Dispositivos de control
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A partir de 2026, en México se implementará una nueva versión de la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos, cuya aplicación plantea riesgos graves en materia de privacidad, seguridad y exclusión, especialmente si no se garantiza una adecuada protección de datos y transparencia en su uso.
POR NANCY CASTRO
Muchos países, en diferentes grados, han implementado dispositivos de vigilancia y control sobre su ciudadanía. Estas medidas incluyen tecnologías como cámaras de vigilancia, reconocimiento facial, monitoreo masivo en internet, rastreo mediante teléfonos móviles y bases de datos biométricas.
En países como China, las cámaras con reconocimiento facial están presentes en prácticamente todas las ciudades. En Rusia hay un fuerte control de medios digitales y redes sociales. El uso de SORM
( Sistema para Operaciones de Investigación) permite a servicios de inteligencia acceder a las comunicaciones digitales y el reconocimiento facial en el transporte público.
Pero además de la tecnología, los dispositivos de control de seguridad social pueden manifestarse a través de leyes, políticas públicas o dinámicas culturales que promueven el monitoreo o la vigilancia. En muchos casos, lo digital se cruza con lo simbólico y político.
En México y varios países de América Latina, han adquirido softwares como Pegasus utilizados para vigilar a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores. A partir de 2026, en México se implementará una nueva versión de la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos, lo que genera diversas inquietudes. Esta CURP biométrica incluirá escaneo de Iris, huellas dactilares de ambas manos, fotografía digital. Será un documento obligatorio de identificación, además de herramienta para fortalecer los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas. Para esta implementación Los Colectivos de Madres Buscadoras, argumentan que esta recopilación obligatoria de datos podría poner en riesgo su seguridad y la de sus familiares en contextos de violencia y desaparición forzada, tajando como principales problemas, falta de confianza en autoridades e impacto en la búsqueda.
Los beneficios aparentes —como la eficiencia administrativa o el combate a la suplantación de identidad— no deben ocultar las preguntas de fondo: ¿Qué intereses hay detrás de esta implementación?“
Sin embargo, el uso obligatorio de esta CURP podría crear una huella digital constante de las actividades de la población, un rastro digital consultable por el Estado a través de la Plataforma Única de Identidad. La centralización de datos biométricos en una sola base plantea riesgos graves en materia de privacidad, seguridad y exclusión, especialmente si no se garantiza una adecuada protección de datos y transparencia en su uso.
Aunque sus defensores argumentan que permitiría simplificar trámites y reducir la suplantación de identidad especialistas en ciberseguridad y derechos digitales han advertido de que, en conjunto, estas leyes podrían consolidar una infraestructura de vigilancia sin precedentes en el país.
A ello se suma la reciente en el Congreso sobre la Ley General De Población y la Ley General en materia de Desaparición, que podría ampliar las capacidades de control del Estado.
Por ejemplo, la nueva Ley de la Guardia Nacional otorga al Ejército para recabar y procesar datos personales y de telecomunicaciones con fines de inteligencia, incluyendo el acceso a los registros de llamadas y geolocalización en tiempo real. Además, se permitirá el uso de operaciones encubiertas y de usuarios simulados.
Las leyes también contemplan una interconexión masiva de bases de datos a través del Sistema Nacional de Inteligencia. Esto implica que el Estado podrá acceder sin orden judicial a registros fiscales, telefónicos, migratorios e incluso inmobiliarios. Instituciones que manejen datos biométricos estarán obligadas a proporcionar acceso a la Fiscalía General, fiscalías estatales, al Gabinete de Seguridad y al Centro Nacional de Inteligencia.
En el marco de las políticas de búsqueda de personas desaparecidas se ha anunciado que:
Se generará ficha física y digital para activar alertas inmediatas en la Plataforma Única
Se deberán interconectar registros genéticos, forenses e investigadores, manteniéndolos actualizados.
Antes de enviar restos a fosas comunes, se aplicarán pruebas dactiloscópicas y genéticas.
Los resultados deberán registrarse al Banco Nacional de Datos Forenses en máximo 3 días
Se creará una Base Nacional de Carpetas de Investigación para casos de desaparición, y se certifica al personal responsable.
La Secretaría de Gobernación integrará los datos biométricos a la CURP bajo estrictas normas de protección de datos personales.
La intención es que esta clave única de identidad sea indispensable para acceder a trámites y servicios públicos o privados. Sin embargo, esta medida, lejos de ser aislada, forma parte de una tendencia regional más extendida: la consolidación de infraestructuras de vigilancia y control social legitimadas a través de reformas legales y tecnologías digitales.
Este fenómeno refleja una realidad en el tecnosolucionismo y la narrativa de se usan como argumentos para justificar el avance del control estatal, mientras se erosionan libertades individuales y se profundizan desigualdades estructurales.
Los beneficios aparentes —como la eficiencia administrativa o el combate a la suplantación de identidad— no deben ocultar las preguntas de fondo: ¿Qué intereses hay detrás de esta implementación? ¿Implica realmente un beneficio para las familias de personas desaparecidos? ¿ O se trata, más bien, de una herramienta para ejercer control absoluto sobre la ciudadanía?
