Asesinato contra el pueblo, plan sin criminales

“Lo paradójico es que la derecha real, por su peso incontrastable y forma de ejercer el poder, está en Palacio Nacional, donde el pueblo no tiene acceso, como no lo tuvo Carlos Manzo cuantas veces quiso entrevistarse con la mandataria”.

POR GUILLERMO FABELA QUIÑONES

El homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, destapó la cloaca en que se hunde el aparato de justicia en nuestro país. Como se dice coloquialmente: “Después del niño ahogado se tapa el pozo”; eso es lo que se pretende con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual se suma a los cuatro que a partir del año 2006 se han implementado como estrategia para frenar la violencia extrema en dicha entidad federativa. Es obvio que éste tampoco tendrá resultados concretos, no obstante su estructura tecnocrática de excelencia, como lo indica un hecho básico: para nada se menciona el fondo del problema que afecta gravemente a México: la hegemonía del crimen organizado sobre el Estado.

Es incuestionable el imperativo de fortalecer las fuerzas federales en Michoacán; crear una fiscalía sobre delitos de alto impacto; un sistema de alerta para ediles; y otorgar becas y consultas para indígenas, mujeres, jóvenes, autoridades y víctimas de la violencia. Es válido subrayar que tal plan está condenado al olvido en poco tiempo, por la sencilla razón de que no se asume el compromiso ineludible de atacar las raíces del flagelo: la presencia incontrastrable del crimen organizado sobre la vida social, económica y política, no sólo de Michacán sino de gran parte del país, en una guerra  contra las instituciones en complicidad con altos funcionarios de los tres niveles de gobierno, y de los poderes Legislativo y Judicial.

Sin embargo, la realidad objetiva nos muestra el rotundo fracaso de la estrategia implantada por López Obrador, sintetizada en la tan comentada frase de “abrazos, no balazos” contra los criminales que, según él, también “son seres humanos”. Los hechos han demostrado la fallida apreciación de éste sobre un problema que se comprometió a solucionar combatiendo sus causas. Al final de su sexenio quedó muy claro que actuó en sentido contrario: se fortalecieron las motivaciones sociales y económicas del narcotráfico, por incumplir el compromiso por el cual recibió la mayoría de votos del electorado.

Hoy sufrimos las consecuencias, y desgraciadamente la mandataria no tiene interés, o no puede hacerlo, en asumir la responsabilidad histórica de tratar de solucionar el principal problema que obstaculiza el desarrollo social, la gobernabilidad y la estabilidad económica de México. El homicidio del edil de Uruapan, que se suma a las decenas de asesinatos impunes cometidos por las bandas de narcotraficantes, tan sólo en Michoacán, vino a demostrar que lo más probable es que no existen aún las condiciones para que tome las riendas del poder, como lo demadan las propias circunstancias de violencia creciente y de inseguridad pública.

Parecía, hace cuatro meses, que al fin se había decidido a romper con el compromiso de su antecesor de “dejar hacer y dejar pasar” a las mafias en sus actividades delictivas de altísimo impacto contra la sociedad y la economía, al extremo de que ahora existe un sistema económico paralelo implantado por las más poderosas bandas del crimen organizado, tal como quedó en evidencia con el bautizado “huachicol fiscal”, el cual contribuyó al desmembramiento de los más importantes procesos productivos nacionales, en áreas fundamentales como lo son las exportaciones de petróleo, aguacate, limón y otros productos determinantes para mantener la estabilidad no sólo económica de amplias regiones, sino del sano desarrollo social.

Con todo, luego del vil asesinato del alcalde de Uruapan, a quien nunca se le dio el apoyo que necesitaba por su firmeza para enfrentar a los delincuentes, quedó muy claro que la presidenta Sheinbaum está maniatada para seguir adelante en el combate frontal a las mafias. Lamentablemente, no sólo eso, sino que en adelante seguirá más comprometida con quienes están decididos a todo para mantener sus privilegios. Así se advierte con las declaraciones que ha estado haciendo, en el sentido de desviar la atención de la ciudadanía del problema central, o sea la impunidad de que gozan los delincuentes de alto nivel entre las mafias que se han estado repartiendo el país, con la omisión de los gobiernos en sus tres niveles, una vez que sus titulares se percatan de que no hay voluntad, en la cima del poder, de hacer cambios de fondo y que la demagogia seguirá como política de gobernanza.

