Valla de la ignominia: Sociedad sitiada
Los granaderos el 15N. Foto: Francisco Ortiz Pardo
El fracaso del gobierno federal de pretender echar culpas a una “derecha” impalpable, de la dramática realidad que padecemos, fue por partida doble.
POR GUILLEREMO FABELA QUIÑONES
El llamado a las marchas de protesta contra la violencia y la impunidad, encontró terreno fértil en el hartazgo ciudadano que detonó el homicidio del alcalde de Uruapan. El propósito de los participantes fue muy claro: externar pacíficamente su enojo por la ineficacia de las autoridades para cumplir su misión fundamental: garantizar la seguridad y la paz públicas, una realidad que sólo el gobierno y sus corifeos no quieren ver; a su omisión suman la inútil táctica de culpar a “la derecha” de toda manifestación ciudadana, contraria a los intereses gubernamentales.
Las declaraciones de la dirigente formal del partido gobernante, Luisa Alcalde Luján, resumieron el punto de vista de la cúpula en el poder: “Participaron los mismos de siempre. Era una marcha que estaba empujada por la opisición. No había jóvenes, yo creo que si bien les va, era un diez por ciento de los que participaron”. Sin embargo, encapsular Palacio Nacional y el Zócalo con vallas metálicas, como los antiguos señores medievales que rodeaban sus castillos con fosas pantanosas, es una señal inequívoca de que la provocación estaba prevista.
La marcha se llevó a cabo pacíficamente hasta que se llegó al Zócalo; apenas empezó a entrar a la plancha de cemento la vanguardia, los encapuchados de negro, “los de siempre”, iniciaron su labor de zapa, que fue creciendo de intensidad y violencia. A partir de ese momento, el móvil de los marchistas se perdió entre la vorágine del caos, como fácilmente se evidenció al tenerse que replegar los grupos cuyo propósito era protestar por el asesinato del alcalde de Uruapan.
La violencia en el Zócalo capitalino y en otras ciudades del país, surtió el efecto deseado: desviar la atención del tema central de la protesta, el freno a la criminalidad desbocada y la consecución de la paz, hacia los desmanes de los grupos de “anarquistas”, quienes ya es costumbre surgen cuando hay protestas cuyo único propósito es llamar al gobierno a que cumpla su función de gobernar para todos.
La ciudadanía sin partido, en su mayoría, consciente de que los grandes problemas nacionales no tienen origen ideológico, sino consecuencia del modo de gobernar del grupo en el poder, confirmó que la ideología sólo es un medio para justificar políticas públicas demagógicas, populistas. Sus pancartas y consignas presentaban un común denominador: la condena al “narco estado”, a la ineficacia e incapacidad del partido gobernante para frenar al crimen organizado, a la inexistencia de condiciones para garantizar la paz en el país.
El fracaso del gobierno federal de pretender echar culpas a una “derecha” impalpable, de la dramática realidad que padecemos, fue por partida doble: los manifestantes sin filiación política constataron que “los conservadores y la derecha”, no tienen una mínima posibilidad de movilizar a la ciudadanía, cuya participación en la marcha era una decisión personal, familiar. De igual modo, que los grupos de choque son utilizados con el fin de ocultar la falta de voluntad política para dialogar con el pueblo, y así concretar acciones conjuntas en busca de soluciones a sus problemas, externadas en las pancartas: carestía de la vida, bajos salarios, la falta de medicamentos y pésimos servicios de salud; la dramática inseguridad en las calles, hoy magnificada con la extorsión cuyas consecuencias se reflejan en la economía de los hogares y en la producción de bienes y servicios.
La complejidad de la vida nacional se refleja en la profusión de noticias, realidad que dificulta la comprensión de las causas y efectos de los hechos que informan los diarios y medios electrónicos. Las que años atrás debían ser ubicadas en la sección de “nota roja”, hoy las vemos en la primera página o como las que inician los noticieros en televisión y radio. Esta situación se ha complicado aún más a partir de que se implantó, en el sexenio pasado, la táctica mediática bautizada como “La mañanera”, desde la cual el jefe del Ejecutivo actúa como Director General de Comunicación del Estado.
Se objetará que es su derecho hacerlo, como otros mandatarios en diversas partes del planeta; pero hay una diferencia de fondo entre aquellos y la presidenta Sheinbaum: ésta traza la línea editorial que desea sigan los medios, táctica que heredó de su mentor; los otros responden preguntas puntuales, sin intentar influir en la política editorial del medio que cuestiona. En días pasados, al hablar en la Convención Nacional de Radio y Televisión, aseguró que su gobierno “está totalmente abierto a escucharlos, siempre con la idea de construir juntos la libertad, la democracia y el derecho a la información”. Asimismo, invitó a la CIRT a reunirse con la Comisión para analizar los tiempos de los partidos políticos “en busca de un modelo democrático electrónico”.
