¿Cuál es la verdad sobre los pinchazos en el transporte público de Ciudad de México?
Revisión de pinchazos ante supuestos pinchazos en el Metro. Foto: Rogelio Morales
El gobierno capitalino improvisa respuestas, pero oculta si hay robos sistemáticos.
Las autoridades confirman 65 agresiones con aguja; en seis casos detectaron drogas como fenciclidina y cocaína.
Staff / Libre en el Sur
Mientras el gobierno de Ciudad de México ensaya respuestas burocráticas y promete reformas legales para “tipificar” lo que ya ocurre en carne viva, los usuarios del Metro —sobre todo mujeres— viven con un nuevo miedo a cuestas: el de ser atacadas con una aguja, de forma súbita y sin razón aparente, mientras transitan por un sistema de transporte que hace tiempo perdió el control sobre su propia seguridad.
Desde mediados de marzo, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México ha recibido al menos 120 denuncias por pinchazos en el transporte público, particularmente en el Metro. De ellas, 65 han sido confirmadas clínicamente como agresiones con objeto punzocortante. En otras 55, no se encontraron signos evidentes de punción, aunque sí se reportaron molestias físicas, moretones o ansiedad postraumática.
Lo más inquietante no es solo el número de casos, sino la detección de sustancias químicas en seis personas agredidas. En sus organismos se encontraron rastros de benzodiacepinas, THC, fenciclidina y cocaína, drogas que —según los expertos— pueden tener efectos sedantes, disociativos o alucinógenos. Las autoridades han querido restar importancia señalando que las dosis eran bajas o que no comprometieron la salud de las víctimas. Pero el hecho sigue ahí: en varios cuerpos había droga, y nadie explica quién, cómo ni por qué la introdujo.
Hasta ahora, se ha anunciado con cautela la detención de tres presuntos agresores, sin que se revelen mayores detalles sobre sus identidades, motivaciones o si hay conexión entre ellos. ¿Actúan de forma aislada? ¿Hay una red criminal operando bajo este modus operandi? ¿Hay fines de abuso sexual, robo, trata, sometimiento? Nada ha sido esclarecido.
En cuanto a robos concretos tras los pinchazos, las autoridades no han documentado formalmente ninguno. No hay cifras públicas que indiquen que los ataques hayan derivado en hurtos sistemáticos, aunque algunas víctimas refieren que fueron despojadas de pertenencias tras sentir el piquete o perder el estado de alerta. El dato flota en el limbo institucional, como muchas otras aristas de esta historia.
Como suele ocurrir en la política capitalina, la reacción más veloz vino en forma de papel: una iniciativa de ley que propone castigar con hasta cinco años de prisión a quien “administre sustancias de forma subrepticia”. Clara Brugada, jefa de Gobierno, presentó la propuesta con tono resuelto, pero sin acompañarla de un plan integral de atención, protección y prevención. Mientras tanto, se reforzó la presencia de policías encubiertos en el Metro y se instruyó a personal de seguridad para vigilar más… aunque sin suficientes ojos ni recursos.
Más allá de las cifras, la narrativa oficial aún flaquea: primero se minimizó el tema como un “pánico colectivo”; luego se prometió seguimiento semanal; ahora se reforma el Código Penal sin esclarecer el fenómeno. A cada paso, las autoridades parecen más interesadas en administrar la percepción pública que en contener el problema real.
La pregunta de fondo permanece: ¿puede considerarse “normal” que más de un centenar de personas —en su mayoría mujeres— denuncien ser atacadas con jeringas o agujas mientras viajan al trabajo, a la escuela, a sus vidas cotidianas? ¿Es aceptable que seis de ellas tengan sustancias tóxicas en el cuerpo y que no sepamos nada del agresor ni de su motivación?
Quizá la jeringa se convierta en el símbolo más cruel de esta nueva etapa del colapso del transporte público: una aguja invisible que no solo inocula drogas, sino miedo, silencio e impotencia. Y en Ciudad de México, ese veneno ya ha empezado a circular.
