El exilio, última esperanza en Ciudad Juárez
Los conflictos derivados del narcotráfico han provocado un éxodo a otros puntos del país y subido las solicitudes de asilo político en la vecina localidad estadounidense de El Paso, una ciudad que está solo con cruzar el Río Bravo y donde viven numerosas familias de origen mexicano.
Familias amenazadas por el crimen organizado, periodistas que huyeron para salvar su vida y huérfanos que ha dejado la guerra entre los cárteles en el norte de México están a la espera de la decisión de las autoridades del vecino país para evitar regresar a una ciudad en la que sus vidas están en peligro.
“LINCHAMIENTO POLÍTICO”
Incluso esta semana los tres jueces que podrían ser expedientados por dejar en libertad a un presunto asesino han expresado su intención de pedir asilo político si su caso “se complica”, al considerar que se trataría de un “linchamiento político”.
“Nunca en lo que llevo trabajando aquí habíamos recibido tantas solicitudes de México como últimamente por el tema de la violencia. No es normal”, aseguró a Efe el abogado experto en asilo político y miembro del Centro de Abogacía para Inmigrantes Las Américas en El Paso, Eduardo Beckett.
Actualmente la media de llamadas recibidas en dicho centro relacionadas a casos de asilo político es de unas tres diarias. “Nos hablan de diferentes puntos del proceso de asilo. Del centro de detención, o los que se van a entregar, o incluso los que ya están detenidos”, explicó Beckett. “La mayoría es de Juárez y el Valle de Juárez, pero también llaman de otras partes de México, como de Chihuahua y Durango; hasta de Distrito Federal me han hablado”.
La creciente ola de asesinatos en el estado de Chihuahua, al que pertenece Ciudad Juárez y en el que hubo más de 4.600 asesinatos en 2010, ha hecho que decenas de mexicanos esperen con temor la decisión de las autoridades migratorias con la esperanza de no regresar al país donde están amenazados de muerte.
ESPERANZAS FRUSTRADAS
Sin embargo las esperanzas de la gran mayoría de estos mexicanos se vienen abajo al conocer que 7 de cada 10 solicitudes de asilo en El Paso son rechazadas por un juez de migración, según la información obtenida por el organismo Transactional Records Acces.
Uno de los casos más recientes es el de los dos hijos de la activista Marisela Escobedo, asesinada el 16 de diciembre en Chihuahua mientras se manifestaba por el homicidio de otra hija suya en 2008. Su historia conmocionó a México y generó mucha polémica.
Horas después de haber sepultado a su madre y tras haber recibido amenazas en el propio funeral, ambos jóvenes decidieron pasar a territorio estadounidense y desde el 19 de diciembre permanecen en el Centro de Detención y Remoción de El Paso. Eduardo Beckett cree que reúnen los requisitos para ser refugiados o asilados, “aunque pasarán aún varios meses más” antes de obtener una respuesta.
En promedio los mexicanos detenidos por casos migratorios en espera de asilo en El Paso permanecen unos 198 días recluidos en dicho centro y sólo se otorga la calidad de asilado a un pequeño porcentaje, de acuerdo a información del Departamento de Justicia.
Uno de los casos más recientes en los que se dio el visto bueno a una solicitud de asilo fue el del periodista Jorge Luis Aguirre, amenazado de muerte en 2008 y que se ha convertido en el primer comunicador de Ciudad Juárez asilado en Estados Unidos.
Organizaciones no gubernamentales en la frontera coinciden en que en el estado de Chihuahua y especialmente en Ciudad Juárez, existe “un verdadero conflicto armado, una guerra que no ha sido debidamente reconocida por los organismos internacionales y en donde los derechos de la población no están garantizados”.
De la misma opinión es el periodista chihuahuense Emilio Gutiérrez quien, junto a su hijo, se refugió en 2008 en El Paso, horas después del asesinato de su compañero de El Diario de Juárez Armando Rodríguez, “El Choco” y tras recibir una llamada en la que “una voz criminal” le advirtió de que él sería “el siguiente”.
El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos le negó la solicitud de asilo político a él y a su hijo de 15 años. De ser deportado a México, ha reconocido que teme por su vida: “ya hasta pensaba en irme a rifármela a México, aunque es un suicidio”.
Más recientemente, el pasado 8 de enero, también fue rechazado el asilo a José Alarcón, un oficial de la Policía Municipal de Ciudad Juárez que huyó en noviembre con su familia para escapar de la violencia y de las presuntas amenazas de un cártel de la droga.
Por su parte, Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos cree que lo alarmante no es el flujo de personas hacia los Estados Unidos, sino que “el gobierno mexicano no sea capaz de proveer seguridad para la gente, haciendo que nadie este a salvo”. Agregó que uno de los obstáculos a los que se enfrentarán los aspirantes a refugiados “es el de que la política del país es muy hipócrita, en el sentido de que parece que Estados Unidos está preocupado pero no garantiza la protección de mexicanos”.
“(Estados Unidos) sabe que es responsable de lo que está pasando allá y no hace nada. Lo que creemos es que la gente tiene que seguir viniendo, tiene que hacerlo para sobrevivir y Estados Unidos tiene que absorber la responsabilidad de protección”, agregó.
Ciudad Juárez es un punto clave para el tráfico de drogas donde los carteles rivales de Juárez y Sinaloa se apoyan para sus ajustes de cuentas en pandillas juveniles que se han salido de control. (Por Luis Chaparro / EFE REPORTAJES).