El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, puso en tela de juicio la posibilidad de que haya un diálogo sano, democrático, entre la sociedad que solo cuenta con los medios para informarse y discernir objetivamente lo que está ocurriendo en el país, y la máxima institución del Estado. Ante el repudio colectivo de crimen tan deleznable, se demostró la inviabilidad de la intención de la mandataria de “construir juntos la libertad, la democracia y el derecho a la información”. Su reacción desdibujó sus dichos, manifestó la contradicción tan clara que dejó su antecesor entre las palabras y los hechos. El justo enojo de la población, lo tradujo en una estrategia de la “derecha” para dañar su gobierno, “con ocho millones de bots”.
Desde su punto de vista, no hay motivo para que la ciudadanía se movilice y proteste pacíficamente como lo está haciendo en Michoacán, una de las entidades federativas más afectadas por el crimen organizado. Según la mandataria, “la gente en la calle se muestra muy contenta” en las giras que realiza por el territorio nacional. De ahí su decisión de ordenar que Infodemia, la oficina de la Presidencia que sustituyó a la llamada “Quien es quien en las mentiras”, hiciera un análisis del origen de la convocatoria para la movilización del sábado 15, pues, dijo, “ya se convirtió en una manifestación de la oposición”.
Su perspectiva es diametralmente opuesta a la de la viuda del edil asesinado, Grecia Quiroz, quien informó que un día antes de tomar posesión como alcaldesa sustituta, recibió amenazas. Dio un voto de confianza a la presidenta Sheinbaum, pero señaló el imperativo de dar con los autores intelectuales del homicidio. Recordó que Carlos Manzo tuvo rencillas con los políticos morenistas michoacanos Leonel Godoy, Raúl Morón Orozco e Ignacio Campos. También señaló que, para que funcione el Plan de Paz para Michoacán, es vital que las tropas “se internen en las montañas donde se esconden los criminales, no tiene sentido que anden deambulando por las calles de Uruapan”.
Otro tema que llama la atención colectiva, es la forma en que se manifiestan los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con una violencia que mantiene en vilo a los capitalinos, sin que los gobiernos federal y de la Ciudad de México hagan algo por evitar el caos que provocan, que se suma al desorden cotidiano por los múltiples plantones y marchas de ciudadanos hartos de que no se resuelven sus problemas urbanos, sociales y económicos.
En el mes de junio se había alcanzado un arreglo con los dirigentes de dicha organización sindical, con el pago de 800 millones de pesos, después de 24 días de movilizaciones. Ahora exigen que se derogue la Ley del ISSSTE del año 2007, y amenazan con boicotear el Campeonato Mundial de Futbol el próximo año en caso de no ver satisfecha su demanda. La mandataria se concretó a señalar: “No se entiende esta movilización, hay mesa de diálogo abierta”. No lanzó acusaciones contra los dirigentes ni los conminó a poner punto final a su violencia exacerbada. Al contrario, anunciaron un plantón en San Lázaro, la sede de la Cámara de Diputados, actitud que demuestra que sus verdaderas intenciones no son en defensa de sus agremiados.
En la comparecencia del titular de la Secretaría de Educación Pública en el Senado, Mario Delgado, se hizo evidente el grave problema estructural que padece la principal dependencia del Ejecutivo federal: dos organizaciones sindicales que trabajan cada una por su cuenta: la oficialista, cuyo dirigente nacional es también senador, Alfonso Cepeda Salas, quien actúa más como funcionario de la SEP que como dirigente del SNTE, y la Coordinadora Nacional que nació en 1979 como organismo radical en Chiapas, con el propósito de poner fin al entreguismo del sindicato surgido en 1944 “para defender la educación como eje del progreso del país”.
En la actualidad no se observan condiciones elementales para que los trabajadores del magisterio se unan y luchen por sus derechos legítimos. El sindicato oficialista trabaja para el régimen, como lo señala Pedro Hernández Morales, principal dirigente de la Coordinadora, la cual se ha dejado llevar por las ambiciones de sus líderes, como acusan sus detractores. Al secretario Mario Delgado, sin antecedentes en el ramo educativo, lo define una sola de sus frases en la comparecencia: “Los niños que no nacen, no van a la escuela”, pues la pirámide demográfica en la actualidad es “como una pera, gorda en medio y delgada en su extremo superior”.
Los datos anteriores son sólo una muestra de que México camina hacia un precipicio, y no por culpa de una “derecha” incapacitada para oponerse a un gobierno que le sirve a sus propios fines de clase, cuyo estilo de gobernar le fue útil en el sexenio pasado, pero que cayó en total desprestigio por sus abusos demagógicos y la proclividad a la corrupción sin límites, circunstancia insostenible por la actual jefe del Ejecutivo, sin antes asumir cabalmente las responsabilidades que le corresponden.
Es oportuno recordar un hecho histórico que tiene alguna similitud con la actualidad nacional. El presidente Pascual Ortiz Rubio, en 1932, al día siguiente de su segundo informe de gobierno, anunció su renuncia ante la imposibilidad de ejercer sus funciones. En su carta afirmó el motivo: “una situación de crisis crónica que ha existido desde la iniciación de mi gobierno haciendo débil y pálida su acción y mezquinos sus resultados… Salgo con las manos limpias de sangre y dinero y prefiero irme y no quedarme aquí sostenido por las bayonetas y el ejército mexicano”.
