Ciudad de México, julio 18, 2024 14:42
Revista Digital Julio 2024 Vida

Cuerpos violentados

La esterilización forzada ha afectado desproporcionadamente a las mujeres. Se trata de una violación grave de los derechos humanos y puede tener consecuencias físicas, psicológicas y sociales significativas para las personas afectadas.

POR NADIA MENÉNDEZ DI PARDO

La práctica de la esterilización forzada en México comenzó a ganar una importante relevancia, pero de manera oculta, disfrazada, agresiva y violenta durante las décadas de los setentas y ochentas, en un contexto donde las estrategias de población y de control de la natalidad estaban siendo analizadas y llevadas a la práctica de manera impositiva y sin consentimiento. Estas políticas fueron “justificadas” e influenciadas por preocupaciones demográficas, económicas y sociales.

De acuerdo con diferentes fuentes tanto académicas como de divulgación, el procedimiento de esterilización consiste en intervenciones médicas en las que se realiza la esterilización de una persona sin su consentimiento libre e informado o mediante el uso de la fuerza, por medio de amenazas, engaños o cualquier otra forma de coacción. Estas prácticas son violaciones graves de los derechos humanos y pueden tener consecuencias físicas, psicológicas y sociales significativas para las personas afectadas. La esterilización ha sido utilizada históricamente en diversos contextos, incluyendo políticas de control de población, eugenesia y discriminación contra grupos vulnerables (comunidades pobres indígenas marginales).

En México, la esterilización forzada ha afectado desproporcionadamente a las mujeres, especialmente a aquellas en situaciones de vulnerabilidad como las mujeres indígenas, en condiciones de pobreza extrema. Esta práctica incluye tanto la esterilización permanente como la anticoncepción forzada, ambas realizadas sin el consentimiento libre e informado de las mujeres. En comunidades indígenas tanto a mujeres como a hombres a través de engaños o con alguna promesa de algo a cambio se ha inducido a población vulnerable a realizar el procedimiento. Pero es importante destacar que también esta falsedad se ha practicado a través de una exploración médica o de visitas de rutina al servicio médico.

Los principales grupos afectados por la esterilización forzada en México, como ya se mencionó, fueron las mujeres indígenas y de comunidades rurales; estas mujeres, con poco acceso a la educación y servicios de salud, eran vistas como las principales destinatarias de las políticas de control de natalidad debido a sus altas tasas de fertilidad. De acuerdo con González (2013) la implementación de programas de esterilización forzada en México fue una medida coercitiva que buscaba controlar la natalidad de manera rápida y eficaz. Estas prácticas se justificaron bajo el pretexto de mejorar la calidad de vida y la salud pública, pero en realidad reflejaban una política de Estado que priorizaba el control poblacional sobre los derechos reproductivos individuales. Por ejemplo, se han documentado casos en los que mujeres fueron obligadas a aceptar la inserción de dispositivos intrauterinos (DIU) bajo amenazas de no recibir atención médica adecuada si se negaban. También hay reportes de esterilización sin consentimiento en mujeres indígenas y de anticoncepción forzada en centros de reclusión. Investigaciones como las de Castro y Erviti (2003) han documentado cómo la falta de consentimiento informado y las prácticas coercitivas constituyeron violaciones graves a los derechos humanos. Las mujeres afectadas a menudo no comprendían el procedimiento o eran engañadas sobre sus efectos.

Investigadores como Stern (2005) han analizado que las políticas de esterilización forzada en México estuvieron profundamente influenciadas por ideologías eugenésicas y racistas. De acuerdo con este investigador, la creencia en la necesidad de “mejorar” la población y reducir la “carga” de los individuos considerados “menos aptos” llevó a la implementación de estas políticas de manera coercitiva. Y este autor señala que las políticas eugenésicas se fundamentaban en la creencia de que ciertas características genéticas eran indeseables y debían ser erradicadas para mejorar la sociedad. Otros estudios, como los de Connelly (2008), han destacado cómo las preocupaciones demográficas y económicas impulsaron estas prácticas.

En los años 70 y 80, el gobierno mexicano adoptó políticas agresivas de control de la natalidad con el apoyo de organizaciones internacionales. La esterilización se promovía como una solución rápida y efectiva para reducir la población, lo que mejoraría las condiciones de vida y aceleraría el desarrollo económico. Los trabajos de Smith (2009) han explorado las consecuencias psicológicas de la esterilización forzada, incluyendo depresión, ansiedad, pérdida de autoestima, sensación de trauma y pérdida, a su vez infecciones, dolor crónico y problemas hormonales. De acuerdo con (Ewig 2010) las prácticas de esterilización forzada han erosionado la confianza de muchas comunidades marginadas en el sistema de salud. Las mujeres y hombres que han sido víctimas de estas prácticas a menudo desarrollan una profunda desconfianza y un impacto negativo hacia los profesionales de la salud y las instituciones médicas, lo que puede llevar a una disminución en el uso de servicios de salud necesarios y a un aumento en la morbilidad y mortalidad.

De acuerdo con Carballo (2015), en años recientes ha habido importantes esfuerzos por parte de organizaciones de derechos humanos y académicos para visibilizar estas prácticas y buscar justicia para las víctimas. Sin embargo, la falta de reconocimiento oficial y de medidas de reparación sigue siendo un desafío significativo. La práctica de la esterilización forzada ha sido denunciada por diversas organizaciones de derechos humanos, instituciones académicas y medios de comunicación. Algunas de las principales entidades que han denunciado estas prácticas son: Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Esta ONG ha documentado y denunciado casos de esterilización forzada en México, publicando informes y realizando campañas de concientización sobre los derechos reproductivos (GIRE, 2015). El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) ha llevado a cabo estudios y ha emitido recomendaciones sobre la discriminación y las violaciones a los derechos humanos relacionadas con la esterilización forzada (CONAPRED, 2012).  La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido varias recomendaciones y ha documentado casos específicos de esterilización forzada, especialmente en comunidades indígenas. (CNDH, 2002, 2016). A su vez los testimonios de víctimas y familias directos de mujeres que han sido esterilizadas sin su consentimiento han sido cruciales para sacar a la luz estas violaciones.

A partir de la consulta de muy importantes fuentes citadas y consultadas, la esterilización forzada en México, y practicada intensamente entre las décadas de 1970 y 1980, “en palabras de los propios autores” refleja una convergencia de políticas eugenésicas, racismo y control demográfico. Los estudios académicos han resaltado tanto las causas de estas políticas como sus devastadoras consecuencias, subrayando la necesidad de reconocimiento y reparación para las víctimas.

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