¡Es un fraude electoral!

Resulta que tanto la mayoría del Consejo General del INE como del Tribunal Electoral pasaron de noche el artículo de ley, puesto que no previnieron la violación al derecho al voto de quienes sufragamos por la oposición. Más bien consumaron una estafa.

POR ITZEL GARCÍA MUÑOZ

Violentar el sentido del voto de una parte del electorado para avasallar el pluralismo parlamentario, aniquilar la independencia judicial y los contrapesos será una victoría efímera pero los costos que pagará la sociedad mexicana en su conjunto serán de largo plazo y con daños irreparables.

Itzel García Muñoz.

A lo largo de las últimas semanas he escuchado a diversos actores del oficialismo argumentar que la votación por su coalición fue abrumadora  amparándose en que su candidata presidencial obtuvo el 59% de los votos, narrativa absolutamente tramposa y alejada de la realidad.  En primer lugar, el porcentaje de votos que obtuvo la presidenta electa no es la base para el reparto de los escaños en la Cámara de Diputados. Además, hubo electores que  hicieron un voto diferenciado entre la elección de la persona titular del poder ejecutivo y de quienes integrarían la Cámara de Diputados, en este último caso la coalición oficialista obtuvo un 5 % menos de votos.

En segundo lugar el oficialismo ha intentado legitimar el robo de los votos bajo el argumento de que ganaron la mayoría de los distritos electorales, cuestión que también constituye un engaño ya que los triunfos citados no son el punto de partida de la distribución de los escaños de representación proporcional.  Los 200 diputados plurinominales deben repartirse de acuerdo con la votación válida emitida en favor de los partidos políticos en las urnas; y si bien es cierto que la fórmulas establecidas legalmente producen distorsiones en el reparto también es verdad que el Tribunal Electoral, como tribunal constitucional que se supone que es, debió de interpretar las normas colocando en el centro el respeto del voto de quienes optamos  por opciones distintas. Me explico.

En 2011 se cristalizó la reforma que  convirtió a los derechos humanos, reconocidos en la Constitución y los Tratados Internacionales, en el eje central de la interpretación y aplicación de la norma constitucional y  las leyes. 

Al respecto, el párrafo tercero del artículo 1o, léase bien, de la Constitución  federal impone a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, agrega el precepto citado, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Resulta que tanto a la mayoría del Consejo General del Instituto Nacional Electoral como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pasaron de noche el artículo citado, puesto que no previnieron la violación al derecho al voto de quienes sufragamos por la oposición, más bien consumaron una estafa. Así, la mayoría del Consejo General del Instituto Nacional Electoral no respetó ni garantizó el derecho de votar de quienes el pasado 2 de junio sufragamos por una opción distinta a la coalición oficialista al entregarle el 75% de los escaños parlamentarios en la Cámara de Diputados cuando en realidad obtuvieron el 54% de los votos. Por otra parte, el porcentaje del 42% que ganaron los partidos de oposición se convirtió, por arte de magia en un 25% transgrediendo el principio de igualdad del voto ya que el sufragio por la coalición oficialista equivale aproximadamente  a un 1.5%  y el voto de quienes optamos por otras opciones a un .5%. Dicho reparto fue avalado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en base a una interpretación literal de la Constitución.

Otro derecho que fue vulnerado con esa distorsión en el reparto de las curules es el derecho de quienes votamos por la oposición a estar representados por esos partidos.  En ese ese sentido, la alteración de la voluntad de ese porcentaje de la ciudadanía constituye, sin duda alguna, un fraude electoral porque simple y sencillamente se alteró la intención del voto del 17 % del electorado que sufragó en las elecciones federales para integrar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

El Tribunal Electoral no solo avaló la alteración de la voluntad del 17 % de los votantes modificando el sentido de su voto al convalidar el reparto que había hecho la mayoría del Consejo General  del INE,  quitándole  legitimidad democrática a la mayoría de la Cámara de Diputados. También, con esa tergiversación del voto,  abrió el camino para que una mayoría ilegítima e inconstitucional lleve a cabo reformas constitucionales que constituyen decisiones políticas fundamentales que eliminarán los equilibrios entre los poderes públicos, colocando a la ciudadanía frente a la posibilidad de que se instituya una dictadura de la mayoría.

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