Es también asesinato de Manzo consecuencia de “la guerra de Calderón”, según CSP
Carlos Manzo. El séptimo alcalde asesinado en el sexenio. Fotos: Cuartoscuro.
Usa Sheinbaum el crimen de Uruapan para blindar su estrategia, cargar contra el “régimen de la guerra” y evadir responsabilidad.
La Presidenta desvía la crítica de la inseguridad y acusa a la ‘comentocracia’ de servir a la oposición, afirmando que el actual clima de violencia es una herencia directa de la fallida “guerra contra el narco” de su antecesor y contradice su propia “guerra” actual.
STAFF/LIBRE EN EL SUR
El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido este fin de semana en Michoacán, se convirtió en el epicentro de la agenda nacional, obligando a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a convocar al Gabinete de Seguridad y a articular una contundente respuesta política.
Más allá de las medidas de justicia anunciadas, la tragedia sirvió a la mandataria para reafirmar y defender su estrategia de seguridad, utilizando una doble ofensiva: la condena al pasado y la descalificación de la crítica mediática.
Tras el homicidio de Manzo, quien previamente había solicitado apoyo federal a la presidenta e incluso retado a las autoridades a tomar acciones más enérgicas contra el crimen organizado en su municipio, Sheinbaum Pardo condenó el acto y prometió “cero impunidad”.
El gobierno federal actuó de inmediato, anunciando la detención de dos presuntos implicados y la neutralización de un agresor, confirmando además que el alcalde contaba con protección de la Guardia Nacional.
La presidenta delineó la esencia de su estrategia de seguridad, distanciándose explícitamente de las políticas aplicadas en sexenios anteriores, principalmente la del panista Felipe Calderón Hinojosa (cuyo gobierno terminó hace 15 años).
“La fuerza del Estado es la justicia. Hay quien pide militarización y guerra. Eso no funcionó, ya lo probó México y no funcionó. Lo que genera paz es la justicia, la inteligencia, la investigación y la atención a las causas,” afirmó Sheinbaum Pardo, citando textualmente los pilares de su modelo.
La mandataria anunció que se reforzará la presencia, la inteligencia y la investigación en Michoacán, negando rotundamente un regreso a tácticas que impliquen ejecuciones extrajudiciales o la declaración de una “guerra” abierta contra los cárteles.
La vehemente alusión a Felipe Calderón no es nueva, sino la continuación de un recurso discursivo central en el proyecto de la Cuarta Transformación, heredado del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esta táctica consiste en culpar a la “herencia neoliberal” —personificada en gobiernos como el de Calderón, al que reitera como “espurio” por el supuesto y nunca probado fraude electoral de 2006— de los males estructurales del país, incluida la violencia desmedida.
El argumento funciona estratégicamente como un mecanismo de blindaje y redirección frente a los cuestionamientos sobre los resultados de la propia administración en materia de seguridad.
Al plantear que la violencia actual es una “consecuencia de esa decisión absurda, terrible” de declarar la “guerra contra el narco” en Michoacán en 2006, la presidenta desplaza el foco de atención del presente y minimiza la responsabilidad directa de su gobierno en la contención de la crisis.
Asimismo, la mandataria reavivó la figura de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Calderón y actualmente preso en Estados Unidos, señalándolo como prueba del vínculo entre el pasado gobierno y el narcotráfico, reforzando la narrativa de que la única alternativa a su proyecto es un retorno a la corrupción y la violencia institucional.
El segundo eje de la respuesta presidencial tras los hechos de Uruapan fue la crítica directa a los medios y a los opinadores. Sheinbaum Pardo arremetió contra la “famosa comentocracia de intelectuales del pasado”, acusándolos como su antecesor de estar “alejados de la realidad” y de intentar imponer una narrativa contraria al sentir popular.
La mandataria insistió en que los conductores de noticieros, analistas y concesionarios de medios forman parte de una élite conservadora con intereses políticos, y que sus críticas tienen como propósito servir a la derecha.
Ella argumenta que estos actores mediáticos están desvinculados del pueblo y que su principal objetivo es la crítica sistemática al gobierno, en lugar de informar con objetividad sobre los avances y ha señalado que la “neutralidad no existe” y que la postura de los medios tradicionales es inherentemente parcial en favor de la oposición.
En este contexto, la conferencia matutina presidencial se consolida como el principal espacio para el supuesto “derecho de réplica” y la difusión de la versión oficial, contraponiéndose a los espacios informativos críticos que, según la lógica gubernamental, buscan “lucrar con la tragedia” sin expresar una genuina solidaridad con las víctimas.
En suma, el crimen en Michoacán ha sido catalizador para que la Presidenta reafirme su compromiso con la justicia —entendida como investigación e inteligencia—, mientras continúa utilizando el espejo de la administración de Felipe Calderón para neutralizar las críticas y, a través de la confrontación con la “comentocracia”, asegurar el control del marco narrativo nacional .
La utilización del expresidente Calderón Hinojosa en este contexto no es una anécdota, sino un pilar de la comunicación oficial. La presidenta Sheinbaum Pardo reitera una verdad histórica respaldada por académicos: la estrategia de “guerra contra el narco” de 2006 fragmentó a los grandes cárteles y generó una espiral de violencia que hoy sigue cobrando víctimas.
Al atribuir el asesinato del alcalde Manzo a esta herencia, el gobierno de la Cuarta Transformación logra dos objetivos: deslegitimar a la oposición al vincularla con un periodo de masiva corrupción (el caso García Luna) y desviar la crítica sobre la persistente ineficacia de la seguridad actual, donde ya suman siete alcaldes en funciones asesinados en lo que va de su mandato.
Sin embargo, esta retórica de “no volveremos a la guerra” contrasta con las acciones concretas de la propia administración. Mientras la Presidenta rechaza el uso de la fuerza indiscriminada (el fracasado modelo de Calderón), su gobierno ha impulsado y consolidado una militarización institucional de la seguridad. Esto se observa en el reforzamiento legal y operativo de la Guardia Nacional bajo mando de la Sedena y en el énfasis en el uso de la inteligencia y la fuerza operativa.
De esta manera, Sheinbaum Pardo mantiene el discurso social de “atención a las causas” (el espíritu de “abrazos no balazos”), pero en la práctica, ha optado por reforzar el brazo armado del Estado para el combate frontal, una herramienta que, irónicamente, se asemeja más al modelo militarizado que critica.
