Alistan reformas legislativas para tratar a violencia escolar en el DF como problema de salud pública
La Comisión de Salud y Asistencia Social de la Asamblea Legislativa, prepara la aprobación de un Dictamen para reformar la Ley de Salud del Distrito Federal y considerar a la violencia escolar como un problema de salud pública, pues “de no prevenir el fenómeno del denominado bullying estamos en un riesgo latente de que esa violencia del entorno escolar se propague en otros sectores, por lo que es urgente que se diseñen y apliquen programas especializados para su pronta atención”, según explicó la presidenta de dicho órgano legislativo, Maricela Contreras.
La diputada perredista informó que en la próxima reunión de la Comisión de Salud se analizará un Dictamen que busca la obligatoriedad de aplicar un programa especializado para la prevención de los problemas de salud pública relacionados con la violencia en el entorno escolar, “se busca incorporar la atención de las víctimas de cualquier tipo de violencia en las escuelas y el tratamiento psicológico a los generadores de la misma, pues no basta con atender sólo al niño, niña o adolescente que sufren bullying, sino que debemos voltear tambien la mirada a las causas que llevan a los estudiantes a realizar ese tipo de conductas en detrimento de sus compañeros”, subrayó.
Contreras Julian destacó que el fenómeno del bullying sigue creciendo en las escuelas de la Ciudad de México, pues según cifras de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno capitalino, precisan que entre marzo y junio del año pasado, se presentaron 13 mil 633 denuncias, existiendo reportes de las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia de que la tercera parte de los estudiantes de primaria y secundaria señalen haber sido víctimas de humillaciones o insultos infligidos por un compañero.
Lo más delicado del tema, agregó la legisladora del Sol Azteca, “es que sólo uno de cada 10 niños que son víctimas de violencia escolar no recibe atencion especializada y ninguna persona que genera esa violencia es objeto de algún tipo de tratamiento o seguimiento para erradicar esas conductas agresivas hacia sus compañeros en el entorno escolar”, por lo que aseguró que con las posibles reformas permitirán a la Secretaría de Salud que encabeza el Dr. Armando Ahued Ortega, implementar un programa especializado que garantice el derecho a la salud mental de la población estudiantil del Distrito Federal.
Un elemento que destacó la Presidenta de la Comisión de Salud es que, a decir de la Publicación “Disciplina, violencia y consumo de sustancias nocivas a la salud en las escuelas primarias y secundarias de México”, elaborada por el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, el consumo de sustancias nocivas para la salud, como el alcohol, se encuentra relacionado directamente a las conductas agresivas por parte de los alumnos, ya que “el 16 por ciento y el 25 por ciento de los alumnos de primaria y secundaria respectivamente, reportaron haber consumido bebidas alcohólicas alguna vez en su vida, lo que implica que el consumo aumenta conforme los alumnos crecen y las estadísticas de violencia escolar aumentan más en secundaria que en el nivel primario, por lo que debe brindarse especial atención al fenómeno de las adiciones para prevenir también el bullying”, preciso.
La diputada Maricela Contreras señaló que el bullying genera bloqueo social, intimidación, manipulación, exclusión social, amenazas y sus consecuencias pueden llevar al aislamiento y de manera extrema al suicidio, “además con el avance en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la violencia en las escuelas ha evolucionado con agresiones, acosos y hostigamientos hacia los alumnos, donde los agresores emplean correos, videos o fotografías para insultar o difundir rumores de sus compañeros, por lo que, con una debida atención psicológica a las personas que generan ese tipo de violencia se puede contarrestar los efectos nocivos para la salud mental de las víctimas del bullying”, agregó
La perredista confío en que en los próximos días se apruebe ese marco jurídico, pues de lo que se trata, “es contar con un programa especializado que no sólo atienda a las víctimas de violencia escolar, sino que se extienda a las personas que generan cualquier tipo de agresión en el ámbito escolar y de esa manera prevenir un problema de manera integral desde el punto de vista de salud pública”, sentenció.
