Agua envenenada en BJ: ¡fue diésel!

Al fin sale a la luz explicación sobre la presencia de pipas de Pemex en el pozo Alfonso XIII

Expertos lo habían advertido hace 13 meses; y que además el combustible contaminó el acuífero

Tras largo silencio, el gobierno de CDMX reconoce presencia de combustible en el agua que se bañaron y que bebieron los vecinos.

STAFF / LIBRE EN EL SUR

A más de un año de que surgieran los primeros reportes vecinales, las autoridades capitalinas han terminado por confirmar lo que desde el principio temían los habitantes de Benito Juárez: el agua que brotaba de las llaves estaba contaminada con diésel. Una crisis sanitaria y ambiental que comenzó en abril de 2024 con olor a gasolina, sabor metálico y una textura grasosa en el agua potable, y que fue minimizada, ocultada y finalmente explicada con la lentitud que indigna a quienes enfermaron en el camino.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) reconoció finalmente en mayo de 2025 que el Pozo Alfonso XIII, ubicado en Álvaro Obregón y conectado con la red de suministro de Benito Juárez, tenía presencia de diésel en sus aguas. El hallazgo, que había sido ya advertido por análisis independientes y por la propia experiencia olfativa de los vecinos, ratificó lo que durante meses las autoridades negaron o esquivaron con declaraciones ambiguas.

El origen del desastre se remonta a los días en que los vecinos de colonias como Del Valle, Nochebuena, Nápoles, Narvarte y Ciudad de los Deportes comenzaron a quejarse en redes sociales, medios comunitarios y ante las autoridades. Reportaron síntomas dermatológicos, malestares gastrointestinales, y sobre todo, el miedo de estar siendo envenenados en silencio. Los exhortos oficiales no ayudaron: se limitaban a decir que revisaran sus cisternas, que hicieran limpiezas, que quizá se trataba de residuos de cloro.

Pero el problema era estructural. El Pozo Alfonso XIII fue clausurado días después, y de inmediato se estableció una custodia con elementos de la Guardia Nacional y del Ejército. La escena llamó la atención no solo por el sigilo, sino por la presencia de pipas de Pemex en los alrededores del pozo, lo que incrementó la sospecha sobre un posible derrame de combustible o una filtración desde instalaciones cercanas.

El hermetismo fue absoluto. Las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón solicitaron información oficial e intentaron acceder al pozo para hacer estudios independientes, pero el gobierno de la Ciudad de México les impidió el paso, según denunciaron los propios alcaldes. Sacmex y Protección Civil se limitaron a decir que la situación estaba “bajo análisis”.

Mientras tanto, el agua contaminada seguía saliendo de las tuberías. Los vecinos, organizados en grupos y redes, consiguieron amparos para exigir agua potable segura y documentación oficial de los riesgos sanitarios. Se organizaron para entregar evidencias, muestras, fotografías y hasta testimonios médicos. La confianza en las instituciones se fue resquebrajando al mismo ritmo que el silencio se prolongaba.

Entre las voces más críticas se ha destacado la del diputado local del PAN, Federico Chávez Semerena, quien desde abril de 2024 exigió explicaciones puntuales al gobierno capitalino. Acusó al entonces director de Sacmex, Rafael Carmona, de haber cometido omisiones graves durante dos semanas completas, al minimizar o ignorar los reportes ciudadanos. En conferencia de prensa, Chávez anunció una denuncia penal por daños a la salud y por negligencia, al considerar que la autoridad conocía la contaminación desde antes de hacerla pública.

“Lo más grave no es solo el contaminante”, dijo Chávez en su momento. “Es el manejo político, la opacidad, el desprecio a la salud pública que hemos visto durante toda esta crisis. Se trató más como un problema de imagen que como un problema de derechos humanos”.

De acuerdo con la SGIRPC, el análisis final confirmó la presencia de hidrocarburos tipo diésel, una sustancia derivada del petróleo que no solo es inflamable, sino que puede causar daños severos a la salud al estar presente en el agua de consumo humano. A ello se suma lo reportado por Pemex en sus propios análisis: residuos de aceites, grasas y componentes químicos que pertenecen a la familia de los lubricantes industriales.

Expertos como José Luis Luege Tamargo, exdirector de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), han señalado que la contaminación pudo haber ocurrido a través de una grieta geológica que permitió la filtración de hidrocarburos desde depósitos cercanos. Luege ha insistido en que se trata de un evento grave de afectación al acuífero, cuya recuperación podría tardar años.

Luege Tamargo denunció también que el gobierno pretendía ocultar la información que ya conocía, lo que consignó Libre en el Sur en su momento y que justo ahora se confirma: Hay contaminación del acuífero a gran profundidad, lo que impacta en riesgos para toda la urbe y desmiente la versión oficial de que el agua envenenada procede de un solo pozo de extracción, en la Alcaldía Álvaro Obregón.

De ese acuífero –advirtió Luege–, sobre explotado hace décadas, proviene el 70% del agua que se suministra en Ciudad de México. Las propias fracturas provocadas por esa extracción ilimitada, sostuvo, pudieron haber provocado fracturas por donde ahora se expande el diesel. “Es una información que tenemos nosotros y por tanto la tienen ellos”, asentó el también ex dirigente del PAN en Ciudad de México en conferencia de prensa en oficinas de la Alcaldía Benito Juárez.

“Son tres situaciones graves que son certeza”, afirmó con base en información corroborada por Pemex pero dosificada por el gobierno federal. Lo primero es que el agua está contaminada con diesel, lo segundo que procede de un ducto de Pemex averiado y lo tercero que se filtró a gran profundidad a través de una falla geológica antigua, “algún tipo de fractura”.  

A la fecha, no hay detenidos, no se ha determinado una causa penal o técnica definitiva y el gobierno capitalino sigue sin permitir una auditoría independiente del sistema hídrico de la zona. Sacmex interpuso una denuncia por “sabotaje” sin señalar responsables, lo cual fue interpretado por algunos como una estrategia para desviar la atención de las propias responsabilidades institucionales.

Lo cierto es que la crisis de Benito Juárez dejó mucho más que agua sucia. Dejó una lección amarga sobre el manejo de los riesgos sanitarios en la ciudad, sobre la fragilidad de la confianza pública y sobre el costo real de no informar a tiempo.

Mientras tanto, miles de habitantes aún desconfían de lo que sale de sus llaves. El recuerdo del agua grasosa, del olor a gasolina en el baño, de las erupciones cutáneas, del miedo a bañar a los niños o cocinar con el agua potable, permanece flotando como una mancha que ni siquiera el tiempo ha podido diluir.

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