Ciudad de México, noviembre 29, 2020 11:22
Libre en el Sur

Aletarga GDF investigaciones sobre Millet 72; surgen acusaciones de que en Seduvi se origina red de corrupción

Al transcurrir casi cuatro meses de que el jefe de Gobierno Marcelo Ebrard se comprometió con vecinos del Parque Hundido a que un plazo máximo de un mes daría a conocer los nombres de los funcionarios responsables por permitir una obra irregular en el predio ubicado en Millet 72 –cosa que no ha ocurrido–, surgieron acusaciones contra empleados de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del DF (Seduvi) que supuestamente venden folios de documentación antigua a desarrolladores inmobiliarios.
El propio titular de la Seduvi, Felipe Leal, había confirmado hace apenas tres días lo que confió a los vecinos del parque en octubre de 2010: que en varias delegaciones opera “una red” de vendedores de documentos falsos con los que empresarios del sector inmobiliario evitan las prohibiciones estipuladas en los programas de desarrollo a través de la figura de derechos adquiridos. Es lo que ocurrió en Millet 72 –según lo dicho el secretario y lo investigado por Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT)—, donde se pretendió levantar una torre de seis pisos, lo que está prohibido en la zona. “Ya sabemos de qué funcionarios se trata”, dijo Leal en aquella reunión informal. “Algunos trabajaron en la delegación Benito Juárez”.
El diario Reforma publicó hoy testimonios de quienes afirman que es en la Seduvi donde se origina esa red de corrupción, que lleva operando varios años en edificaciones de las delegaciones Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras y Tlalpan. Uno “de los expertos consultados” por ese diario aseguró que “en realidad lo que los constructores obtienen mediante este procedimiento irregular de derechos adquiridos es una Constancia Única de Zonificación. Con ella realizan el cambio de uso de suelo y levantan una obra con giro diferente al que existía”.
Durante el gobierno de Germán de la Garza, la delegación Benito Juárez dio la autorización FBJ-0811-08 para que fuese demolida en Millet 72 la llamada Casa del Parque Hundido (Oficio 2119/09, expedido por su Oficina de Información Pública el 6 de agosto de 2009, con copia para el delegado De la Garza). Y además concedió otras dos autorizaciones –la FBJ-0896-08 y la FBJ-0072-09— “para ampliación y modificación”, mientras también la dio para “obra nueva” (1/2862/70).
En otro documento (2179/09), emitido apenas siete días después –el 13 de agosto del 2009—, la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano de la DBJ reconoció que la propiedad de Millet 72 estaba catalogada “como inmueble con valor artístico por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes”. Ese documento también llevó copia para el delegado De la Garza, quien diez días antes declaró al periódico Reforma: “Lo único que puedo decir es que hasta la fecha no tenemos ninguna cuestión irregular en esa obra”.
Luego, con documentos “apócrifos”, según lo reveló la PAOT, se pretendió construir un edificio de seis pisos para departamentos de lujo, cuya manifestación ingresó la DBJ. La Secretaría del Medio Ambiente clausuró la obra negra del edificio, por no contar con manejo de residuos. Una intensa movilización ciudadana, encabezada por la asociación Vecinos del Parque Hundido, obligó a que el gobierno capitalino concretara en junio pasado la compra del inmueble, la mitad pagada con recursos de la delegación.
Así el pasado 29 de septiembre Marcelo Ebrard acudió con los residentes para dar el banderazo a la demolición de la obra negra. El predio, anunció, sería integrado al parque. Héctor Rojas, líder del movimiento vecinal, le pidió ir tras quienes permitieron las corruptelas. El jefe de Gobierno le aseguró que antes de un mes daría a conocer los resultados de una investigación y que se sancionaría a los funcionarios culpables, fuesen “del nivel que sea”.
Mientras los vecinos siguen esperando que Ebrard cumpla su promesa, Reforma publicó este viernes que, según la revelación de especialistas en urbanismo y ex funcionarios del Gobierno del DF, “los cambios de uso de suelo ilícitos se originan en la Seduvi”. En la nota principal de la primera plana del diario se consignó que “los informantes aseguraron que hay empleados de esa dependencia que se dedican a vender grupos constructores los folios de documentación antigua. Dichos folios, afirmaron, se encuentran en archivos de la Seduvi, tienen un costo en el mercado de hasta 850 mil pesos y, para hecerlos pasar como válidos, son encuadrados en la figura de derechos adquiridos”.

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