales transnacionales y de la capacidad de los Estados para enfrentarlas. El informe, que evalúa a 193 países mediante una metodología comparativa y multidimensional, coloca a México en el tercer lugar global en criminalidad organizada, solo detrás de Myanmar y Colombia.
El posicionamiento de México en este índice no responde a una medición coyuntural ni a un repunte puntual de la violencia, sino a la persistencia y consolidación de mercados ilícitos de gran escala, así como a la fortaleza estructural de sus organizaciones criminales. A diferencia de los indicadores oficiales que suelen privilegiar la evolución de delitos específicos —en particular el homicidio doloso—, el índice de GI-TOC mide la criminalidad como un sistema económico, territorial y político complejo.
En la edición 2025, México obtuvo una puntuación de 7.68 sobre 10 en criminalidad total, lo que lo sitúa en el extremo superior de la escala global. En el rubro de mercados criminales, alcanzó 8.27 puntos, el puntaje más alto a nivel mundial, lo que refleja la amplitud, diversificación y rentabilidad de las economías ilícitas que operan en el país. Este resultado no se explica por un solo mercado, sino por la concurrencia de múltiples actividades ilegales que se refuerzan entre sí.
Criminalidad estructural y resiliencia estatal debilitada
El Índice Global de Crimen Organizado evalúa diez mercados ilícitos —entre ellos el tráfico de drogas, la trata de personas, el tráfico de armas, la extorsión, los delitos ambientales y el contrabando— y cuatro tipos de actores criminales, desde redes locales hasta organizaciones criminales altamente estructuradas. A esta medición se suma un índice de resiliencia estatal que valora la capacidad de los países para contener y desarticular estas dinámicas mediante instituciones eficaces, marcos legales funcionales y políticas públicas sostenidas.
En este último rubro, México presenta uno de sus mayores rezagos. Su puntuación de resiliencia se ubicó en torno a 4.5 sobre 10, colocándolo aproximadamente en el lugar 111 de 193 países. Este desempeño refleja debilidades persistentes en la aplicación de la ley, la procuración de justicia, la coordinación institucional y el combate efectivo a la corrupción, factores que limitan severamente la capacidad del Estado para traducir acciones de corto plazo en resultados estructurales.
El informe subraya que las organizaciones criminales mexicanas operan con un alto grado de sofisticación, control territorial y capacidad logística, lo que les permite adaptarse rápidamente a cambios regulatorios, presiones policiales o variaciones en los mercados internacionales. Lejos de debilitarse, muchas de estas estructuras han diversificado sus fuentes de ingreso, combinando actividades de alta violencia con economías ilícitas de menor visibilidad, pero mayor estabilidad financiera.
Esta combinación explica por qué México puede registrar reducciones parciales en ciertos delitos sin que ello implique una disminución real del poder criminal. El índice no mide únicamente cuántos delitos se cometen, sino qué tan profundamente están arraigadas las redes criminales en la economía, la sociedad y las instituciones del país.
La ficción estadística de la “baja” frente a un poder criminal intacto
El contraste entre el diagnóstico del Índice Global de Crimen Organizado y la narrativa oficial sobre una supuesta baja sostenida de la criminalidad es, en esencia, un choque entre dos formas de entender el fenómeno. Mientras el discurso gubernamental se apoya en variaciones anuales de indicadores como el homicidio doloso, el enfoque del índice internacional evalúa la criminalidad como un sistema de poder y acumulación.
Desde esta perspectiva, una reducción en homicidios no necesariamente implica una derrota del crimen organizado. Las organizaciones criminales pueden reducir la violencia visible por razones estratégicas —disputas ya resueltas, pactos territoriales o reorientación hacia mercados menos ruidosos— sin perder control económico ni influencia social. En algunos casos, la disminución de la violencia letal puede coexistir con un aumento de la extorsión, el control de cadenas productivas o la penetración de economías formales.
El informe de GI-TOC advierte que, en México, varios mercados ilícitos clave no solo se mantienen, sino que han aumentado su grado de profesionalización y alcance transnacional, en particular en el caso de las drogas sintéticas. Esta expansión ocurre en paralelo a una capacidad estatal limitada para investigar flujos financieros, desmantelar estructuras completas y reducir la impunidad de alto nivel.
Desde un punto de vista técnico, el problema no es que los datos oficiales sean necesariamente falsos, sino que son insuficientes para describir la magnitud real del fenómeno. Medir la seguridad únicamente a partir de delitos seleccionados produce una ilusión de mejora que no se corresponde con la persistencia del crimen organizado como actor económico y político.
El lugar que ocupa México en el Índice Global de Crimen Organizado 2025 es, por tanto, un indicador de continuidad más que de ruptura. Mientras las políticas públicas no logren debilitar de manera estructural los mercados ilícitos y aumentar de forma sustantiva la resiliencia institucional, el país seguirá figurando en los primeros lugares de la criminalidad organizada global, independientemente de cualquier ajuste favorable en las estadísticas de corto plazo.
