Pretende Claudia con Plan B meterse a la boleta en 2027
Sheinbaum Pardo. Estrategia electoral. Foto: especial.
La iniciativa presidencial propone realizar la revocación de mandato el mismo día de las elecciones federales intermedias.
El proyecto conocido como Plan B que será enviado hoy al Senado recorta gasto a burocracia electoral y municipios, pero no toca a los partidos políticos.
STAFF/LIBRE EN EL SUR
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará este martes al Senado de la República su propuesta de reforma secundaria en materia electoral, conocida como Plan B, que destaca por un componente político estratégico: abre la vía legal para que la mandataria aparezca en la boleta electoral en los comicios de 2027.
El proyecto plantea que el ejercicio de revocación de mandato se realice el primer domingo de junio del tercer año de gobierno, lo que lo haría coincidir con la crucial elección federal donde se renovará la Cámara de Diputados y permitiría a la mandataria hacer “campaña” proselitista.
Este ajuste en el calendario permitiría que la figura presidencial participe activamente en la narrativa de la campaña intermedia. Aunque constitucionalmente la revocación es un derecho ciudadano para remover a un gobernante, su ejecución simultánea con las elecciones legislativas ha sido señalada por analistas como una herramienta de movilización electoral para el partido en el poder.
A pesar de que en semanas previas se había manejado la posibilidad de reducir sustancialmente el financiamiento público a las fuerzas políticas, la iniciativa final que llegó a la Cámara Alta no contempla modificaciones a las prerrogativas de los partidos.
La propia Sheinbaum admitió que no se pudo concretar la baja presupuestal para los institutos políticos en esta etapa. En cambio, el ajuste se concentrará de forma punitiva en el gasto operativo de las autoridades electorales, los congresos locales y las estructuras municipales.
El eje central de la austeridad planteada se enfoca en desmantelar lo que el Ejecutivo denomina privilegios de la alta burocracia. La propuesta establece topes estrictos a las remuneraciones de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), así como de los magistrados de los tribunales locales y titulares de los organismos públicos locales (OPLE). Bajo la nueva normativa, ningún integrante del sistema electoral podrá percibir un salario neto superior al de la Presidenta de la República.
Complementariamente, el proyecto elimina de tajo prestaciones adicionales que han sido blanco de críticas por parte de la administración federal, tales como los seguros de gastos médicos mayores, los bonos extraordinarios y los fondos de ahorro especiales.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, enfatizó que se busca un sistema electoral menos oneroso para el erario, aunque esta medida no afecte el flujo de recursos que reciben los partidos para sus actividades ordinarias y de campaña.
En el ámbito de la transparencia, la reforma introduce candados para la fiscalización. Los partidos políticos estarán obligados a reportar sus operaciones financieras en tiempo real a través de un sistema bancarizado. Para fortalecer este control, el INE quedará facultado para suscribir convenios de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda. El objetivo es rastrear con mayor precisión el origen de las aportaciones y prohibir tajantemente el uso de recursos ilícitos, financiamiento proveniente del extranjero o donaciones en efectivo que no puedan ser comprobadas fehacientemente.
La reforma también proyecta un fuerte impacto en el gasto de las entidades federativas y los municipios. A nivel estatal, se propone fijar un límite presupuestal a los congresos locales equivalente al 0.70 por ciento del presupuesto total de cada entidad. En cuanto a la estructura de los ayuntamientos, la iniciativa plantea una reducción drástica en el número de regidores, estableciendo un rango de entre siete y 15 según el tamaño de la población. Además, se limitará a una sola sindicatura por municipio, bajo la premisa de que los ahorros derivados de estos ajustes deberán destinarse exclusivamente a obras de infraestructura pública.
En el Poder Legislativo federal, el Senado de la República no quedará exento del recorte, pues se contempla una reducción progresiva de su presupuesto operativo que podría alcanzar hasta un 15 por ciento. Asimismo, la propuesta modifica los tiempos de los cómputos electorales para que estos inicien inmediatamente al concluir la jornada de votación con la recepción del primer paquete electoral, eliminando la espera de varios días para evitar, según el argumento oficial, cualquier riesgo de manipulación de los resultados.
Finalmente, la iniciativa ratifica la vigencia de la revocación de mandato, pero al situarla en el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, deja la puerta abierta para que el referéndum presidencial se convierta en el motor principal de la elección federal de 2027 o 2028, dependiendo de la “solicitud ciudadana”. Con este paquete de cambios, el Gobierno Federal busca consolidar una estructura electoral de bajo costo operativo, pero manteniendo la fuerza financiera de las organizaciones partidistas.
