Nada irregular
Sorprendió al jefe delegacional en Benito Juárez la clausura de un edificio en construcción en el Parque Hundido realizada por la Secretaría del Medio Ambiente de Distrito Federal. “No me informaron nada”, dijo Germán de la Garza al periódico Reforma al día siguiente de que los sellos fueron colocados en la obra, el 2 de agosto pasado. Lo imagino abriendo tamaños ojos: “¡No me informaron nada!”. Y luego, el tamiz: “Tampoco tenían por qué hacerlo; la Secretaría tiene facultades para intervenir…” Para rematar con esta perla: “Lo único que puedo decir es que hasta la fecha no teníamos ninguna cuestión irregular en esa obra”.
Nada irregular, pero él mismo había parado la construcción en dos ocasiones, obligado por la presión de los vecinos y la evidencia de irregularidades. Primero, en noviembre pasado, la demolición de una casa catalogada por el INBA como monumento, la llamada “Casa del Parque Hundido” que ocupada el predio en cuestión, ubicado en Mollet 72 de las colonia Insurgentes Extremadura, obligó a la delegación a poner sellos de “suspensión de actividades”. La razón oficial de la DBJ fue que los constructores no tenían permiso para demoler. Sin embargo, unas semanas después los sellos fueron retirados y la acelerada demolición fue completada, pese a que la casona destruida aparece en efecto en la lista de inmuebles protegidos por el INBA publicada en la gaceta oficial del DF del 6 de mayo de 2005, en la página 115.
Nada irregular. La construcción de un condominio de lujo de seis niveles –en donde están permitidos sólo tres– se inició en febrero. Las protestas vecinales no se hicieron esperar. Hubo plantones y manifestaciones en el Parque y en pleno Insurgentes, a las que se sumaron candidatos de la oposición a jefe delegacional y diputados locales. También, dos diputados del PAN, el partido del delegado: la legisladora federal Rosaura Denegre y el diputado local Alfredo Vinalay, que presentó como los vecinos una queja ante la Procuraduría Ambiental del DF (PAOT) e incluso una demanda penal ante la Procuraduría de Justicia del DF. Y en marcha ya el proceso electoral 2009, en abril la DBJ colocó sellos de “clausura”, lo que a la postre resultó un ardid electorero. En mayo se formó la asociación Amigos del Parque Hundido, cuya primera demanda fue la expropiación de dicha propiedad para su reintegración al parque. Apenas pasaron las elecciones, la DBJ quitó los sellos y la obra se reanudó. Los vecinos enviaron e hicieron pública una carta que dirigieron al jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, en la que detallan el rosario de irregularidades y omisiones por parte de la DBJ en este caso y le solicitaban la expropiación del predio por fines de utilidad pública, mientras la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) reconocía haber otorgado los permisos de construcción “por error” e interponía una demanda de lesividad ante al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para revocarlos, procedimiento que está en trámite.
“Lo único que puedo decir es que hasta la fecha (sic) no teníamos ninguna cuestión irregular en esa obra”, dijo textualmente Germán de la Garza cuando la SMA clausuró de nuevo la construcción, para sorpresa del delegado, que tampoco nunca supo ni nunca verificó el “cúmulo de irregularidades” encontrada por la PAOT en esa construcción, incluida la apropiación de más de 250 metros cuadrados adicionales del parque, la tala indebida de árboles, la falsificación de documentos, la inexistencia de un registro oficial de la propiedad, la violación del uso del suelo y mil linduras más. Nada irregular. Válgame.
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