Así lo demuestran las declaraciones de la mandataria, en el sentido de eludir el imperativo de comprometerse con la exigencia de justicia que demanda la sociedad nacional, no sólo los michoacanos. “No podemos dejar de mencionar esta andanada de la derecha, de algunos comentócratas y conductores o dueños o concesionarios (de medios privados); que en ningún momento escuché una condolencia a la familia, pero eso sí, como buitres”. Tales palabras reflejan la impotencia en que se encuentra, presa de intereses que, a pesar del enorme poder que tiene como jefa de las instituciones nacionales, no lo puede ejercer. De ahí que salga con el “trapito” inocuo del pomposamente llamado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Al anunciarlo, en la mañanera del día 4, y señalar que se basa en tres ejes: Seguridad y Justicia; Desarrollo Económico con Justicia; y Educación y Cultura para la Paz, puntualizó que “la seguridad se sostiene con justicia, desarrollo y respeto a la vida”. Con todo, la realidad nos muestra que no se ha hecho nada para concretar políticas públicas orientadas a lograr, medianemente, objetivos vitales para garantizar no sólo la paz que tanto anhelamos los mexicanos, sino tan siquiera demostrar un mínimo compromiso para enfrentar, con todo el poder del Estado, al crimen organizado.

La justicia se ve cada vez más remota, de ello se aseguró su antecesor y mentor político, al poner fin a la división de poderes. La justicia quedó como un postulado vacío, imposible de cumplimentar con una contrarreforma al Poder Judicial, el cual quedó supeditado el Legislativo y éste al Ejecutivo. Así lo señalaron, décadas atrás, connotados constitucionalistas cuando advertían algún indicio del mandatario en turno por imponer su propia agenda. Quien lo dijo con claridad fue Emilio Krieger. Escribió: “En una nación con un régimen presidencialista exacerbado, otorgar al jefe del Ejecutivo la facultad de designar a los titulares del Poder Judicial, es acentuar irracionalmente la fuerza política y jurídica del Ejecutivo, y entraña romper cualquier posibilidad de que haya un sistema con un verdadero equilibrio de poderes”. En Defensa de la Constitución. Violaciones Presidenciales a la Carta Magna. (Editorial Grijalvo, 1994).

Vale preguntar: ¿cómo impulsar el desarrollo y el respeto a la vida si prácticamente se hace lo contrario? ¿Acaso la “austeridad republicana” no significó, en los hechos, una política del Ejecutivo para frenar el crecimiento, cuando lo que urgía era precisamente lo contrario: destinar mayor gasto público a la salud, la educación, las obras públicas de interés social, la cultura? Con todo, tan nociva estrategia sigue vigente, con la variante de que se gasta más en propaganda inútil, con la que se pretende encubrir los horrores hechos a tareas básicas para incentivar crecimiento real y sanear la vida social, al mejorarse la calidad de vida y alentar la economía popular, no con dádivas clientelares sino con posibilidades productivas.

Mientras esto no suceda, la situación tan dramática que sufre el país continuará sin algún cambio positivo. La clase política en el poder continuará “desgarrándose las vestiduras”, echando la culpa a la “derecha”, a los “buitres” en los medios y a la oposición que sólo sirve para gritar en el Congreso. Lo paradójico es que la derecha real, por su peso incontrastable y forma de ejercer el poder, está en Palacio Nacional, donde el pueblo no tiene acceso, como no lo tuvo Carlos Manzo cuantas veces quiso entrevistarse con la mandataria; pero sí, sin ningún impedimento, la élite del poder económico y financiero cuantas veces se le antoja.

De ahí el sinsentido de tanta palabrería que se lleva el viento, como las referidas a la defensa de la soberanía nacional, cuando en los hechos ésta la ejercen los cárteles y sus socios nacionales y extranjeros. ¿Qué soberanía puede tener un pueblo que vive atado a un sistema que lo usa para “legalizar” un proyecto autotitario? El dilema para la mandataria, luego del crimen contra un político comprometido con su pueblo, es seguir sirviendo a intereses que le fueron traspasados; o decidirse a enfrentarlos, con todos los riesgos inherentes. No es asunto de izquierdas ni derechas, sino de patriotismo y voluntad para asumir el compromiso de luchar por la paz, la justicia y el desarrollo, propósitos que incumplió su antecesor.  

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